Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, negó que los delitos de corrupción pública hayan sido reducidos en sus penas en la aprobación del nuevo Código Penal en ese poder del Estado y agregó que la oposición política busca crear confusión en vista que el país está en año electoral.
– Como “información tendenciosa y malintencionada” calificó Pérez los señalamientos de la oposición.
– “No es cierta tal rebaja de penas y sí fueron actualizadas”, apuntó.
El congresista dijo que las actas son públicas y que pueden ser consultadas para corroborar que lo denunciado por la oposición está fuera de la realidad.
El congresista dijo que las actas son públicas y que pueden ser consultadas para corroborar que lo denunciado por la oposición está fuera de la realidad.
“Quiero dejar claro que no se han reducido las penas en estos delitos que tienen que ver con la administración pública, al contrario en algunos casos se han incrementado, lo que ha habido sí es una adecuación de las mismas, una actualización de las mismas de acuerdo a nuestra realidad”, explicó.
Continuó que “siguen siendo penas muy fuertes, penas que en algunos casos llegan a 12 y 15 años de prisión, que son las mismas penas que tenemos actualmente, por lo que no es cierto que el Congreso Nacional en la discusión y aprobación del nuevo Código Penal haya hecho tal reducción como lo señala un sector de la oposición política”.
El parlamentario de Santa Bárbara alegó que las denuncias de la oposición tienen trasfondo político, en vista que quieren hacer escándalo con una mentira.
En el caso del delito de malversación de caudales públicos refirió que la actual ley lo enmarca en dos extremos: para casos menos graves y el otro con agravantes. “¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El monto de lo malversado. Actualmente el Código Penal dice que si se malversan hasta mil lempiras, la pena es de dos a cinco años de reclusión; aquí lo que hicimos fue subir el monto a 100 mil lempiras, entonces la pena va de cuatro a seis años”, adicionó.
En tanto, en casos graves de malversación la pena oscila entre seis y 12 años.
El secretario del Legislativo aseveró que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) “no tienen la información precisa” de lo que aprobó el Congreso. “Los diputados de la oposición no están siendo responsables al pretender hacer política con una tema tan delicado como este, que es muy jurídico y muy técnico”.
Adelantó que invitarán a personeros de la Misión Anticorrupción para que conozcan qué fue lo que realmente se aprobó en la Cámara Legislativa.
“Cuando la MACCIH lo ha pedido, el Congreso le ha abierto las puertas, no solo en este tema. Ellos se reúnen mucho con las comisiones de dictámenes, tal vez hace falta ese canal oficial que fluya la información para que no se den este tipo de confusiones, creo que una aclaración a tiempo era necesaria”, citó.
El congresista nacionalista recordó que en el nuevo Código Penal, los delitos contra la administración pública “ya no son conmutables”, es decir que van a derivar siempre en prisión efectiva para quienes sean encontrados culpables.
“La información divulgada por la oposición es tendenciosa, malintencionada y que es producto de la campaña política que se está desarrollando”, aquilató.
Concluyó que “según el tamaño del sapo así es la pedrada, no podemos poner penas en el Código tan altas contra delitos que no son tan graves, pero el Congreso Nacional ha hecho una adecuación muy correcta, diría yo muy actualizada de estos delitos que esperamos sean efectivas en el combate de la corrupción y que manden mensajes claros a la sociedad hondureña”.
Nota de prensa del Congreso Nuevo Código Penal aumenta penas Las penas establecidas en el nuevo Código Penal que está en discusión y aprobación en el Congreso Nacional, son mayores a los que contempla la legislación vigente para castigar la corrupción gubernamental, contrario a lo que critica la oposición. Las penas aprobadas en el nuevo Código Penal en los delitos de malversación son las que surgieron del proceso de consulta con los especialistas, están contenidas en el dictamen de la parte especial que desde de enero se entregó a todas las bancadas. Se respetó el criterio técnico que llegó al pleno producto de las consultas. En ese sentido, en los delitos de malversación, las penas de prisión no han bajado, las penas son incluso más altas que la legislación vigente:
Sin embargo, en la versión que está aprobada (que es la misma que surgió de las consultas) la malversación tiene una pena de prisión de cuatro a seis años. Además hay tres agravantes para este delito: 1) La pena será de seis a nueve años de prisión cuando lo malversado supera los 100 mil lempiras; 2) La pena puede llegar hasta 12 años, pues se incrementará en un tercio, cuando recae sobre bienes de valor histórico o cuando recae sobre bienes afectos a servicios públicos de primera necesidad, la salud o institutos de previsión social. 3) La pena puede ser aumentada hasta dos tercios, cuando lo malversado excede de 500 mil lempiras. En este supuesto dependiendo las circunstancias pueden haber penas hasta de 15 años. Por su parte, el artículo 371 del Código Penal vigente regula la malversación imprudente, en el Código Vigente no tiene pena de prisión, sólo multa e inhabilitación, pero en el texto recién aprobado en el pleno tiene una pena de prisión de hasta tres años. Asimismo, en el Artículo 371 del Código Penal vigente se regula la malversación por aplicación oficial diferente con una pena de privación de libertad de tres a cinco años y, con la versión que está recién aprobada en el pleno, la pena es de cuatro a seis años de prisión. Además, conforme a lo establecido en el artículo 509 del nuevo texto penal, todas estas penas se agravarán dos tercios cuando estos delitos se comentan dentro de un grupo delictivo organizado o se afecten gravemente los servicios públicos. Es decir que en este último supuesto se pueden imponer penas de más de 15 años de prisión por malversación. Como se puede apreciar con la moción los delitos de malversación tienen penas más altas que la legislación vigente, por eso no se puede hablar de que se han bajado las penas. En resumen el actual código establece una pena máxima de 12 años, pero en el que se está aprobando puede aumentar esa pena hasta 15 años. En el actual código la pena base por malversación de caudales es de dos a cinco años, no obstante, en el que se está discutiendo lo sube de cuatro a seis y por eso ya no lo hace conmutable, por lo que queda claro que las penas se endurecen en el nuevo Código Penal.
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Por ejemplo, el artículo 370 del Código Penal vigente penaliza la malversación de caudales públicos, con reclusión de dos a cinco años. Señala además una agravante de la pena dependiendo de la cuantía de lo malversado que va de seis a 12 años.
