Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre), se ufana en decir que las calles le pertenecen, que ahí nació y que ahí luchó por un país distinto, menos corrupto y más transparente. Abrazó la bandera anticorrupción como propia y prometió traer al país una misión internacional anticorrupción en sus primeros 100 días de gobierno. Esa promesa fue la CICIH, pero al término de tres años, la misma no llegó, sigue en pausa permanente y las calles que antes la pedían, ahora lucen desoladas. La iniciativa ya no es opción para un partido que intenta venderse como “tierno y familiar”.
En su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro, la primera mujer en asumir el poder en Honduras, no dudó en esbozar en su discurso que la llegada de la CICIH sería una realidad en sus primeros 100 días de gobierno, la comunidad hondureña anticorrupción recibió con esperanzas ese anuncio, dado el último de corrupción dejado por la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, y la decisión de las élites políticas de desmantelar la misión internacional de lucha contra la corrupción conocida como la MACCIH.
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Pasaron los 100 días de la administración de Castro y el tema de la CICIH no se movía en la agenda gubernamental, las presiones de instancias civiles anticorrupción comenzaban a aflorar y en diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro anuncia que viajará a las Naciones Unidas para entregar al secretario general, Antonio Guterres, una propuesta para instalar la misión internacional y se suscribe un memorando de entendimiento. Las esperanzas nuevamente florecieron.
Las Naciones Unidas destacaron una misión exploratoria que vino al país para evaluar las condiciones de cara a la instalación de la CICIH. Meses más tarde trascendieron los resultados de esa misión exploratoria y los puntos que ponía Naciones Unidas para el éxito de la misión: independencia, autonomía, reformas legales, derogación de leyes que obstaculizaban la lucha anticorrupción, garantías de un trabajo sólido a favor de la transparencia y contra la impunidad. Naciones Unidas objetaba acciones hechas por la administración de Castro como el decreto de amnistía política o pacto de impunidad 2.0 porque contravenía la lucha contra la corrupción.
Las primeras incomodidades del gobierno salieron a la luz pública al trascender el informe de la misión exploratoria y las fases por ellos identificadas para la instalación de la misión internacional. Terminó el 2022 y entrando el 2023, el tema de la CICIH siguió instalado en la agenda mediática, el gobierno anunciado en enero quienes serían sus negociadores: el canciller, Enrique Reina, el procurador de la república, Manuel Diaz Galeas, la entonces ministra de finanzas, ahora de defensa y candidata presidencial, Rixi Moncada, y la asesora gubernamental, Mayra Mejía.
Causó extrañeza que el entonces titular de la Secretaría de Transparencia, el exfiscal del Estado, Edmundo Orellana no formara parte de ese equipo negociador. Orellana renunció con el tiempo al no aprobarse en el gobierno una estrategia nacional de transparencia y anticorrupción impulsada por esa dependencia y ampliamente socializada a nivel nacional. Orellana dijo recientemente que la CICIH no vendrá al país ni “en este ni en futuros gobiernos, porque no existe voluntad política real para traerla y combatir la corrupción y la impunidad”.
La Secretaría de Transparencia nunca ha sido considerada por el actual gobierno como una dependencia clave en las negociaciones con Naciones Unidas para instalar la CICIH. En ese espacio intermedio de negociaciones, los borradores de un acuerdo de memorando iban y venían, entre el gobierno y las Naciones Unidas, el convenio de memorando se extendía y llegaba el 2023 sin que la misión anticorrupción tomara forma.
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Koriun Inversiones, una bofetada de impunidad
En esa lucha contra la corrupción apenas se vieron algunas señales de esperanza: la abolición de una ley de secretos que obstaculizaba el acceso a la información pública, la eliminación de la figura de fideicomisos, la derogación del fondo departamental—pero no de los subsidios y bonos ahora con otro nombre—reformas al catálogo de delitos de lavado de activos, entre otros. La Ley de Secretos regresó bajo otra figura: los decretos presidenciales declarando reservada información de interés público, entre ellos las negociaciones con la ONU sobre la CICIH. El Congreso Nacional, a su vez, siguió sin cumplir la otra promesa de Libre: derogar o reformar el actual código penal.
