Tegucigalpa – Los migrantes hondureños que resienten el abandono gubernamental, recibieron con la presentación del proyecto bipartidista “Ley Dignidad”, un salvavidas en medio de la tempestad.
– El pasado 07 de julio se canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 53 mil hondureños, quienes tienen 60 días para acogerse a otro programa o abandonar Estados Unidos.
Así lo dijo a Proceso Digital el líder de la comunidad hondureña, Juan Flores, quien destacó la amplia participación de los hondureños en la presentación del proyecto de ley.
Si bien la ley busca beneficiar a todos los migrantes, los hondureños han destacado en todo el proceso de elaboración y presentación de esta, dijo Flores.
Señaló que actualmente más de un millón hondureños viven en las sombras a causa de su estatus migratorio y podrían ser beneficiados con la iniciativa de la congresista republicana María Elvira Salazar.
“Esto vendría a dar un alivio si llegase a pasar, el cual tenemos mucha fe de que puede ser positivo, porque en todos estos años que hemos estado trabajando en el Congreso aquí, nunca habíamos visto una presentación con tanta esperanza, optimismo y buena vibra”, expresó.
Un detalle que pude observar, es el liderazgo que ha tomado la comunidad inmigrante, hoy eran más los hondureños que estábamos ahí, que los de otras nacionalidades, describió el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, narró.
Todos los inmigrantes hondureños dentro de los Estados Unidos estamos dejando una huella y un impacto positivo en las luchas sociales en beneficio de los inmigrantes, razonó al tiempo que reprochó la desidia del Gobierno hondureños en temas migratorios.
Proyecto de ley
Las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar presentaron el martes en la Cámara de Representantes un proyecto de ley denominado “Dignidad”, que busca proporcionar un estatus legal a ciertos inmigrantes indocumentados.
El proyecto “Ley Dignidad de 2025” busca que los inmigrantes que han vivido desde Estados Unidos antes de 2021 y no tienen antecedentes penales, soliciten un estatus legal temporal de hasta siete años que incluirían permisos para trabajar.
Salazar, quien es republicana por la Florida, y Escobar que es demócrata por Texas, son las principales promotoras de este proyecto de ley que busca reforzar la seguridad fronteriza, fortalecer la aplicación de las leyes migratorias y abrir una vía para la residencia legal para inmigrantes.
La norma beneficia a las personas que tienen desde cinco a más años de haber llegado a EE.UU., así como a los DACA y DREAMERS, en tanto los tepesianos también se pueden acoger a la ley.
La Ley Dignidad establece que las personas que no están bajo ningún tipo de programa o que están bajo ningún proceso, es decir que están en la sombra, podrán acogerse al mismo.
Beneficiados
De su parte, la abogada en inmigración, Marcela Caro, el proyecto de ley busca beneficiar a todos los migrantes que tienen como mínimo cinco años residiendo en suelo estadounidense.
Lo anterior incluye a beneficiarios de otros programas como DACA y TPS, refirió, la experta en leyes migratorias.
Es el único programa que permitiría a los migrantes poder optar a una ciudadanía, explicó al tiempo que dijo que inicialmente el programa concedería una residencia temporal por 10 años, luego una residencia permanente y luego la ciudadanía.
Sin embargo, el proyecto contempla un costo de 7 mil dólares para cada migrantes, los cuales se pagarán durante siete años, es decir se deberá hacer un pago de mil dólares de forma anual.
Adicionalmente al costo económico el migrante no debe contar con antecedentes policiales en el territorio estadounidense, para poder optar a los beneficios de este.
Puntos clave de la Ley Dignidad
1. Asegurar la frontera y restaurar la ley y el orden
Exige el uso obligatorio de E-Verify a nivel nacional.
Logra control operativo de la frontera sur con una estrategia integral.
Construye barreras físicas mejoradas y usa tecnología avanzada.
Contrata miles de agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y oficiales de CBP.
Implementa políticas contra el cruce ilegal y rastreo de “spotters” criminales.
Aumenta sanciones contra traficantes de personas y abusadores sexuales de menores.
