Bajo la nueva política, los policías que arresten a una persona por un delito grave o conducir ebrio deberán preguntarle por su estatus legal y si es indocumentado, notificarlo a Inmigración, a la fiscalía del condado en que sea arrestado y al tribunal al que sea llevado.
Para las organizaciones, es importante que el estado haya anunciado oficialmente su política de que no se preguntará el estatus legal a una víctima o testigo de un crimen o a quien necesite ayuda de las autoridades.
También que se tome acción contra quienes hayan cometido un delito, una medida de la que también se beneficia la comunidad de indocumentados.
Sin embargo, al abogado Martín Pérez, presidente de la Alianza de Liderazgo Latino y Charo Juerga, del Fondo para la Defensa y Educación, recordaron que una persona puede resultar inocente del cargo por el cual fue arrestado y ser deportada porque Inmigración ha sido notificada.
Incluso, a Pérez le preocupa que la medida sirva para que agentes antiinmigrantes usen el poder que a partir del miércoles le otorga la ley para fabricar casos.
«Mi preocupación fundamental es que la guía se podría prestar para abusos por parte de algunos miembros de la fuerza policíaca», dijo Pérez, que destacó que a veces se detiene y se acusa de cargos sin tener suficientes pruebas.
«Entonces, puede que se salga inocente, y se le deporte», argumentó Pérez, quien abogó para que la medida pueda ser enmendada para crear un mecanismo para que el público pueda presentar «una acción inmediata» contra la policía «que use esas facultades para propósitos indebidos o cometer abusos» de autoridad.
Pérez informó que se reunió el miércoles con la Fiscal General de Nueva Jersey, Ann Milgram, tras dar a conocer las medidas, así como con el fiscal federal para dejarles saber su preocupación y la necesidad de que haya un mecanismo para presentar querellas.
Como parte de las medidas anunciadas por Milgram, la policía debe rendir un informe a la División de Justicia Criminal y Seguridad Pública estatal sobre las intervenciones con inmigrantes.
Según Pérez, ese informe debe estar disponible al público para poder vigilar las acciones de la policía.
Mahonry Hidalgo, encargado de asuntos de inmigración para la Alianza, opinó que ante las medidas los líderes de esta comunidad deben asegurarse de que en el cumplimiento de las directrices no se discrimine contra éstos y también abogó por un mecanismo para poder reportar abusos.
Por su parte, Charo Juerga dijo que los abogados del Fondo para la Defensa y Educación están evaluando el impacto de la nueva política del estado y que espera tener un informe en una semana.
Una vez tengan el informe de los abogados, Juerga explicó que se reunirán con la policía y la comunidad para explicarles los alcances de la nueva política.
