Tegucigalpa- El presidenciable Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla se presentan este viernes a la audiencia de imputados en las instalaciones del Fuerte Cabañas, en esta capital.
El Ministerio Público acusa por lavado de activos a Rodríguez Orellana junto a Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra).
Según se informó la audiencia no se logró celebrar el jueves ya que la señora Reina Lizeth Bonilla fue detenida en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.
Tras ser trasladada a la capital, los tres acusados de lavado de activos serán presentados en la audiencia de imputado ante un juez.
En las afueras del cuartel general seguidores del capitán Rodriguez Orellana leyeron un pronunciamiento y una carta que les había dado la esposa del capitán en la cual pidió seguir en la lucha por un cambio para Honduras.
La acusación del MP
De acuerdo a las investigaciones fiscales, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra, según lo informado por el MP.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del exoficial de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Lo anterior, -según el MP- evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.
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