Tegucigalpa.- La más reciente declaración del secretario general de la OEA, Luís Almagro, en el sentido que uno de los propósitos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) es dejar blindado al país en contra la corrupción mediante el fortalecimiento de sus instituciones, es un claro mensaje que la presencia de este organismo apuesta a dejar huellas en un país que afanosamente intenta poner un alto a la ilegalidad.
En declaraciones ofrecidas en San José, Costa Rica, en el marco de una visita oficial a ese país, Almagro dijo que la MACCIH aspira a que Honduras sea capaz a ser auto sostenible y ampliamente fortalecida en sus instituciones para juzgar a los corruptos y corruptores.
Almagro ha insistido en que su presencia en el país no será decorativa y que vienen a apoyar a fondo las iniciativas de lucha anticorrupción. Su esperanza y fortaleza es sin duda el Ministerio Público, la pieza clave por donde pasarán todas las acciones judiciales que se emprendan y retomen en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad.
En este sentido, el fiscal general, Óscar Chinchilla, ha reiterado que esa institución dará todo su apoyo a la MACCIH y que su gestión se caracterizará por dar resultados concretos a la sociedad en cuanto el cese a la impunidad. Chinchilla tiene ante sí dos casos emblemáticos tanto para él como para la misma MACCIH: El Seguro Social y el caso de la Secretaría de Salud, por citar algunos ejemplos.
¿Qué genera la llegada de la MACCIH a Honduras el próximo lunes?
— Proceso Digital (@procesodigital) febrero 20, 2016
Pero también la lucha contra la corrupción enfrentará los casos en que se han visto implicados altos funcionarios de los gobiernos locales y lo que se ha convertido en una demanda colectiva de justicia vinculada a la inconclusa depuración policial.
Esa lucha no será fácil dado los niveles de erosión en que se encuentra la institucionalidad hondureña, pero el gobierno del presidente Hernández parece haber llegado al convencimiento que es ahora o nunca la coyuntura para aplicar las cirugías que el país amerita para no caer al borde del colapso institucional.
Voluntad política a prueba
La presencia de la MACCIH es una prueba de esa voluntad política que como aseguró Hernández permitirá al país caminar por el camino de una mayor transparencia, esfuerzos que irán acompañados de reformas institucionales en el sector justicia y en el ámbito de lo político electoral.
Una de las acciones contempladas entre los objetivos de la MACCIH es aprobar una figura legal para extraditar a personas vinculadas a casos de corrupción, misma que deberá ser aprobada por el parlamento hondureño pues ameritará reforma constitucional para agregar ese componente a la figura de extradición ya existente por casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
Las líneas de acción más relevantes de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad son la de seleccionar, asesorar, evaluar y certificar a un grupo de fiscales y jueces hondureños que investigarán y ejercerán la acción penal contra casos que involucran redes de corrupción.
Marco regulatorio contra la corrupción
Asimismo, establecerá un grupo de jueces, fiscales y expertos internacionales de renombre y alto reconocimiento internacional, quienes proveerán acompañamiento, asesoramiento, supervisión y/o evaluación a las entidades del sistema de justicia hondureño.
La MACCIH, además, facilitará la creación de un marco regulatorio para el combate a la corrupción en el sector privado, es decir, la lucha será integral.
Para que sus funciones sean exitosas, el convenio suscrito entre el gobierno de Honduras y la OEA que da vida a la MACCIH señala que ésta tendrá pleno acceso a información, documentos oficiales, bases de datos, registros públicos y archivos para acompañar activamente la investigación y persecución de casos que involucren redes de corrupción.
A su vez estará atenta a denuncias de corrupción y dará seguimiento a aquellas relacionadas con casos ya objeto de investigación en colaboración con las autoridades nacionales pertinentes. La MACCIH se reserva el derecho a retirarse en caso de que los compromisos contraídos por las autoridades nacionales no sean plenamente cumplidos.
De acuerdo a los analistas, uno de los mayores reconocimientos que precede a la instalación de la MACCIH, a partir del 22 de febrero de este año, es la decisión política del gobierno en aceptar que el sistema de justicia está debilitado y carente de confianza y credibilidad.
La llegada de la MACCIH se produce justo cuando el parlamento acaba de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia en medio de fuertes controversias que llevó al parlamento a utilizar por primera vez el voto secreto para elegir a los magistrados, como señala la Constitución cuando no existe acuerdo sobre la nómina de postulados.
Bajo ese desafío es que se instalará en el país la MACCIH de la mano de un equipo internacional que ha prometido cumplir el objetivo de la OEA: devolver la confianza en Honduras.
