La deuda pública es un elemento de enorme peso en las finanzas públicas, de un monto enorme y de gran impacto en las capacidades y limitaciones de la acción gubernamental. Tiene como componentes principales la deuda externa (por préstamos concesionales bilaterales o multilaterales, comerciales o emisiones internacionales) y la deuda interna (a través de emisiones locales). Cada uno de estos métodos tiene desafíos y ventajas especiales que deben ser objeto de debate público.
El monto total de la deuda es de aproximadamente 14,600 millones de dólares (US$), de los cuales un 60% corresponde a la externa y el 40% restante a la interna. Como proporción del tamaño de la economía (Producto Interno Bruto, PIB), la misma ha ido creciendo gradualmente acercándose a un 50% del valor del PIB (la fuente es el informe cierre 2018 del Departamento de Gestión de Deuda y Riesgo).
La deuda externa concesional es el elemento más grande. Suma casi US$ 5,000 millones y paga una tasa de interés promedio de un 2.5%. Existe una ventaja importante de pagar una tasa de interés baja, pero tiene algunas limitantes y desafíos asociados. El acceso a estos recursos es limitado, y muchas veces vienen con obligaciones onerosas y/o una formulación no adecuada a la realidad nacional. Las organizaciones que conceden estos prestamos tienen una agenda y una realidad propia específica que no necesariamente coinciden con el interés patrio.
El segundo componente externo significativo (la deuda comercial externa es relativamente pequeña) es el de las emisiones externas de bonos. Hay colocados US$ 1,700 millones en dos emisiones del 2013 (10 años al 7.5% y 7 años al 8.75%) y una del 2017 (10 años al 6.25%). Llama la atención que el rendimiento (cupón) a pagarse por la última emisión es menor, reflejando que lo contraído anteriormente tiene un costo muy alto y una mejora en la calificación de riesgo del país.
Estos bonos tienen estabilidad en su precio con respecto a su valor nominal (los primeros tienen uno más alto, derivado de su mayor rendimiento). Para lograr mejores rendimientos sería necesario mejorar esta calificación, que en parte depende del manejo prudente del endeudamiento.
La deuda interna tiene un costo real mayor. Como promedio, se está pagando una tasa efectiva de casi el 10% (servicio y comisiones de US$ 440M sobre una deuda de US$ 4,513M). Por tanto, este endeudamiento es bastante caro. Tiene la desventaja adicional de que absorbe limitados recursos nacionales que se podrían destinar a la actividad productiva, y causa una presión para que suban las tasas de interés. Tiene la ventaja para el estado de denominarse en lempiras, protegiéndola de los efectos de la devaluación.
Las emisiones de bonos locales se hacen con dos formas distintas de cálculo de rendimiento, siendo esta un monto fijo porcentual o variable sumándole a una base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual. Los rendimientos de los de monto fijo aumentan según el plazo (para las emisiones del 2018 iban desde 7.85% para tres años hasta 11% a 15 años). Para los de tasa variable el interés es inferior al 9%, aun a 15 años. La inmensa mayoría de la captación es con rendimiento fijo (91%), reflejando una política de mitigar el efecto de una potencial inflación futura elevada.
Basado en esta información, creemos que procede estudiar y tomar una serie de medidas para posiblemente mejorar nuestra posición. Es importante abrir un debate público sobre los alcances y manejo de la deuda para asegurar recoger las ideas y aportes de todos los sectores y así construir una política consensuada.
Una de ellas es conseguir préstamos concesionales de consolidación de deuda con el fin de sustituir parcialmente las emisiones de bonos. Esto logra el beneficio de estos préstamos (intereses bajos) sin tener el riesgo de invertir en proyectos ineficientes con costos ocultos. Para esto sirven las alianzas estratégicas con aliados extrarregionales. Nosotros debemos dar prioridad a consolidar con ayuda de gobiernos o instituciones multilterales afines.
Otra idea es evitar endeudar al país con proyectos propuestos por los organismos internacionales sin un debate público y análisis profundo. A la ligera se suscriben convenios de endeudamiento con instituciones cuyos funcionarios tienen como incentivo principal el colocar dinero y no el que los proyectos sean rentables a largo plazo. No podemos depender de un freno de los organismos de crédito internacional para evitar imprudencias; nos compete a nosotros.