El impacto de no haber concretado las reformas penales se hace sentir con el reciente escándalo de Koriun Inversiones, una sociedad mercantil que se dedicó a estar a sus aportantes, y hoy tiene al Estado sobre las cuerdas porque el gobierno ha prometido una indemnización, a sabiendas que la empresa actuó al margen de la ley pues no era un ente autorizado para realizar captación de fondos a terceros y por ende no estaba regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Las autoridades han indicado que fue eliminada del actual código penal la figura de los delitos de captación irregular de fondos y por eso Koriun Inversiones no pudo ser acusada penalmente. Sostiene que lo que hubo fue una estafa y su gerente está acusado del delito de lavado de activos. Por ser fondos privados, el gobierno tiene prohibido usar recursos públicos para resarcir a terceros, máximo si Koriun Inversiones operaba al margen de la ley. El gobierno busca cómo mediante un proyecto de ley legitimar un ilícito, que a la larga sería un hecho sin precedentes y una bofetada a la lucha contra la corrupción.
Bofetada que sacude a sectores que vienen demandando la instalación de la CICIH. Una de ellas ha sido la instancia civil Articulación Ciudadana que lidera la activista Gabriela Blen, que al cumplirse 10 años de la marcha de las antorchas que avivó el sentimiento anticorrupción en el país, hoy reclama que la propuesta de la CICIH no se haya cumplido en el actual gobierno.
Otras instancias que han demandado la misión internacional es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Foro Social de la Deuda en Honduras (Fosdeh), la Red por la Defensa de la Democracia, entre otras, ven con preocupación como la llegada de la CICIH se diluye y no parece concretarse en el actual gobierno.
La presidenta Castro, en septiembre de 2024, entregó un segundo borrador a las Naciones Unidas para que se instalara la CICIH, lo que se demostró una propuesta unilateral que seguía condicionando a la ONU para operar en el país una CICIH “a la medida” del partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre).
La ONU no ha respondido, sus mensajes subliminales han sido contundentes: independencia, autonomía, libertad para elegir a los integrantes de la misión, reformas legales, derogación de leyes que obstaculizan la lucha anticorrupción. La ampliación del término del memorando de entendimiento se sigue extendiendo, y el próximo está por vencer dentro de casi un mes.
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Responsabilidades no se delegan: Juan Jiménez Mayor
Han pasado más de 1,200 días y la CICIH no llega. La propuesta anticorrupción del partido que se ufana de haber surgido en las calles y de ser “tierno y familiar”, ya no es prioridad en la agenda gubernamental, el partido en el poder se prepara para retener el solio presidencial de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre para elegir un nuevo gobierno para los próximos cuatro años.
A fines de mayo, el gobierno de Castro se quedará sin negociadores, pues dos de ellos quedarán fuera del proceso: el actual canciller de la República, Enrique Reina, y la ministra de defensa, Rixi Moncada, pues ambos deben renunciar a sus cargos para correr, una, por la presidencial de la República, y el otro, para acompañarla en su fórmula presidencial.
En los tres años que se lleva en este discurso de promesas incumplidas, dos instancias civiles han presentado sendos informes sobre presunta corrupción en la actual administración relacionados con el primer anillo de poder de la familia presidencial y las opacidades con que se maneja el congreso nacional. Esas instancias son el CNA y la ASJ para quienes el presidente del Congreso Nacional ha pedido que “sean investigadas” para determinar cómo usaron los fondos que recibieron de la extinta agencia de cooperación internacional de Estados Unidos (USAID), por considerar—según Luís Redondo—que podrían haberse utilizado para “socavar” el gobierno de Castro y ese otro poder del Estado.
Las autoridades de la Secretaría de Transparencia acusan a la oposición política en el parlamento de no ayudar a la instalación de la CICIH al no aprobar las reformas legales necesarias. El titular de esa dependencia, Sergio Coello, insiste en que “hay actores que decidieron bloquear la agenda para garantizar la transparencia y una lucha frontal contra la corrupción”. Espera, dijo, que se “restablezcan las conversaciones” con la ONU para retomar el tema de la CICIH.
No obstante, para el exjefe de la misión anticorrupción MACCIH, Juan Jiménez Mayor, los argumentos del gobierno hondureño no son válidos. En un post en su red social de X manifestó lo siguiente: «Los gobiernos deben dar cuenta a la población sobre sus aciertos, errores y fracasos. La responsabilidad no se delega ni se evade. La no instalación de la CICIH fue una promesa de la actual administración, incumplida por decisión propia. Lástima por Honduras».
Jiménez Mayor comparte así la percepción que empieza a tomar fuerza entre los hondureños: la CICIH no viene en este gobierno. Los tiempos no dan, los plazos, se agotan. Libre incumplió así su principal y trasversal promesa de campaña: traer la CICIH y batallar de frente contra la impunidad y la corrupción. PD
