Tegucigalpa – Este viernes una delegación de presidentes y miembros de la junta directiva de los 15 Consejos Territoriales del departamento de Gracias a Dios partieron rumbo a Mocorón para manifestar su rechazo a la construcción de una cárcel que pretende el gobierno.
Los dirigentes misquitos difundieron un video en el que anuncian su desplazamiento al lugar donde la actual administración gubernamental pretende construir una megacárcel con capacidad para 20 mil privados de libertad.
Fuerzas vivas de Gracias a Dios han ejecutado sendas protestas esta semana en total rechazo a la pretensión de construir el recinto carcelario en esa zona del oriente de Honduras.
Tras el controversial anuncio de la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en el sector de El Mocorón, en el departamento de Gracias a Dios, el director ejecutivo de Cáritas Honduras, zona norte, Carlos Paz, alertó en las últimas horas sobre el impacto de la medida en privados de libertad y sus familias.
Cáritas Honduras hazo un llamado a las autoridades para reconsiderar la ubicación del nuevo centro penitenciario y garantizar que se respetan los derechos humanos de los privados de libertad, al tiempo que se cuida y protege el medioambiente.
El propio titular del sistema nacional penitenciario, coronel Ramiro Muñoz hizo un llamado a socializar el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en la comunidad de El Mocorón.
Durante una declaración pública, a la prensa Muñoz enfatizó la importancia de cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa e informada con las comunidades indígenas afectadas por proyectos.
“Hay que socializar este proyecto tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT. De repente se ha hecho de otra manera, pero hay que cumplir con lo que manda ese tratado internacional. Si se habla con las comunidades y se respeta el procedimiento, no debería haber problemas”, expresó Muñoz, marcando distancia de posibles líneas oficiales.
El proyecto de la cárcel en El Mocorón ha generado controversia debido a su ubicación en una región habitada por comunidades indígenas, quienes han señalado falta de consulta previa. Organizaciones defensoras de derechos indígenas han instalado al gobierno a garantizar que se cumpla con los procedimientos establecidos en el Convenio 169 de la OIT. JS
