Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En medio de cámaras y luces, un general entra en acción, sale a las calles, va de negocio en negocio y de casa en casa para platicar con los comerciantes y vecinos de populosas y calientes zonas en la capital hondureña. Son sectores a los que los militares están entrando en otra de sus operaciones anticrimen.
Honduras parece retornar así al verde olivo del poder militar, pero más allá de ello, su actividad política es cada vez más visible.
Lejos quedó la frase y promesa reiterada por la actual presidenta Xiomara Castro: «Los militares a sus cuarteles».
Las visitas del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, van a su vez acompañadas de operaciones de acción social que en otros tiempos los militares realizan en medio de crisis naturales o como actividades ocasionales de solidaridad.
Actualmente son acciones consistentes, usuales, que cubren desde ayudas específicas, brigadas médicas, odontológicas, otras dirigidas a niños con juegos educativos y recreativos, cortes de cabello, recuperación de espacios verdes y fauna con los llamados “batallones verdes” que son una especie de paralela del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y hasta donaciones.
Al par controlan las cárceles y centros penales cuyo gobierno está militarizado.
Y su mano en la seguridad se extiende a amplias operaciones anticrimen. En medio del recurrente estado de excepción también tienen asignaciones de control específicas que les dan la focalización de territorio en el norte y occidente del país a través de las propias FFAA y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Justo en el marco del estado de excepción, la Policía Militar (PMOP), se ha convertido en la voz desafiante que reta y cuestiona a los organismos y activistas de derechos humanos que desnudan sus abusos, exigen justicia por los crímenes de ciudadanos achacados a sus efectivos y guardan silencio por las muertes en las cárceles bajo su control.
En su estrategia de solución anticrimen, piden reducir la edad punible y atacan a quienes se oponen recetándoles que vivan en su casa con un menor infractor para ver “cómo les va”.
Mientras la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) es dirigida por el general retirado y anterior jefe de las Fuerzas Armadas, vicealmirante José Jorge Fortín, quien no pasó un solo día desempleado ya que, al concluir su carrera castrense, saltó a viceministro de Defensa y luego a la oficina de contingencias.
Justo fue el 25 de agosto de 2023 cuando el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, participó en el 158 aniversario de la Fuerza Naval de Honduras, antes de finalizar su discurso dijo aludiendo a sus antecesores en el máximo cargo militar: “General Mario Raúl Hung Pacheco, no a los golpes de Estado, general Isaías Barahona, no a los golpes de Estado; general Romeo Vásquez, no a los golpes de Estado, general Maldonado Galeas, no a los golpes de Estado”.
Su alusión política causó malestar entre los señalados, quienes le han cuestionado por presuntamente tomar una postura política, contrariando los principios de las Fuerzas Armadas, según sentenciaron al acudir con su denuncia al Ministerio Público.
Fortín, sucedido por Roosevelt, son militares que marcan una época que ha puesto a las Fuerzas Armadas en una posición activa en la política hondureña.
Roosevelt y Padrino
Los pasos de Roosevelt han marcado momentos de desasosiego en el ámbito civil y político, así como en la opinión pública. Primero el general, acompañado del entonces ministro de Defensa, Manuel Zelaya, quien renunció del cargo tras trascender un narco vídeo en el que su padre fue protagonista, visitó Venezuela y en una criticada jornada, se reunió con el jefe militar y ministro de Defensa Vladimir Padrino López, una pieza del narcotráfico internacional, altamente buscado y señalado por los Estados Unidos donde el precio por su captura es de por lo menos 500 mil dólares.
Padrino también es señalado por crímenes de lesa humanidad; él se define como un “soldado bolivariano, decidido y convencido de seguir construyendo la patria socialista”; es un hombre cercano a Nicolás Maduro.
Condecorado por gobierno de los Ortega – Murillo
Pero sus reuniones controversiales van más allá y contemplan además la condecoración recibida por el más alto jefe militar de Nicaragua, el comandante en Jefe del Ejército de ese país, Julio César Avilés, quien recién en este octubre impuso al general Roosevelt la medalla 45 aniversario de esa institución castrense.
La condecoración se realizó como parte de las actividades que se desarrollaron en Comayagua, zona central hondureña, para evaluar la XII Fase de la Operación Coordinada Sandino-Morazán y la III de la Operación Soberanía Caribe Norte y Pacífico Norte.
Un comunicado señaló que el General de Ejército Julio César Avilés, otorgó dicha medalla como reconocimiento al General de División Roosevelt Hernández, por los lazos de amistad y cooperación desarrollados entre las Fuerzas Armadas de Honduras y Nicaragua.
Así el general Roosevelt recibe una presea de otro gobierno tildado de dictador y represor, como es sindicada la administración nicaragüense de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.
El general entra en temas del Poder Legislativo
Pero los pasos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras no se han quedado allí. El también opina en temas que se encuentran en el Parlamento hondureño, justo una instancia política del Estado y así lo hizo al referirse a la denomina Ley de Justicia Tributaria a la que el militar respalda plenamente, pese a las controversias que la misma origina en el ámbito nacional.
El militar, además, culpó a la oligarquía hondureña de ser beneficiada más allá de lo debido e instó a respaldar la normativa que está próxima a entrar en su tercer y último debate en la Cámara de diputados.
Así, el país enfrenta una extraña involución en su democracia.
Es un momento inédito, cuando la candidata del partido oficialista Libre, Rixi Moncada, es la ministra de Defensa, responsable del manejo de millonarios fondos militares y jefa directa del general Roosevelt y de las Fuerzas Armadas, institución que deberá salvaguardar el proceso electoral de noviembre de 2025, en una justa libre, democrática y honesta, según manda la Constitución del país. (PD)
