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La ONU condena represión policial en las protestas contra una minera en India

Ginebra – Expertos en derechos humanos de la ONU condenaron hoy el «aparente» uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal por parte de la policía contra los manifestantes que solicitaban el cierre de una minera internacional en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India.

Se trata de una planta de la compañía Sterlite Cooper, filial del grupo minero con sede en Londres Vedanta Resources, que se cree «contaminante y perjudicial para la salud y el medioambiente».

Según dijeron los expertos en un comunicado, la policía abrió fuego contra los manifestantes el pasado 22 de mayo causando la muerte de 12 personas y decenas de heridos.

Esto ocurrió cuando se cumplían 100 días de manifestaciones pacíficas ante la planta de fundición de cobre para evitar su expansión.

Según los informes que poseen los relatores, los manifestantes prendieron fuego a coches y lanzaron piedras a los policías después de que estos les negaran el acceso a la administración del distrito.

Los relatores mostraron su preocupación por «el aparente uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo munición real, contra los manifestantes» e instaron a las autoridades indias a iniciar una investigación «transparente e independiente» para asegurar la rendición de cuentas.

Asimismo, recordaron que el Gobierno debe defender el derecho a la libertad de expresión y asociación ya que «son una herramienta básica para identificar y proteger de los abusos de los derechos humanos por parte de compañías privadas».

Los expertos destacaron que administraciones y tribunales tanto locales como nacionales han probado la contaminación del agua y el aire, así como otros tipos de degradación ambiental relacionados con la actividad de la planta.

En este sentido, los expertos exigieron a las autoridades que tomen las medidas necesarias para mitigar la contaminación y garantizar el acceso a agua potable y a los servicios sanitarios.

Asimismo, solicitaron al Gobierno indio que tome las medidas necesarias para asegurar que todas las empresas respetan la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos y contaminación.

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