Tegucigalpa – La aprobación de la Ley de Amnistía para Presos Políticos en Honduras, es una acción que ha sido muy cuestionada por diversos sectores sociales, cuya responsabilidad recae en el Congreso Nacional, liderado por Luis Redondo, un reconocido legislador conocido por su actitud anticorrupción, que consiguió la presidencia de ese poder gracias a la venia del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), que ganó las elecciones bajo la promesa de erradicar la corrupción.
Además, el narcotráfico, criminalidad organizada, entre otros flagelos que acechan al país centroamericano, afectado y golpeado por la pobreza, la migración irregular por falta de oportunidades para su población, sin embargo, sus primera acción se caracterizó en aprobar una normativa para liberar los presos y perseguidos políticos del Golpe de Estado contra el entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009.
El escenario no da cuenta que en el Congreso Nacional, ya derogó la Ley de Secretos Oficiales, una determinación aplaudida por los diversos sectores, pero la misa opacada por la aprobación de la amnistía, pues ésta ya tienen algunos beneficiarios, dos exfuncionarios de la administración de Zelaya Rosales, Enrique Flores Lanzas y Marcelo Chimirri, ambos con procesos penales vigentes, mientras el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunceri intentó acogerse a la misma, pero un tribunal rechazó la petición en primera instancia.
La agenda del Congreso Nacional sigue siendo apretada y hasta cierto punto un dilema; la derogación del polémico proyecto Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), pasó al olvido, pero ahora el debate se centra en suprimir o no la Ley de Empleo por Hora, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y las reformas al recién aprobado Código Penal, calificado como el Código Penal de la impunidad, según el Consejo Nacional Anticorrupción.
Incluso la nueva oposición política, liderada por el Partido Nacional, quien estuvo 12 años en el poder, no perdona que a pocos días de haberse aprobado la amnistía, entre los primeros beneficiados aparezcan el exministro de la Presidencia Flores Lanza y el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri; ya que la ley daría beneficios a Rasel Tomé y Edgardo Casaña, ambos directivos del Congreso Nacional con sentencias penales sin cumplirse.
La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) fue aprobada y posteriormente solicitada ante el Sistema de Naciones Unidas, esto sin conocer las facultades y los alcances que debería tener para luchar contra este flagelo en la nación centroamericana; el oficialismo asegura que la misión vendrá a investigar sin límites, mientras desde la oposición, clama para que sea un mecanismo no parcializado y equilibrado.
Lo que sí es claro que mientras llega la Comisión Internacional con el auspicio de las Naciones Unidas, algunos personeros del alto perfil que ejercieron la administración pública, recuperan su libertad, mientras otros intentan echar mano de la amnistía, que es dirigida a hondureños judicializados por causas políticas. Pero el exalcalde Padilla es el primero que ha recibido un revés en su intento por suprimir las acusaciones por corrupción en su contra.
El decreto de amnistía política beneficiará a 7 mil campesinos judicializados, de los que más de 700 son mujeres, además 170 estudiantes universitarios, 72 sindicalistas, más de 3 mil oponentes políticos, 32 profesores criminalizados y 145 ambientalistas, según señala el decreto publicado semanas atrás en el diario oficial La Gaceta.
Libre abierto a revisar amnistía
Recientemente las bancadas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Liberal (PL) anunciaron que preparan un documento para enmendar el decreto de amnistía para presos y perseguidos políticos del 2006 al 2009, porque consideran que ésta normativa estaría beneficiando a personas señaladas por corrupción.
En ese sentido, el diputado de Libertad y Refundación, Netzer Edú Mejía, manifestó que en los próximos días se estará haciendo una revisión a la Ley de Amnistía, ya que la idea originaria, es únicamente beneficiar a la persona que haya sido perseguida políticamente, tras los acontecimientos ocurridos en 2009, cuando se derrocó del poder a Manuel Zelaya Rosales.
Mejía reconoció que se han recibido bastantes cuestionamientos de parte de diversos sectores que se encuentran inconformes por los fines utilizados con la emisión beneficios a personas señaladas de corrupción “tengo entendido al escuchar al diputado Mario Segura que presentarán una reforma a esta Ley de Amnistía a la cual estaremos anuentes”, externó.
Es necesaria una revisión y enmienda
La bancada del partido Salvador de Honduras, se reunirá la semana entrante para preparar una enmienda a la Ley de Amnistía Política, reiteró el diputado Tomás Ramírez, jefe de la bancada del joven instituto político, donde además aseguró que harán un análisis exhaustivo a la normativa.
Todo ocurre tras los fuertes señalamientos de organizaciones civiles anticorrupción, que les critican ser parte de la creación de un nuevo «pacto de impunidad» para eximir a corruptos de sus responsabilidades ante la justicia. Sin embargo el PSH revisará los casos judiciales que no ameriten ser calificados como persecución política.
Lo anterior – dijo Ramírez- debido a los múltiples reclamos y cuestionamientos de diversos sectores sociales, quienes califican el decreto de promover el perdón de delitos. Asimismo agrega que previo a apoyar la iniciativa, hicieron las respectivas consultas y en conclusión se determinó que la referida ley era viable.
Obstrucción para la CICIH
La amnistía política aprobada en el parlamento hondureño será una clara obstrucción a los alcances y acciones de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, alertó el abogado penalista Fernando Gonzales.
El profesional del derecho, aplaudió la intención del actual gobierno en instalar una misión internacional para combatir la corrupción, pero considera que los decretos en referencia, son algunas contradicciones de la actual administración gubernamental, porque por un lado se aprueba una amnistía política y a la par se aprueba la CICIH.
Según Gonzales, la normativa pone en precario la investigación de casos tras su aprobación, no solo para los organismos nacionales, sino también internacionales que en su momento pueden llegar a Honduras.
Llamado desde la sociedad civil
Kenneth Madrid, coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, criticó que los diputados del Partido Salvador de Honduras, no pueden alegar ignorancia, respecto a la aprobación de la Amnistía, sino por el contrario, asegura que “ellos estaban enterados de lo que se pretendía aprobar”, externó.
Es preocupante –dice Madrid y añade-, que a estas alturas se diga que no tuvieron tiempo para conocer lo que se estaba aprobando en ese momento en el Parlamento “no es correcto venir a decirlo ahora, ellos están en pleno conocimiento de los decretos, porque si solo levantan la manos están omitiendo y faltando al ejercicio de sus funciones”, señaló.
Cuestionó que aunque se prometa una revisión a la amnistía política, la misma entró en vigencia y con un día que haya estado vigente, el daño está hecho porque el decreto se vuelve una ley penal en el tiempo, porque nadie se está refiriendo a los dos primeros numerales del artículo cuatro de la normativa en referencia.
“Ahí es donde se establecen el catálogo de delitos aplicables para la amnistía, ya que nadie está cuestionando que se trata de faltas contra la administración pública, así que se trata de fallas de otra índole y que al final nada tienen que ver con los delitos políticos, que no es mala pero si aplica como debería ser”, precisó el analista político. JP
