– En el caso de la Secretaría de Seguridad, constantemente se denuncia que altos oficiales que reprobaron los instrumentos de confianza han retornado a la institución para ocupar cargos relevantes.
– En la aplicación de pruebas de confianza se ha hecho un trabajo disperso y empírico que no ha tenido efectividad, critica la Sociedad Civil.
La Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Confianza fue creada en marzo de 2014 con el objetivo de efectuar pruebas toxicológicas, sicométricas, socioeconómicas, patrimoniales y de polígrafo, así como cualquier mecanismo que consideren conveniente a eventuales funcionarios de la gestión pública.
El decreto aprobado por el Congreso Nacional desaparecía la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y en su lugar creaba la Superintendencia, mismo que fue publicado en el diario oficial La Gaceta hace casi dos años, sin embargo este nuevo cuerpo nunca comenzó operaciones.
El coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, le confió a Proceso Digital que desde que comenzó la aplicación de instrumentos de confianza, se han venido realizando de forma empírica y sin la supervisión de organismos especializados.
Detalló que en el caso del polígrafo actualmente lo aplican colombianos, estadounidenses y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Estado (DNII); la toxicológica la realiza la Dirección de Medicina Forense; asimismo las demás pruebas son aplicadas por otras instituciones dispersas.
“Lo que falta para conocer si las pruebas son realizadas en base a los protocolos internacionales es una entidad especializada, es decir la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Confianza, que sería la encargada de identificar información confiable sobre el proceso de selección e idoneidad de funcionarios. Pero como nunca entró a trabajar existe un vacío que urge llenar para depurar a los operadores de justicia y otras oficinas del Estado”, arguyó Rivera.
El representante de Sociedad Civil reiteró que es esencial que comience a funcionar la Superintendencia. “No entiendo por qué razón no lo hacen, porque ya el gobierno de Estados Unidos había prometido una ayuda para poner en funcionamiento esa entidad”, apuntó.
Remarcó que “no existe una aplicación integral de las pruebas, se aplican de forma masiva las que están a la orden del día: polígrafos, sicométricas y toxicológicas, y esto no resuelve el problema en vista que la más importante en el caso de los altos oficiales de la Policía es la patrimonial”.
Criticó que tan mal se han aplicado las pruebas de confianza por parte de la DIECP, que a alguien que se le investiga por aumentar sospechosamente su patrimonio, vienen y lo someten a control toxicológica, entonces al resultar positivo lo sacan de la institución por una falta menor y no se le castiga por lo más grave que hizo.
De su lado, la experta en temas de seguridad, Arabesca Sánchez, destacó la aplicación de los instrumentos de confianza, aunque coincidió con Omar Rivera que es imperativo el funcionamiento de la Superintendencia.
“Las pruebas de certificación han facilitado al menos que el Estado haga una valoración preliminar de los perfiles que está contratando, constatar que no se sufra de adicciones en cuanto al abuso de drogas, comprobar que el funcionario no tenga indicios de enriquecimiento ilícito, verificar que no tenga historial criminal o de violencia doméstica y examinar su perfil sicológico en base a la función a realizar”, explicó.
Exteriorizó que anteriormente las instituciones contrataban a ciegas a sus empleados, solamente con una recomendación del político de turno.
Sánchez afinó que “la Superintendencia es un ente urgente de implementar en el país porque no podemos estarle dejando los procesos de depuración ni de certificación a lo interno de cada institución, en vista que esto se presta a que se debiliten de control y seguimiento”.
Finalmente, la criminóloga sugirió que las pruebas de confianza se apliquen permanentemente. “En el caso de las adicciones a las drogas o enriquecimiento ilícito sobre todo a los funcionarios que siempre están expuestos a factores de riesgo, es oportuno utilizar estas evaluaciones constantemente”.
