Una política industrial es un conjunto de medidas y estrategias gubernamentales diseñadas para influir en el desarrollo y el funcionamiento de la industria en un país o región. El objetivo principal de la política industrial es promover un crecimiento económico sostenible, mejorar la competitividad de las empresas locales, fomentar la innovación, generar empleo y fortalecer la posición de la industria en el mercado global.
Aunque los diferentes tratados de integración, y la política general de libre comercio van impidiendo el uso de aranceles para promover la producción nacional, por lo menos demos cuidar esta no sea afectada por la aplicación de las normas tributarias.
Nosotros tenemos una pequeña editorial que se dedica a la producción de libros de valor cultural o histórico (primariamente de dominio público, o sea de libre distribución con derechos de autor prescritos). Por razones de costo, las impresiones pequeñas se hacen en el exterior, y estas se pueden importar sin arancel, y no generan un impuesto sobre ventas (ISV) al internarse.
Al explorar la producción local, ocurre que las imprentas necesitan cobrar un 15% de ISV sobre la producción de libros sin patente. En estos casos, y otros como textos escolares, es imposible obtener una patente que liberaría al producto de este costo. Por tanto, la producción nacional del libro tiene un arancel equivalente de un 15% sobre un producto importado. La única manera de evitarlo es con un régimen de exoneración que genere órdenes de compra exentas, pero esto es algo que hay que ir descartando por los potenciales daños fiscales y costos de tiempo y dinero para las organizaciones.
Considerando que los insumos (papel, maquinaria, etcétera) son mayormente exentos, el productor ni siquiera puede compensar este impuesto de una manera eficiente, por lo que es primariamente una carga extra. Y al ser tan considerable el efecto de la penalidad (consideremos las economías de escala y la competitividad del transporte) no se perciben impuestos extras, más bien se pierde la capacidad productiva al irse las órdenes a otros países.
¿Qué se puede hacer en este caso? Creo que conviene estudiar la discriminación en el caso de la aplicación de ISV al industrial o productor, en caso de que los productos terminados sean exentos de este impuesto. De lo contrario, se está premiando la reducción de las capacidades industriales del país (con todos sus beneficios colaterales de empleo, reinversión, capacidad productiva, etcétera) favoreciendo la importación.
Sabemos que las exoneraciones fiscales para empresas deben tender a desfasarse, por lo que no recomendamos buscar exonerar una mayor proporción de los insumos que lo ya establecido por ley (calculamos un efecto de un 2-3% por ese impuesto transferido al producto, que no es muy considerable). No se trata de sacrificar al fisco, sino evitar promover la migración de la actividad al exterior.
Esto se extiende a diversas áreas y es crucial examinar todos los escenarios en los que se aplique el Impuesto sobre Ventas (ISV) a los productos nacionales, eximiendo a los extranjeros. Es imperativo garantizar que la importación de un producto no sea más atractiva que su procesamiento local. Adoptar esta perspectiva contribuiría significativamente a revertir la pérdida de capacidades productivas y empleo en nuestra nación, promoviendo así el desarrollo económico interno.
Entendemos la importancia de cumplir las obligaciones internacionales, pero otros países premian (o por lo menos no castigan) la posibilidad de sus propias industrias de competir. Esto es en interés de todos.