Fuertes sanciones a quienes cruzan o ayudan a cruzar ilegalmente.
Autoriza al DHS a usar pruebas de ADN para verificar vínculos familiares.
Mejora la seguridad en los puertos de entrada y agiliza el comercio legal.
2. Reforma el sistema de asilo
Acelera los procesos y elimina la política de “catch-and-release”.
Crea al menos tres Campus Humanitarios para procesar a solicitantes de asilo en la frontera sur.
Los solicitantes permanecerán en los centros humanitarios con libertad de movimiento y servicios integrales.
Decisión de asilo en 60 días: entrevista inicial en 15 días y decisión final en 45 días.
Abre centros migratorios en América Latina para evitar caravanas y ofrecer reunificación familiar.
Penaliza severamente las solicitudes de asilo fraudulentas.
Crea una política de dos infracciones para quienes crucen fuera de los puntos oficiales.
3. Dar DIGNIDAD a los inmigrantes indocumentados
Dreamers y receptores de DACA reciben residencia condicional por 10 años, con vía a residencia permanente basada en trabajo, servicio militar o estudios.
Establece el Programa Dignidad para indocumentados presentes desde antes del 31 de diciembre de 2020.
Requisitos:
No tener antecedentes penales.
Cumplir con todas las leyes federales y estatales.
Pagar todos los impuestos atrasados.
Pagar una restitución de $7,000 en un plazo de 7 años.
Presentarse ante el DHS cada 2 años.
No otorga acceso a beneficios federales.
Sin vía a residencia permanente ni ciudadanía.
Al completar el programa, se puede solicitar el Estatus de Dignidad:
Tiene autorización de trabajo, protección de la deportación y autorización de viaje.
Se puede renovar indefinidamente si la persona mantiene buena conducta.
Aún no otorga acceso a residencia permanente ni ciudadanía.
No tiene que pagar más.
4. Dignidad para los trabajadores estadounidenses
Crea el Fondo del Trabajador Estadounidense financiado por los pagos de restitución.
Por cada participante del Programa Dignidad, se capacitará al menos un trabajador estadounidense.
Inversión total estimada: $70 mil millones.
Ofrece becas con el objetivo de formación laboral y aprendizaje en oficios en alta demanda.
5. Impulsar la prosperidad y competitividad de EEUU.
Moderniza el sistema migratorio legal y reduce atrasos.
Permite pagar $20,000 por procesamiento acelerado a quienes llevan 10+ años esperando visa.
Aumenta el límite de visas por país de 7% a 15%.
Permite a doctorados en STEM y estudiantes de medicina obtener visas O para quedarse y trabajar en EEUU
No se cuentan hijos/esposos hacia el límite anual de visas de empleo.
Incluye la Ley de Familias Unidas para ayudar a hijos o cónyuges de ciudadanos en riesgo de deportación.
Crea una visa de visita familiar de 90 días.
Evita que niños legalmente presentes pierdan visas por retrasos de USCIS.
Requiere que estudiantes en OPT paguen impuestos FICA.
Cambia la visa F para permitir intención dual (estudiar y quedarse).
Crear un Coordinador de Inmigración para agilizar procesos entre agencias.
Refuerza recursos en USCIS, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo para acelerar trámites.
Ningún fondo del contribuyente se usará para pagar por la Ley Dignidad.
La infraestructura fronteriza, la modernización de los puertos de entrada, la creación de nuevos campus humanitarios, el aumento de personal y todos los costos asociados a este proyecto de ley serán financiados mediante un “Immigration Infrastructure Levy”.
El 1% será descontado del salario de las personas que reciban permiso de trabajo bajo el Programa Dignidad. Los fondos recaudados se depositarán en el Fondo de Infraestructura Migratoria, y se usarán para implementar esta ley y, posteriormente, reducir la deuda nacional en al menos $50 mil millones.
El Fondo del Trabajador Estadounidense, destinado a la capacitación laboral de trabajadores nacionales, será financiado con los pagos de restitución realizados por los participantes del Programa Dignidad. (RO)
