– ¿En qué país vivimos?, se pregunta la rectora Julieta Castellanos y pide explicaciones a la Sala de los Constitucional
– La funcionaria sostuvo que existe una descoordinación entre los poderes del Estado.
– Unos 14 estudiantes de la Academia de Policía han reprobado las pruebas de confianza.
Castellanos brindó las declaraciones en una conferencia de prensa organizada por la Facultada de Ciencias Sociales y el Observatorio de la Violencia, donde dio a conocer una crónica sobre la criminalidad policial.
Explicó que la muerte de las 149 personas se produjo entre el mes de enero de 2011 a noviembre de 2012, las personas asesinadas fueron ultimados por policías. De los datos se coligue que seis personas fueron asesinadas por mes, 92 en el 2011 y 57 en lo que va de 2012. Las víctimas son jóvenes que oscilan entre los 20 y 34 años, sostuvo.
“La Policía no es para que asesine, ellos tienen otra misión, perdieron el norte, y no hubo nadie capaz de pararlos, en un estado de derecho no existen los súper poderes” afirmó.
Más adelante se preguntó “¿Cuántos policías de estos que han sido castigados o están siendo investigados por el delito que cometieron?, añadió má´s interrogantes: “¿en qué estado de indefensión se encuentra la ciudadanía?, ¿porqué la investigación criminal ha sido insuficiente para judicializar estos casos?”.
La rectora sostuvo que son casos verificados donde los responsables son la Policía e indicó que en los asesinatos no están las muertes de policías liquidados y que están en la impunidad.
Igualmente, indicó que a esta fecha 131 miembros de la Policía han arrojado resultados “de decepción” en el tema de la depuración policial, entre ellos se encuentran comisionados.
Es la Policía Preventiva la que retrata mayor cantidad de datos negativos, con 70 casos, luego aparece la Dirección Nacional de Servicio Especiales de Investigación y la Dirección General Investigación Criminal (DNIC).
Asimismo, la rectora reveló que unos 14 estudiantes de la academia policial reprobaron las pruebas de confianza, “estos muchachos ya salen contaminados por una policía que los ha formado, por lo tanto hay que revisar todo el sistema”.
“Nos preocupa que de las otras unidades policiales no se están haciendo las pruebas suficientes”, señaló.
En cuanto al robo de armas en las unidades policiales, Castellanos indicó que las armas de fuego son el principal instrumento de muerte “o sea que las armas que se compran en este país con el pago de los impuestos de los hondureños son las utilizadas para dar muerte a los ciudadanos”.
Añadió que el objetivo de brindar los datos es para crear conciencia de la urgencia de la depuración policial.
Igualmente dijo que la policía mas contaminada y coludida con el crimen se concentras esencialmente en Tegucigalpa, la capital hondureña y en la norteña San Pedro Sula.
También destacó dos casos en La Ceiba, el de cuatro muchachos que fueron asesinados en el atlántico puerto de La Ceiba por miembros de una unidad élite de la Policía. Igualmente rememoró el caso de un agente que asesinó a cinco de sus compañeros en la misma ciudad.
La rectora dijo quela mayor incidencia de criminalidad policial ocurre los miércoles y jueves.
El informe detalla también delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, el robo, privación ilícita de libertad, tortura, lesiones y evasión culposa.
Pide explicaciones a la Sala de lo Constitucional
La funcionaria pidió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que expliquen qué derecho está privando en la decisión que ellos tomaron de declarar inconstitucional las pruebas de confianza que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), realiza en el proceso de depuración policial.
“Nosotros estamos a expensas de una policía armada, de una policía criminal que fue incapaz en su momento de poderse depurar y por lo tanto se tuvo que incurrir en la construcción de órganos externos, pero si hoy ellos plantean que es inconstitucional que le expliquen a la ciudadanía como se va a poder defender, ¿en que país vivimos? y ¿en qué estado de derecho ellos están protegiendo?”, argumentó.
Agregó que es urgente que se continúe con las pruebas de confianza y que se incluyan las pruebas del patrimonio que los policías han acumulado.
Descoordinación de los poderes del Estado
Sostuvo que observa una descoordinación en el Estado en torno al adecentamiento de los operadores de justicia.
“Los poderes no se están poniendo de acuerdo, porque vemos a un Congreso Nacional que está a favor que la reforma pueda hacerse, pero hay otros sectores que están en desacuerdo con estos planteamientos como ser el Poder Judicial, en ese sentido les imploramos que reparen en los datos y en las cifras de los delitos que ha cometido la Policía y que atiendan una demanda de la ciudadanía”, manifestó.
La funcionaria hizo un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que revisen el informe que han realizado para que puedan tomar una decisión en torno a las pruebas de confianza.
“No podemos construir un país que para salvaguardar intereses de unos pocos, la población se tiene que sacrificar, en ese sentido ellos tienen que coordinar las actividades, no podemos seguir perdiendo el tiempo”, puntualizó.
Involucramiento policial en extravío de armas
