Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) logró que la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, de manera unánime, dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra los implicados por actos cometidos en el área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”.
En esta resolución, la Corte de Apelaciones confirmó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Mario Antonio Martínez Padilla, a quien se le supone responsable de los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y responsabilidad de funcionario o empleado público.
De igual forma, se ratificó la misma medida para Víctor Alfonso Romero Molina, José Santos Antúnez y Santos Didi Haylock Amaya, a quienes se les atribuye el delito de daños agravados.
Según las investigaciones de la FEMA, el daño se habría ocasionado durante la ejecución de un proyecto minero en el departamento de Colón, específicamente desde la aldea La Ceibita hasta la zona en la que la empresa sí contaba con los permisos correspondientes extendidos por la autoridad administrativa.
De acuerdo con la Ley de Municipalidades, los permisos de esta naturaleza solo pueden ser otorgados por la autoridad administrativa competente, en este caso, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), ya que las labores de corte no se realizaron dentro del casco urbano de la ciudad de Tocoa.
La FEMA, en su compromiso permanente de defender los intereses generales de la sociedad, sostuvo desde un inicio del proceso que a varios de los implicados debía imponérseles la prisión preventiva, y no aceptarse la caución presentada ante el juez que conocía la causa.
La Fiscalía Especial de Medio Ambiente fundamentó su solicitud en la información técnica y científica recabada de manera profesional, respaldada por los dictámenes emitidos por el personal especializado adscrito a esta dependencia. JS
