Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La llegada e instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras es incierta. La independencia de los poderes del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento democrático siguen siendo una utopía, coligen organizaciones de sociedad civil y académicos que estudian el caso país.
– Los laberintos de la corrupción enraizados por tres décadas en Honduras.
En ese sentido, en plena aprobación de la Ley que regirá la Junta Nominadora que elegirá a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los desafíos para que los corruptos sigan teniendo las puertas abiertas de “par en par” se dilucidará este lunes cuando la Cámara se reúna para continuar en la aprobación de la ley que regirá una instancia clave para aspirar a la una elección imparcial y objetiva de los 15 más altos jueces hondureños.
La sesión, agendada inicialmente para el viernes anterior, pospuesta para el sábado y aún sin concluir, se trasladó para este lunes cuando el plano discutía el artículo 15 de la norma, mismo que tiene que ver con los requisitos e inhabilidades para auto postularse como candidato a magistrado de la Corte Suprema.
El mismo indica que quienes respondan al llamamiento de la Junta Nominadora deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 309 de la Constitución de la República, considerado, en una de sus partes, un freno para la injerencia de políticos en el sistema de justicia, según opiniones de los mismos legisladores entre los que hay quienes prevén “más de lo mismo”.
La transparencia en el proceso para elegir la nueva Corte Suprema es crucial para que las Naciones Unidas decida, al final, avanzar enviando la misión contra la corrupción que fue una de las principales promesas de la actual presidenta Xiomara Castro.
El muro con que se encontrará la Misión
De llegar a concretarse la presencia de la misión internacional contra la impunidad, ésta se topará con los laberintos de la corrupción enraizados en las últimas tres décadas que llevan a Honduras a no salir del vagón de la corrupción y a cambiar el enfoque con que se ha venido combatiendo este flagelo.
Honduras en esas tres décadas se sigue manteniendo entre los 25 países percibidos como de los más corruptos en el mundo, su posición en el ranking de medición de 0 a 10, sigue estando entre 2.3 y 2.5, según la organización Transparencia Internacional, cuyo índice indica que entre más cerca esté de 0 (cero) es percibido como más corrupto, y entre más se acerque a 10, es percibido como menos corrupto.
La corrupción según los últimos sondeos de percepción se ubica entre los principales tres problemas del país, y en su mayoría percibe que la lucha contra este flagelo no camina a causa de la impunidad y el deterioro de la institucionalidad.
Según el último sondeo de percepción realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) de la comunidad de los jesuitas, la ciudadanía señala a la corrupción como el tercer problema del país y esta percepción está en sintonía con la ausencia de la institucionalidad responsable de aplicar la ley, citando entre ellos a los operadores de justicia como policías, jueces y fiscales.
El ecosistema de la corrupción
De ahí que la ciudadanía vea con buenos ojos la llegada al país de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), cuya decisión final está en manos de las Naciones Unidas, luego de analizar un informe de país que le presentara una misión exploratoria. A ese elemento se suma el proceso de selección y elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, cuya transparencia y legitimidad dará una pauta a las Naciones Unidas para ver si entra o no con la CICIH, advierten los analistas.
Un reciente informe de la ASJ sobre el estado de la corrupción en Honduras revela que de llegar la CICIH, ésta se topará con un laberinto de corrupción enraizado en 15 ejes estratégicos que han hecho que el fenómeno de la corrupción sea estructural, sistémica y endémica.
Algunos de esos ejes que conforman el ecosistema de la corrupción son el financiamiento de la política, la contratación pública, narcotráfico, la justicia, el presupuesto público, inversión pública, el sector privado, entre otros aspectos que hacen que la corrupción se vuelva cíclica y recurrente, que el ecosistema se afiance y se vuelva más sofisticado. Hasta ahora, todos los intentos por romper este ecosistema de la corrupción se han topado con intereses fuertes procedentes de las elites de poder de diversa índole, sean lícitas o ilegales.
La apuesta según la ASJ debe ser cambiar la forma en que se ha enfocado la lucha centrándose en las figuras de abuso de autoridad o malversación de caudales, debe avanzarse a formas de combate más estructuradas a la par que mutan las redes criminales. Para ello, es preciso desmontar los obstáculos que enfrenta la lucha anticorrupción, entre ellas el actual código penal, conocido popularmente como un código de impunidad.
No se puede combatir una corrupción más sofisticada con los mismos enfoques de hace tres décadas, sostiene el informe, al indicar que la lucha contra la corrupción en el país se ve debilitada por la impunidad y la injusticia, los partidos políticos corruptos, la falta de una administración profesionalizada, la desigualdad y desconfianza social; la baja calidad de la democracia, la globalización, el crimen organizado y la alta tolerancia en la población, entre otros.
Bajan denuncias ciudadanas
Y precisamente la tolerancia a la corrupción puede estar incidiendo en el hecho en que la ciudadanía ya no denuncie como antes. La participación ciudadana sufre un descenso dramático, sostiene el informe de la ASJ al señalar que, de 458 denuncias en 2016, bajó a 119 en 2021. Al mes de junio de 2022, el Ministerio Público ha recibido apenas 96 denuncias.
Los datos señalan que un proceso judicial en el país en materia de corrupción toma entre 8 meses a 5 años, de ahí que si se instala la CICIH se verá con este panorama en vista del blindaje de leyes hecha por el pasado Congreso Nacional para proteger los actos reñidos con la ley.
Otro de los elementos que constituyó un obstáculo a la lucha contra la corrupción del 2018 al 2020 fue el acceso a la información pública, regido por una Ley de Secretos derogada a inicios de 2022. Aún se desconoce si el acceso a la información es más abierto tras la derogatoria de dicha ley, pero los datos presentados en el informe del estado de la corrupción en Honduras revelan que el 31.4 % de solicitudes de información pública no fueron respondidas por las instituciones obligadas. El 11.4 % eran respondidas fuera del plazo establecido por la ley de transparencia y acceso a la información pública, última que, 15 años después de su vigencia, requiere ser actualizada.
La cultura de la prevención de la corrupción, el ofrecimiento de servicios de calidad a la población en áreas sensible como salud y educación, mejor acceso a la justicia, despolitización de las instituciones, desmontaje de leyes que blindan la impunidad, son algunos de los desafíos que enfrenta el país en materia de lucha contra la corrupción.
Saber sí, finalmente se instala en el país la esperada misión anticorrupción, depende en gran medida de los pasos que este lunes marque la agenda legislativa en lo que le resta para normar a la Junta Nominadora que elegirá a la próxima Corte Suprema de Justicia en enero de 2023. (PD)
