Tegucigalpa- En el marco del importante pleno que se llevará a cabo este martes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para discutir el controvertido Decreto 04-2022, conocido como el «Pacto de Impunidad», el magistrado Mario Díaz explicó la razón detrás de la ausencia de siete magistrados propietarios, al tiempo que reconoció la alta responsabilidad del pleno.
Según Díaz, el reglamento interno del Poder Judicial establece que, cuando una decisión no es unánime en las salas, los magistrados que participarán en dicha resolución no pueden ser parte del pleno que conocerá el asunto. «Es un procedimiento que todos conocen. Cuando no hay unanimidad en las salas, el pleno debe conocer el caso, pero los magistrados que ya se pronunciaron están inhabilitados para participar», explicó.
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En el caso del Decreto 04-2022, que se discutirá este día, la Sala Constitucional, compuesta por cinco magistrados, no alcanzó una decisión unánime, lo que llevó a la convocatoria del pleno. Sin embargo, debido a su participación previa, esos cinco magistrados no podrán formar parte del debate. «Esto es lo que ha ocurrido. Es una situación legal que impide a esos magistrados estar en el pleno del Poder Judicial», detalló Díaz.
El magistrado subrayó la importancia de evaluar el impacto de la decisión que se tomará, considerando no solo los aspectos jurídicos, sino también el contexto social y político que atraviesa el país. «Uno no puede cerrar los ojos frente a la realidad de lo que está ocurriendo. Debemos valorar el impacto que tendrá esta decisión, tanto en el ámbito jurídico, que nos compete directamente, como en el contexto social y político que vive el país».
Reconoció que deben valorar el impacto que tendrá en el contexto nacional político y jurídico “tenemos una altísima responsabilidad y estamos obligados a ver los asuntos con toda objetividad con imparcialidad con Independencia y siempre pensando en los intereses del país, nosotros tenemos que valorar todos los aspectos que tienen que ver con aspectos jurídicos, aspectos sociológicos y también con las implicaciones que tiene el fallo son temas que tenemos que discutir y sobre esa base se va a tomar una decisión que corresponde al derecho aplicable y a los intereses del país”, remarcó el magistrado Diaz.
Díaz señaló que la discusión en el pleno girará en torno a los votos particulares emitidos en la Sala Constitucional, donde una mayoría demostró que el Decreto 04-2022 no colisiona con la Constitución, mientras que una minoría opinó lo contrario. «Esos son los extremos de la discusión, aunque cualquier otra situación puede plantearse a lo largo del debate», indicó el magistrado.
Finalmente, destacó la responsabilidad que recae sobre los magistrados en este tipo de decisiones y aseguró que el fallo será producto de un análisis imparcial, independiente y en beneficio del país. «Estamos obligados a ver los asuntos con toda objetividad. Discutiremos todos los aspectos involucrados y tomaremos una decisión que corresponde al derecho aplicable y a los intereses de Honduras», concluyó Díaz.LB
