Madrid – La oposición conservadora española presentará este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra el gobernante Partido Socialista por presunta corrupción relacionada con comisiones ilegales en la venta de mascarillas a administraciones públicas durante la pandemia.
La secretaria general del Partido Popular (PP), Concepción Gamarra, lo justificó este domingo debido a «la extrema gravedad» de los hechos, que salpican directamente al exministro socialista de Transportes y diputado José Luis Ábalos.
La derecha acusa a los socialistas de delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en un caso con varias ramificaciones.
La proceso que afecta a Ábalos se remonta a denuncias sobre una trama que se benefició de la venta de mascarillas durante la pandemia y que envolvía a Koldo García, un asesor del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista, además de persona de la máxima confianza del jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.
La dirigente opositora de la derecha se refirió a informaciones periodísticas y a otras que aparecen en una investigación de la policía judicial y volvió a pedir hoy la dimisión de Sánchez.
A la vista de lo que se está conociendo, según Gamarra, y si se unen «todos los puntos de la corrupción aparece la cara de Pedro Sánchez», argumentó.
Además, el partido de extrema derecha Vox anunció una denuncia en el Tribunal Supremo contra la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por los contratos de mascarillas aprobados cuando ella era jefa del gobierno regional de las islas Baleares.
El asunto ha crispado aún más la política española, con acusaciones y duras críticas entre la oposición de conservadores y extrema derecha y la izquierda gubernamental.
Sánchez, que en 2021 cesó a Ábalos de sus cargos en el Gobierno y la Ejecutiva socialista, aseguró el viernes pasado que «no va a haber impunidad. Quien la haga, la paga».
Este caso volvió a incluir en la agenda política española la polémica reunión que mantuvo Ábalos en el aeropuerto de Madrid en enero de 2020 con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.
En aquel momento, el Ejecutivo español afirmó que la gobernante venezolana no había salido del aeropuerto y, en consecuencia, no podía considerarse una violación de la directriz comunitaria.
Sánchez reconoció que el exministro le informó de la «visita privada» de Rodríguez, pero que cuando el Gobierno se percató de que había sanciones que la impedían pisar suelo europeo se canceló esa visita. EFE
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