Tegucigalpa – Cortés y Francisco Morazán son los departamentos del país donde el ejercicio del derecho se ha convertido en una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, al registrar, desde el 2010 a la fecha, la muerte en circunstancias violentas de, al menos, 82 abogados, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– De enero a agosto de 2016, el Conadeh registró la muerte de nueve profesionales del derecho en seis departamentos del país, de los cuales, en ocho casos, las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego y una que se desconocen las causas de su muerte.
El ente estatal establece que, del 2010 a la fecha, 13 departamentos del país han sido escenario de la muerte de 114 profesionales del derecho.
En esta radiografía de la inseguridad que enfrentan las personas que ejercen la profesión del derecho, 42 murieron en Francisco Morazán, 40 en Cortés, 7 en Atlántida, 6 en Yoro, 4 en Olancho, 3 en Copán, 2 en Comayagua, 1 en Choluteca, 1 en El Paraíso, 1 en Lempira, 1 en Santa Bárbara y 1 en Islas de la Bahía.
El documento revela que 94 de las víctimas eran hombres y 20 mujeres, además, que el 89 %de los profesionales del derecho murieron víctimas de las de arma de fuego y se estima que el 94% de los casos se encuentran en la impunidad por falta de investigación.
De acuerdo al análisis, entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal, laboral, mercantil y civil, exjueces de letras, de la niñez, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, jueces de la niñez, de tránsito, de Letras, de lo Penal, de Paz y de tribunales de sentencias.
Además, asesores legales de entes gubernamentales, grupos campesinos, empresas de transporte pesado; directivos del Colegio de Abogados de Honduras, aspirantes a cargos de elección popular, jubilados, abogados que ejercían su profesión en bufetes privados y otros que combinaban su labor con otras actividades empresariales y religiosas.
Añade que la mayor parte de los abogados fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora, de su conductor, de amigos e incluso de sus clientes, mientras que otros fueron atacados por sus victimarios en su propia vivienda o a pocos pasos de la misma, en la vía pública e incluso en sus bufetes.
Roberto Herrera Cáceres, titular del Conadeh, lamentó que el ejercicio del derecho se haya convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, pese a que el Estado hondureño está en la obligación de garantizarles que realicen su labor sin ningún tipo de intimidación.
Expresó que la lucha contra la impunidad es fundamental para que no se sigan cometiendo este tipo de hechos violentos.
Indicó que es duro hablar de cifras pero que esa es la realidad que está viviendo el gremio de los abogados en el país.
“La cifra nos demuestra que algo grave estamos sufriendo como Estado y como sociedad y que tenemos que reaccionar simultáneamente en un esfuerzo conjunto que venga a fortalecer el Estado social de derecho en el país”, declaró.
En su criterio, la mejor política criminal siempre es una política social y destacó la importancia de trabajar en la prevención, control, represión, rehabilitación de los delincuentes y sobre todo, impulsar la protección de las víctimas y sus familiares
9 profesionales del derecho
perdieron la vida en el 2016
De enero a agosto de 2016, el Conadeh registró la muerte de 9 profesionales del derecho de los cuales, en 8 casos, las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego y una que se desconocen las causas de su muerte.
En este recuento de los hechos, 3 murieron en Cortés, 2 en Francisco Morazán, 1 en Santa Bárbara, 1 en Atlántida, 1 en Copán y 1 en Islas de la Bahía.
En la lucha contra la impunidad, las autoridades policiales capturaron, en las últimas horas, a uno de los supuestos autores materiales del abogado Elvin Alexander Velásquez, ultimado a balazos el pasado 15 de marzo en la calle principal de la colonia El Naranjal de La Ceiba. Hasta ahora quedan pendientes de ser capturados los autores intelectuales del abominable crimen.
