Tegucigalpa – La recurrente muerte de abogados constituye otro eslabón de la violencia en Honduras, bajo el denominador común que en la mayoría de los crímenes no se llegan a conocer detalles de la investigación criminal que se traduce en una galopante impunidad.
– Desde 2002 hasta la fecha, 162 abogados han sido asesinados, el último de ellos la exjueza Indiana Beatriz Castellanos.
– 11 profesionales del derecho perdieron la vida en condiciones violentas en el año pandemia 2020, mientras este 2021 ya suman dos.
El último retazo de esta violencia gremial cobró la vida de la exjueza de los tribunales de sentencia, Indiana Beatriz Castellanos (49), quien fue encontrada sin vida en una camioneta en la colonia Roble Oeste de la capital hondureña.
La profesional del derecho, quien se dedicaba a servicios privados, presentaba varios impactos de bala en su espalda y en la escena se encontró un rótulo con una leyenda que ahora es analizada por los cuerpos de investigación del Estado.
El pasado 4 de marzo, la sociedad hondureña se estremeció por el asesinato de Melvin Bonilla, un exjuez y abogado que representó al exdiputado Juan Antonio Hernández, recientemente condenado a cadena perpetua y 30 años más de prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
Varias han sido las conjeturas que se han tejido en torno a este sonado crimen y aunque fue detenido el presunto victimario, no existe una versión oficial sobre las causas del hecho.
Y así se cuentan decenas de asesinatos de abogados, la mayoría en impunidad. En varios de los crímenes se arguyen razones relacionadas al ejercicio de la profesión y en otras a situaciones de la vida privada de los occisos.
Más de 28 mil agremiados al Colegio de Abogados de Honduras, se encuentran bajo la línea de inseguridad que toca con igual fuerza a otras profesiones como los periodistas y defensores de derechos humanos.
DPI promete resultados
El titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rommel Martínez, manifestó que la investigación sobre la muerte de la abogada Indiana Beatriz Castellanos, se encuentra en fase de recolección de información.
A un poco más de 24 horas de que se efectuó el levantamiento del cadáver de la profesional del derecho; los equipos de investigación manejan que la escena del crimen tiene unas características particulares.
“El levantamiento se llevó a cabo en horas de la noche y se trabajó bajo el esquema de dos componentes; el primero es todo lo que está alrededor del vehículo, y el segundo abarca todo lo que está en el interior del automotor”, explicó Martínez.
Para el jefe policial, en la escena se recolectaron indicios que van a ser útiles en el esclarecimiento del hecho criminal.
“Yo tengo la certeza que con la intensidad de que estamos trabajando vamos a poder descifrar este caso”, puntualizó Martínez.
Mencionó que las recientes muertes de los abogados Carlos Vallejo y Melvin Bonilla, la Policía capturó a las personas implicadas en ambos hechos criminales. Ambos sucesos están en proceso de judicialización.
“Yo puedo mencionar una multiplicidad de casos que en algunos han tenido un tiempo de respuesta increíblemente rápido como el caso del abogado Bonilla o el caso del abogado Vallejo, en otros no tanto”, aceptó.
Piden intervención de Naciones Unidas
En comunicación con Proceso Digital, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Fredis Cerrato, criticó que cada vez que ocurre una muerte violenta de algún agremiado siempre el tema se mantiene vigente en los medios, pero luego se diluye y todo pasa sin que pase nada.
Reveló que existen casos directos de amenazas contra profesionales del derecho, las que han sido comunicados a los operadores de justicia.
Manifestó que existe un mecanismo de Protección de Periodistas y defensores de derechos humanos, pero el gremio de los abogados no entra en ese programa.
Es por eso -dijo Cerrato- que decidieron retirarse de las mesas de trabajo porque únicamente servían de comparsas al gobierno. “Recibimos una visita de la viceministra de Derechos Humanos y le comuniqué que no enviaríamos más representantes a las reuniones, entonces me comunicaron que iban a trabajar con un programa de las Naciones Unidas”, contó.
Especificó que hay más de 28 mil profesionales del derecho agremiados al Colegio de Abogados, de los que muchos de ellos han decidido abandonar el país por las condiciones de inseguridad.
“Esperemos que se haga algo con la intervención de las Naciones Unidas con un proyecto que dejó elaborado la MACCIH”, expresó en torno a un mecanismo que garantice la vida de los agremiados.
Remarcó que “estas muertes violentas nos llenan de mucho pesar, después se tejen teorías en torno a las actividades a las que se dedicaban las víctimas, lo que queremos es conocer bajo qué circunstancias ocurren los crímenes”.
El presidente de los abogados reflexionó que no se pueden levantar velos de especulación cada vez que ocurre un asesinato de un agremiado, por lo que exigió una investigación efectiva para esclarecer los crímenes y que no queden cabos sueltos.
Poca efectividad en investigación
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, dijo que la muerte recurrente de abogados obedece a la impunidad que impera en el país.
Mencionó que el gremio de los abogados se suma a la sociedad hondureña en general, que registra entre 4 y 5 mil muertes violentas cada año de todos los sectores.
“El promedio de vida de los que están muriendo en condiciones violentas es de 30 años, lo que significa que el motor económico y productivo del país está siendo asesinado en Honduras”, refirió.
Lamentó que el 90 por ciento de los crímenes quedan en impunidad, lo que constituye caldo de cultivo para que los hechos no se detengan.
Criticó la poca efectividad en la investigación criminal, pese a que se han creado cuerpos nuevos. “Sigue existiendo una gran dificultad para contrarrestar la impunidad a través de la investigación criminal”, reforzó.
Hizo un llamado a los operadores de seguridad para que hagan sus mejores esfuerzos para ofrecer respuestas a una población ávida de justicia.
Concluyó que la aplicación de justicia no puede seguir siendo como muchas cosas “al estilo Honduras”.
