Gracias a este proyecto, las instituciones públicas, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil trabajarán conjuntamente para fortalecer los sistemas nacionales y regionales para la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el embajador de Canadá ante el organismo, Graeme Clark, suscribieron en Washington este acuerdo cuyo objetivo es mejorar las capacidades de los Gobiernos y de sus instituciones para proteger a los niños.
El proyecto tendrá efectos directos inicialmente en cuatro de los 34 países miembros del organismo (Colombia, Guatemala, Honduras y Jamaica), aunque, según Insulza, la organización espera que esta iniciativa sea extendida a muchas otras naciones de la región.
El secretario general lamentó que aunque la infancia ha sido un asunto presente en esta organización «todavía quedan decenas de millones de niños que son pobres e indigentes en nuestra región y en el mundo».
Estos niños, «muchos de ellos inmigrantes, son víctimas de la trata de personas», alertó Insulza, que subrayó que la obligación de protegerlos y defenderlos «continúa muy vigente».
Por su parte, Clark aseguró que con el adecuado entrenamiento y herramientas, los países beneficiarios estarán mejor preparados para tomar acciones y desarrollar políticas públicas, programas y sistemas de vigilancia que lleven al cumplimiento de la normativa internacional.
