Tegucigalpa – “Mi hermano ha pertenecido desde su juventud a organizaciones políticas que han venido defendiendo los derechos del pueblo hondureño por más de 20 años”, justificó la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, en torno al Decreto de Amnistía que se sometió su familiar y sobre quien existe un proceso penal por la quema de un vehículo del Estado.
Excusó que su hermano Germán Enrique Ayala hacía uso de su legítimo derecho a la protesta hace unos años en las inmediaciones del Monumento a la Madre en la ciudad de San Pedro Sula y posteriormente “en el marco de esa persecución de la narcodictadura del Partido Nacional, que mantuvo contra luchadores sociales, le fue presentado un requerimiento fiscal”.
“Mi hermano al igual que muchos miembros de mi familia, hemos sido luchadores sociales y populares de toda una vida, porque eso fue lo que se nos inculcó en nuestro hogar”, expresó la congresista oficialista.
La diputada Ayala, refirió que “en este momento al ser ley de la República, el Decreto para el Restablecimiento Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, que contiene en uno de sus apartados el Decreto de Amnistía, habiendo presentado la documentación correspondiente del Cofadeh, donde acredita su condición de luchador social, no de ahora sino que de hace más de 20 años, y que la protesta era de carácter político, entonces él solicitó acogerse a ese Decreto de Amnistía”.
Acusó al sistema judicial de ser utilizado para criminalizar la protesta social.
“Está en manos de los juzgados de San Pedro Sula resolver la solicitud que el equipo de abogados del Cofadeh, con el acompañamiento de observadores de una organización europea de derechos humanos que estuvieron presentes en la audiencia el día de ayer (lunes), están certificando que todos estos luchadores sociales que fueron criminalizados puedan acogerse a ese decreto de Amnistía”, concluyó la legisladora de Libre.
En febrero de este año, el Congreso Nacional aprobó un Decreto de Amnistía para Presos Políticos, una figura que ya benefició a los exfuncionarios Enrique Flores Lanza, Rodolfo Padilla Sunseri y Marcelo Chimirri, procesados por delitos de corrupción pública. JS
