Tegucigalpa – Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió hoy a las autoridades hondureñas que garanticen urgentemente condiciones dignas a las personas migrantes que transitan por el país.
La organización humanitaria recordó que desde la primera intervención en marzo de 2021, MSF ha sido testigo de las múltiples necesidades de las personas migrantes que llegan al departamento de El Paraíso, zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua.
Al respecto, MSF realizó un llamado a las instituciones competentes para que aseguren un paso digno a estas poblaciones por el territorio hondureño.
“Hoy es el cumpleaños de mi mamá, lo había olvidado porque no tengo noción del tiempo, mi esposo me acreditó dinero al celular para poder llamarla. Dejé Cuba porque la situación está difícil, trabajaba en telecomunicaciones, pero ganaba unos 3 mil pesos al mes (unos $125) y no es suficiente para sobrevivir. Estoy viajando con mi hijo de 4 años hacia los Estados Unidos esperando encontrarme con mi esposo. Llegué aquí a Trojes el pasado sábado y todavía no tenemos respuesta de migración”, relató Solanch, mujer cubana de 28 años, uno de los varios testimonios que recoge MSF.
Solanch es una de las cientos de personas migrantes atrapadas desde hace varios días en Trojes por cuenta de la reimplementación de operativos de fiscalización migratoria por el gobierno de Honduras en esa zona de la frontera con Nicaragua.
Estos requisitos están para regularizar una entrada al país, sin embargo, su valor elevado incrementa las barreras para circular a través del país, situación que puede producir una potencial emergencia humanitaria en el oriente del territorio hondureño.
Cada día se encuentran más de 200 personas en las afueras de la sede Instituto Nacional de Migración (INM) a la espera de ser atendidas para recibir el permiso que tiene un costo aproximado de 200 dólares y es un proceso que actualmente toma de tres a cinco días. El tiempo de espera más el costo del trámite, generan gastos imprevistos que tienen consecuencias humanitarias.
Entre estas incluyen reducción de presupuesto que no permite asegurar alimentación suficiente, alojamiento digno o pago de transporte que evite que se vean obligados a caminar durante largas jornadas. Si bien la comunidad local ha apoyado con hospedaje y alimentación, la magnitud de la concentración de personas y las necesidades que enfrentan han requerido la presencia de un equipo móvil de MSF que ha brindado atenciones médicas, de promoción de la salud y acompañamiento en salud mental, destaca el organismo humanitario a través de un comunicado.
En el transcurso de las actividades, ha sido evidente la importancia de un acompañamiento médico y psicosocial para esta población. La mayoría ha pasado por la traumatizante experiencia de cruzar la selva del Darién, un paso fronterizo entre Colombia y Panamá en el que deben caminar a través de tramos pantanosos, ríos y zonas montañosas. Son frecuentes los relatos de violencia que incluyen, asaltos, violaciones, secuestros y otras situaciones de riesgo, subrayó.
“Esta aglomeración de personas se debe al cambio de prácticas de fiscalización a la población en movimiento. Queremos enfatizar en que reconocemos el derecho del gobierno a estipular las reglas de entrada en su país, pero a su vez tiene la obligación de garantizar condiciones dignas que permitan a las personas que se encuentran en tránsito llevar a cabo este proceso sin que exista un impacto significativo que resulten un mayor deterioro a su condición ya vulnerable. Las autoridades deben flexibilizar el paso de las personas migrantes, con el fin de evitar que las personas se vean atrapadas en lugares sin condiciones adecuadas, y que a su vez les generan mayores afectaciones físicas y emocionales”, señaló Danielle Borges, coordinadora de proyecto de MSF en Tegucigalpa.
Desde 2021, el municipio de Trojes se convirtió en una de las rutas más utilizadas por las personas en movimiento para continuar su camino al norte.
En este punto se identifican personas procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y algunos países de África y Asia. Un grupo de dominicanos y venezolanos que llevaban más de tres días esperando sus documentos, señalan que ellos “únicamente están a la espera de ese papel que les permite circular por el país, pero los precios son exageradamente altos”. Además, indican que su intención no es quedarse en Honduras, puesto que es solamente un lugar de paso en su camino hacia Estados Unidos.
Borges también destacó que “esperamos que, acudiendo a razones humanitarias, el INM logre gestionar ante el Congreso Nacional la cancelación de las multas que están cobrando a las personas en movimiento previstas en la Ley de Migración. Asimismo, hacemos un llamado a las entidades competentes para que mejoren sus respuestas en torno a la identificación de casos de protección y el fortalecimiento de las rutas de referencia para la asistencia humanitaria y de derechos humanos a esta población vulnerable”, zanjó. (RO)
