Tegucigalpa – La nueva ampliación del estado de excepción en Honduras fue anunciada unas 70 horas antes de que venciera la medida que durante mil y 26 días ha suspendido las garantías constituciones de los hondureños y la que analistas, legisladores y defensores de derechos humanos, temen se extienda hasta las elecciones generales del 30 de noviembre.
-Los últimos estados de excepción han sido aprobados por el Poder Ejecutivo y publicados en La Gaceta, pero no han sido aprobados por el pleno del Congreso Nacional.
“El estado de excepción parcial a través del nuevo PCM-28-2025 se va a estar ampliando a partir del próximo lunes 29 de septiembre a las 6:00 de la tarde y va estar finalizando a las 6:00 de la tarde del 12 de noviembre”, informó el director de Comunicación de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid.
Desde el 6 de diciembre de 2022 cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro emitió el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022 para declarar el estado de excepción que limita las garantías y derechos constitucionales de libertad personal, libertad de asociación y reunión, derecho a la circulación, protección contra la detención arbitraria, rendición de caución, y, la inviolabilidad del domicilio, con la justificación de combatir el crimen organizado y la delincuencia común, hasta hoy domingo han pasado mil 26 días.
La nueva ampliación de 45 días, la número 24 que ha ordenado el Poder Ejecutivo y de las cuales solo una ha sido respaldada por el Legislativo, permitirá a las autoridades de Seguridad -defendió el portavoz oficial- seguir luchando en contra de la delincuencia y el crimen organizado.
Inicialmente esa suspensión de garantías constitucionales aplicó a 89 barrios y colonias del Municipio del Distrito Central en Francisco Morazán y 73 del Valle de Sula, en el departamento de Cortés.
En la actualidad el estado de excepción alcanza 226 municipios de los 18 departamentos del país debido, según las autoridades hondureñas, a la crítica situación de inseguridad que se constituye en una perturbación grave de la paz en el país.
Elecciones bajo restricciones
Conforme la medida “excepcional” se afianza como una norma, la presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, destacó que este mecanismo “cada vez parece menos una medida para poder evitar la comisión de delitos y más bien se ha convertido en una medida de carácter político de control social”.
Además, Mena advirtió que el riesgo que se corre de que el estado de excepción esté vigente tras esta vigésimo cuarta extensión y se llegue al 30 de noviembre bajo esa sombra es que una medida de este tipo, los derechos y las garantían de los ciudadanos están suspendidos.
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“Los ciudadanos en los territorios bajo el estado de excepción no tienen derechos”, contrario a cuando no existe esta figura y existe el estado de derecho.
En ese caso “los ciudadanos se ven protegido por todos derechos y garantías que establece la Constitución de la República frente a cualquier estructura del Estado que pretenda lacerar o violentar el derecho de libre circulación”, recordó Mena, quien es una profesional del derecho.
La actual legisladora ejemplificó, para el caso, que pasaría si en una comunidad bajo el estado de excepción, las personas quieran salir a votar libremente, como es su derecho y obligación constitucional, cuando bajo ese mecanismo su derecho de libre circulación puede ser afectado.
“O por ejemplo a una persona que se le retengan documentos de forma ilegal o que puedan ser apresados, si se les identifica que son parte de la oposición y no son afines”, dijo como parte de las situaciones que puede experimentar un ciudadano en el marco de un estado de excepción.
En esa misma línea se expresó el analista político Oliver Erazo. “Están debilitando y limitando a la ciudadanía hondureña a su derecho a ejercer la democracia, tal y como lo regula la Constitución de la República”, dijo.
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En tanto, el director de Seguridad y Justicia de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, es del criterio de que los hondureños no quieren llegar a un proceso electoral en noviembre bajo un estado de excepción.
“Vamos a uno nuevo y estamos en un año electoral, lo que preocupa es que tendremos elecciones bajo un estado de excepción que podría generar amedrentamiento, las garantías que tenemos todos pueden verse violentadas y que no le haría nada bien al proceso electoral”, indicó.
Ilegalidad
El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y miembro alterno de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Carlos Umaña, ha señalado que el estado de excepción es una situación completamente ilegal.
“Se saltaron completamente el Congreso Nacional durante años, es una medida que no ha dado el resultado que nosotros deseamos, es más, tiene más de mil reportes de violaciones a los derechos humanos y por lo tanto consideramos que no es conveniente prorrogarlo, mucho menos en las elecciones”, afirmó durante una entrevista a Proceso Digital.
Castañeda dijo por su parte que “todos los estados de excepción que no han sido ratificados por el Congreso Nacional son ilegales y toda actuación que se hizo en el marco de estos son una violación a los derechos humanos”.
Resultados cuestionados
Sobre los resultado, el representante de ASJ es de la opinión de que mientras no se miren políticas en materia de seguridad se seguirán realizando capturas que no son fructíferas, pero seguirá incrementando la extorsión, los homicidios, feminicidios, muertes de jóvenes, masacres.
Las autoridades de Seguridad reportan que en el marco de esta estrategia, se reportan 5 mil 069 detenciones por extorsión y delitos conexos, 79 mil 417 detenciones por diversos delitos, se han ejecutado 22 mil 497 órdenes de captura, y se ha incrementado significativamente la incautación de armas de fuego, con un total de 18,840 decomisadas.
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“Las cifras y los números son buenos números, son definitivamente números alentadores, el trabajo se ve, se puede observar y tenemos una reducción del 14 % de muertes violentas en el país en comparación al 2024”, dijo Martínez Madrid al anunciar la nueva prórroga.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) espera que los países que integran las Naciones Unidas, a través del Examen Periódico Universal (EPU), recomienden al Estado de Honduras que cese el estado de excepción y en su lugar adopte una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género que aborde los problemas estructurales del país y solucione las causas que le subyacen.
Un informe enviado por el Conadeh al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal plasma sus principales observaciones y preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Honduras y el estatus de las recomendaciones formuladas por los Estados Parte, en el 2020.
El equipo de trabajo consolida esa información y es remitida a diversos países, los cuales posteriormente, en la consolidación del EPU, que se estará discutiendo en los próximos meses, emiten recomendaciones al Estado de Honduras para su cumplimiento y se logre progresar hacia un estado de derecho efectivo, explicó Luis Martínez, Oficial Jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh. VC
