Tegucigalpa – Más de 300 docentes han sido desplazados por la violencia y al menos mil 472 se encuentran en riesgo de desplazarse, con mayor incidencia en los departamentos de Cortés, Olancho y Francisco Morazán.
Así lo revela el estudio “Desplazamiento forzado de docentes e impacto de la violencia generalizada en Honduras”, realizado por el Comité Nacional de Docentes con apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y Save the Children Honduras.
Dicho estudio consultó a más de 3 mil docentes en el país centroamericano y ofrece un panorama detallado de los riesgos que afectan la labor educativa.
La violencia también impacta de forma directa a los centros educativos, donde se han registrado robos, amenazas, extorsión, lesiones y acoso sexual. Este entorno hostil interrumpe clases, reduce la asistencia y obliga a reubicaciones de personal, afectando la continuidad educativa, destaca la investigación.
Los docentes, al ser figuras reconocidas y respetadas en sus comunidades, enfrentan riesgos en territorios bajo control de grupos criminales. Además de enseñar, su labor cotidiana incluye cuidar y proteger a sus estudiantes, lo que en ocasiones los expone a conocer o denunciar casos de violencia sexual, trata de personas o reclutamiento forzado. Asimismo, la aplicación de normas escolares a estudiantes vinculados con estructuras delictivas puede desencadenar amenazas y represalias, aumentando su exposición.
Grupos específicos enfrentan riesgos adicionales. Mujeres, personas LGTBIQ+ y docentes con discapacidad enfrentan además desafíos relacionados con su género, orientación sexual o condición, aumentando su vulnerabilidad frente al desplazamiento forzado.
“El temor siempre está presente, pero también la fuerza de seguir enseñando y cuidando a nuestros alumnos y alumnas” mencionó Daysi Zelaya, miembro del Comité Nacional de Docentes.
Otros testimonios recabados documentan la presencia de armas en entornos escolares, el reclutamiento forzado de estudiantes y mensajes intimidantes en paredes y baños. En los alrededores, las llamadas “fronteras invisibles” limitan la libre circulación de estudiantes y maestros, mientras grupos criminales imponen normas sobre conducta, vestimenta y lenguaje, generando un ambiente de control y temor.
Entre 2016 y 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 494 casos de desplazamiento forzado de docentes. Este registro es consistente con los hallazgos del estudio y evidencia la magnitud y persistencia del fenómeno, refiere el estudio.
“Las y los docentes son pilares de protección en sus comunidades. Protegerles no solo es cuidar su labor, sino garantizar la protección de la niñez en las comunidades. Si ellos están en peligro, toda la comunidad escolar está en peligro. Es clave que en el marco de la Ley de Desplazamiento Interno se les reconozca como población prioritaria y activar rutas de protección ágiles y sensibles a su perfil” expresó Pilar Peña, Oficial Senior de Protección de ACNUR.
El informe planteó recomendaciones urgentes, diseñadas por las propias personas docentes, para proteger tanto al personal educativo como a los centros escolares más afectados. Entre ellas se destacan el fortalecimiento de protocolos de traslado por razones de seguridad, la agilización de la respuesta institucional ante amenazas y la garantía de atención psicológica, legal y de acompañamiento integral para quienes han sido desplazados.
Asimismo, subraya la necesidad de capacitar al personal en protección y autoprotección, primeros auxilios psicológicos y resolución de conflictos, herramientas esenciales para ejercer la docencia en entornos afectados por la violencia. (RO)
