Tegucigalpa – A criterio del excomisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, existe un falso dilema vital sobre el derecho a la salud de las personas y la reapertura económica que plantea una situación de aparente tensión, en la vida social, entre las dimensiones sanitarias y económicas de la emergencia nacional, por COVID 19 y dengue y su empeoramiento por las tormentas Eta y Iota.
En su reflexión, el defensor de DDHH, asegura que la realidad nacional e internacional demuestran que la economía y todas las demás dimensiones del bienestar, se mueven por y en función de la gente, y si no se protege la salud de toda ella: la vida integral del Estado y de la sociedad, resulta dañada y vulnerado el Estado democrático de Derecho.
Continuó que la solución democrática, a esa situación real, requiere responder a las necesidades esenciales de todas las personas, en particular de las pobres o en situación de discriminación y exclusión social.
Para ello -externó- hay evidencia histórica y certeza de que el problema, en Honduras, requiere centrarse en el cumplimiento de las obligaciones principales del Gobierno Central y los gobiernos municipales, poderes del Estado y otras entidades públicas.
A lo anterior hay que agregar la actitud ciudadana de las personas en materia de solidaridad real y efectiva en el cumplimiento respectivo de sus deberes humanos y de las responsabilidades legales y éticas individuales en el servicio público al cual sirven o en organizaciones sociales o del sector privado, en donde trabajan, defienden o siguen sus intereses grupales.
Herrera Cáceres demandó que se continúe la reapertura de la economía con la comprensión y actitud solidaria de la sociedad y el Estado, dando la prioridad al derecho a la salud y a la vida, y a todos los derechos humanos de los trabajadores, de los consumidores, de las comunidades y de todo el pueblo que tiene también el derecho al desarrollo, al medio ambiente sano y a la resiliencia frente al cambio climático.
Enfatizó en la reapertura económica y social progresiva hacia la reconstrucción sostenible y transformadora de Honduras.
Exigió que la población pueda obtener los productos de bioseguridad o protección del contagio y del acceso a las pruebas; de la mejora del sistema de salud; de la vacunación de toda la población que la necesita; y, en su caso, de los medicamentos y tratamiento que se requieran por los enfermos; así como de la reparación e indemnizaciones correspondientes a las familias, en caso de muerte, salvo cuando ese desenlace se haya debido a la indolencia de las personas o a su negativa a seguir las medidas de bioseguridad, vigilancia, vacunación o tratamiento.
Dijo que la voluntad política debe estar a la altura de la responsabilidad de las personas como servidores públicos o de su desempeño como ciudadanos, en actividades independientes, de organizaciones sociales o empresariales, incluyendo las académicas y religiosas, en suma, la de todas y todos los habitantes de Honduras.
Concluyó que en la actual emergencia nacional y en el inicio de la reconstrucción nacional, el verdadero, central y evidente problema es el cumplimiento auténtico del Estado de Derecho por quienes se desempeñan en el Gobierno y conviven en la sociedad.
JS
