Tegucigalpa – Aunque son diversos los peligros y desafíos que los migrantes deben sortear, en su paso por Honduras se suma el enorme muro de los policías, quienes lejos de ser autoridad de confianza, gozan de la desconfianza de los migrantes quienes hasta temen ante su presencia.
-Los cobros que hacen algunos policías a migrantes en tránsito por Honduras pueden ascender hasta los 200 dólares, según testimonios de los extranjeros en tránsito.
-Como un asalto mano armada y como pobres asaltando a otros pobres fue calificada la acción de cobros de parte de policías a migrantes por parte de defensores de DDHH en Honduras.
-Sobre este tema la Policía Nacional de Honduras se limitó a emitir un comunicado en el que anunciaba una investigación y la suspensión temporal de dos funcionarios policiales investigados.
Así lo concluyen expertos consultados por Proceso Digital quienes lamentan que “un pobre asalte a otro pobre”.
En tan solo un mes trascendió el video de dos funcionarios policiales quienes cobran a los migrantes tras abordar una unidad de transporte.
Para los defensores de derechos humanos, se debe suponer que los abusos policiales son muchos más ya que los migrantes temen denunciar los mismos, incluso los videos grabados por propios migrantes fueron vertidos a la prensa una vez estos salieron del país por temor a las repercusiones de los propios agentes policiales.
En ese contexto, se colige que lejos de la confianza que debe generar la autoridad, infunden desconfianza y hasta temor en aquellos a quienes están llamados a servir.
Se debe suponer que abusos policiales son más de los denunciados
En conversación con Proceso Digital, Kenia Zerón, representante de la Red de Promotores y Defensores de Derechos Humanos, reveló que las mayores quejas de los migrantes son en contra de agentes de la Policía Preventiva del país centroamericano.
Aunque los migrantes cuenten con los permisos correspondientes, en este caso la amnistía migratoria, los policías siempre buscan la forma de querer sacar dinero a los migrantes, denunció.
Se debe suponer una mayor cantidad de abusos policiales en contra de los migrantes, quienes no realizan las denuncias correspondientes a causa de su estatus migratorio, reflexionó la defensora de derechos humanos.
“Siempre los migrantes manifiestan que ellos (policías) les han cobrado, quizás no existen más videos porque no tienen la rapidez de grabar y tener la evidencia ya que tienden a intimidarse”, caviló.
Reveló que de acuerdo a testimonios de los propios migrantes, los policías llegan a realizar cobros hasta por 200 dólares (5 mil lempiras).
Asalto a mano armada
Para la representante de la Red de Promotores y Defensores de Derechos Humanos el cobro extorsivo que realizan los policías a los migrantes se califica como un asalto a mano armada, ya que son ellos quienes portan las armas.
“Claro que se puede clasificar de un asalto a mano armada”, reprochó la defensora de derechos humanos quien en el desarrollo de su trabajo ha ayudado a incontables migrantes que refieren ser víctimas de abuso de algún oficial de la Policía hondureña.
Como solución se ha propuesto jornadas de capacitación para los policías asignados en las zonas de mayor tránsito de migrantes, acotó.
Advirtió que el cobro de parte de policías a migrantes se podría legalizar ya que actualmente los migrantes son trasladados desde el oriente del país hacia Tatumbla, creando una nueva terminal de autobuses solo para migrantes donde son recibidos por policías y agentes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.
“Los personeros del Instituto del Transporte están en Tatumbla, ahí bajan a la gente y tienen que abordar los buses que están en ese lugar, lo que han hecho es una nueva terminal de migrante en el desvío a Tatumbla”, subrayó.
“Se ha legalizado el robo, así está la situación”, sollozó la defensora de derechos humanos.
Policías abusan de su autoridad
De su lado, Elsy Reyes, representante de la defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), dijo a Proceso Digital que los cobros de policías a migrantes constituye una violación a derechos humanos, pero también un delito de abuso de autoridad.
“Estos actos realizado por policías constituye una violación a derechos humanos, pero también un delito de abuso de autoridad”, expresó la abogada.
El Conadeh hizo un llamado público a la Fiscalía de Derechos Humanos para que realicen una investigación, también ha solicitado a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) en todo el corredor migratorio donde pasan las personas migrantes desde que hacen su ingreso al país por la zona oriental hasta su salida por la zona occidental, recordó
“El Comisionado Nacional de Derechos Humanos condena a estos miembros policiales, especialmente al que hace algunos días se dio a conocer por diferentes medios de comunicación donde un oficial recibe dinero de las personas, supuestos migrantes”, añadió.
En ese sentido, se han hecho llamados al Ministerio Público para que procedan de forma inmediata a hacer investigaciones contra estas personas y se les deduzcan las responsabilidades correspondientes, continuó.
“Pobres asaltando a otro pobre”
De su lado, la coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes en Honduras, Karla Rivas, tildó la acción de cobros extorsivos de policías a migrantes como una acción indignante ya que se trata de “pobres asaltando a otros pobres”.
“Es una situación de mucha indignación ya que son como pobres asaltando a otros pobres”, consideró en conversación con Proceso Digital.
“Indignación, son policías que seguramente tienen un familiar que hizo la ruta migratoria y que saben todo lo que sufre en esa intención de llegar hacia Estados Unidos”, razonó.
Lo lamentable es que lo están haciendo con personas que ya van en una situación de alta vulnerabilidad y que son obligadas a hacer el tránsito por Honduras, esgrimió.
Existe suma preocupación ya que son autoridades, en otras palabras representantes del Estado hondureño, quienes en lugar de garantizar la seguridad están vulnerando los derechos de las personas en tránsito, apuntó.
“Esperamos que exista una pronta investigación y que se sienten precedentes para que más policías lo piensen dos veces antes de asaltar con uniforme a los migrantes en tránsito por Honduras”, exteriorizó.
Los policías no sólo están obligados a proteger y servir a todos los hondureños, sino a todas las personas en la geografía nacional, sin importar la nacionalidad, concluyó.
Servidores públicos, los “victimarios”
En una reciente entrevista con Proceso Digital, Mauricio Quijano, director del programa de Protección de Derechos Humanos, de la oenegé Cristosal apuntó que después de brindar atención a más de 2 mil hondureños desplazados por violencia en el último año se logró identificar que 2.1 % de los victimarios son servidores públicos.
“Cuando vamos un poco más a detalles también nos aparece un 2 % de victimarios que son servidores públicos, es un dato que llama la atención ya que los agentes públicos están llamados a proteger derechos humanos y no a vulnerarlos”, enfatizó.
La ONG que tiene presencia en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) alertó que en el tema de desplazados por violencia han identificado una importante proporción de casos vinculados con la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTIQ+, se suele añadir el símbolo + para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores).
“Cerca del 2 % de la población atendida es población LGBTIQ+, la que a nivel general de la población representa entre el 1 y 5 %, lo que significa que está a la cabeza de las vulneraciones de las afectaciones de violencia”, alertó. PD
