Tegucigalpa (Proceso Digital)– Hace tres décadas, el juzgamiento de oficiales de policía de alto rango era una utopía, pero de un tiempo a acá, el Ministerio Público ha logrado colocar frente a la justicia hondureña a comisarios, subcomisarios y comisionados generales de policía por diversos ilícitos.
El último de ellos que pasará al banquillo es un comisionado general, quien va a un juicio oral y público por el supuesto delito de lavado de activos: es Leonel Sauceda, un personaje de buen trato que, cuando parecía estaba a punto de acariciar la máxima conducción policial en el país, una investigación fiscal, le dio un giro a su carrera y puso de nuevo en el debate el proceso de la depuración policial.
Junto al comisionado general de la policía Sauceda, será enjuiciada también su esposa, Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco, por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscalía anunció que se personó ante la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional previo a la celebración de la audiencia de proposición de pruebas y el señalamiento del debate de juicio oral y público.
Sauceda y su esposa fueron capturados en su residencia en febrero de 2020 y se les aseguraron 33 bienes. La investigación, de acuerdo con la Fiscalía, se produjo a raíz de denuncias interpuestas por la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía, mismas que fueron procesadas por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y la ATIC.
El desfile de los altos oficiales
Poco a poco los tribunales de justicia están conociendo y juzgando casos de oficiales de policía que nunca pensaron pisar, del lado del banquillo de los acusados, la investidura de poder que les brinda ser autoridad y que parecía impenetrable. En ese recorrido destacan la captura en el 2016 del comisario en retiro de la policía Álvaro García, quien operaba una red criminal ligada a los grupos pandilleriles a quienes combatía desde una unidad policial a la cual había sido asignado.
Escuchas telefónicas y seguimientos fueron parte de las estrategias utilizadas para capturar a ese ex miembro de la institución policial. Otro caso de impacto es el del subcomisionado en retiro, Jorge Barralaga, capturado en 2017 y condenado a 10 años de prisión en marzo de 2021 por el delito de lavado de activos. Se le acusó de liderar una red criminal y en la misma implicó a su familia, al grado que Jorge Barralaga, hijo, se entregó a la justicia tras un buen tiempo prófugo de la misma. La Fiscalía probó en los tribunales el movimiento ilícito del clan Barralaga, como se conoció el caso.
En el 2019, la Fiscalía captura también al comisionado en retiro de la policía Ambrosio Maradiaga Ordóñez, acusado del delito de lavado de activos. Desde el 2007 al 2014, la Fiscalía sostiene que Ordóñez tuvo movimientos financieros atípicos por casi 7 millones de lempiras, y actualmente el miembro en retiro de la policía, goza de arresto domiciliario mientras va a juicio oral y público. El arresto domiciliario le fue otorgado por presentar problemas de salud crónicos.
Otro de los oficiales acusado, es el comisionado de policía Liorgio Oquelí Mejía Tinoco, prófugo de la justicia junto a su esposa, tras ser imputado por el Ministerio Público del delito de lavado. Mejía Tinoco, jefeaba una red junto a otros policías, dedicaba a la extorsión de ganaderos en el sur del país, así como a otros ilícitos. La inteligencia policial hasta ahora no sabe dónde está el oficial con quien trabajaron durante mucho tiempo.
Asimismo, otros policías en activo han sido capturados tras investigaciones de la Fiscalía, por presuntamente pertenecer a una red extorsión, otros por homicidas. Estos hechos traen a colación el tema de la depuración policial, la cual sigue estando inconclusa, pero a medida que caen altos oficiales con posibilidades de dirigir y liderar ese proceso, el acento sobre la obligada revisión de esta causa se vuelve insistente.
Actualmente se ha abierto causa contra el ex jefe de la policía nacional, el también comisionado general, Ricardo Ramírez del Cid, que habría salido del país. Se le acusa de lavado de activos al presuntamente no justificar más de 37 millones de lempiras y se le han asegurado varios bienes en tres departamentos del país: Valle, en el sur; Islas de la Bahía, en el caribe, y Francisco Morazán, en la región central.
Estos y otros oficiales de la policía han rendido cuentas ante la justicia, unos, y están pendientes otros.
Otros oficiales más se encuentran sentados en el banquillo de los acusados en los tribunales de Estados Unidos acusados por narcotráfico, mientras trasciende la presunta petición de extradición de quien fuera el máximo jefe de la policía nacional: el comisionado general Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, pero esta versión, amplia en los medios de prensa, no ha sido confirmada por las fuentes de rigor. Así, la justicia acá en Honduras y allá, en los EEUU, empieza a tener entre sus inquilinos a personajes, más allá de los pies descalzos.
El simbolismo del monograma
Para escalar en la institución policial, un oficial debe haber cumplido con decoro el significado heráldico del monograma y del escudo de armas, último que, según la fuerza policial, “deja de ser, fundamentalmente, la pieza defensiva para convertirse en una descripción de las cualidades de los caballeros que lo portan”. Así lo señalan en su manual de portación de monograma de la policía nacional.
Pero esa caballerosidad y ese simbolismo del que tanto presumen las fuerzas del orden policial, no se habrían cumplido en el caso de varios oficiales, de acuerdo a las pesquisas del Ministerio Público que ha logrado colocar en los tribunales de justicia a jefes policiales que habrían irrespetado el color de los esmaltes plasmados en el monograma de la policía, como el Oro, por ejemplo, que representa magnanimidad y nobleza, o el Plata que representa pureza, fe e integridad, entre otros simbolismos. (PD)
