Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El último Informe de Desarrollo Humano sobre Honduras, (IDH) presentado por el PNUD de Naciones Unidas, tiene como eje central el Estado de Derecho, la democracia, la justicia y la seguridad, tres pilares que representan enormes retos y, de cara a la elección de una próxima corte de justicia, la coyuntura es propicia para delinear el tipo de justicia y de democracia que anhela Honduras.
La elección de la próxima Corte Suprema de Justicia puede ser un parte aguas en materia de fortalecimiento institucional, su integración, inclusión y representatividad indicará si el rumbo de la justicia en este país centroamericano se encamina a estadios equitativos y esperanzadores, o mantiene el patrón de las cuotas de reparto que ha caracterizado a este poder del Estado desde que el país retornó formalmente a la democracia a inicios de los años ochenta del siglo pasado. La víspera no avizora muchas esperanzas.
El papel de la justicia en Honduras ha estado en permanente cuestionamiento, pero ha sido en las últimas dos décadas que su confianza y credibilidad ha estado de capa caída, pese a los esfuerzos institucionales de crear nuevos tribunales, digitalizar la información, impulsar figuras como los juzgados móviles, entre otros mecanismos que buscan generar certidumbre en la justicia hondureña.
Las sentencias y la calidad de las sentencias que salen de los tribunales o las cortes de apelaciones, además en su mayoría en casos relacionados con la corrupción, las redes de corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado o los relacionados con los temas laborales o de lo contencioso administrativo, lo que genera pérdida de credibilidad y confianza.
Se suma a estos reclamos, la llamada mora judicial, pues solo en casos de corrupción, la configuración de un proceso puede llevar desde ocho meses a cinco años.
El accionar de la justicia está ligado íntimamente a lo que se conoce como Estado de Derecho, entendido según las Naciones Unidas, como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.
Equilibrios democráticos y justicia
Según el IDH Honduras 2022, para que el Estado de Derecho se fortalezca, el afianzamiento de la independencia y la autonomía de las instituciones es fundamental para fortalecer los equilibrios democráticos y la protección de los sectores más vulnerables, cimentado en la certidumbre que representa la seguridad jurídica y la transversalidad del respeto y la garantía de los derechos humanos.
De esta forma, el Estado de Derecho no solo está ligado a la justicia, su independencia y credibilidad, también está íntimamente relacionado con la democracia, última que se encuentra en crisis a causa de la debilidad por la que transitan las instituciones de países como Honduras y otros del ámbito latinoamericano, según estudios del Latinobarómetro. Si bien los hondureños consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno, no están satisfechos con la calidad de lo que les ofrece esa democracia.
El acceso a la justicia es una de esas motivaciones, en vista que el país es considerado no solo uno de los más pobres y desiguales del mundo, también uno de los más inequitativos si de acceso a la justicia se trata.
Según el IDH Honduras, la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, donde exista efectivo control judicial de la constitucionalidad y la legalidad de los actos del poder público.
En el informe de desarrollo humano, las Naciones Unidas plantean los escenarios del país y señalan que la nación se encuentra envuelta en una multicrisis heredada pero también de hechos emergentes, en la coyuntura para dar un cambio sustancial hacia el Estado de Derecho que el país se merece y la ruta del desarrollo que se anhela. Se debe, indica el informe, pasar de la multicrisis a la transformación del Estado de Derecho con capacidades multidimensionales.
Las multicrisis en Honduras, de un tiempo para acá, han sido persistentes, advierte el IDH-Honduras 2022. Un ejemplo de ello, lo señala la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en su último reporte de conflictividad social, indica que, en los primeros seis meses de 2022, Honduras registró 318 conflictos sociales, en comparación con los registrados en el mismo período de 2021, que fue de 174.
Estado de Derecho débil, conflictos recurrentes
La mayoría de estos conflictos están asociados a la precarización en las condiciones de vida en materia económica y el incumplimiento en las obligaciones del Estado de proteger la vida, respetar los derechos humanos y asegurar la propiedad privada, destaca el informe de la ASJ.
En la categoría de Estado de Derecho se registraron 110 conflictos relacionados con la crisis del Congreso Nacional con dos juntas directivas, el decreto de amnistía política y los súper poderes otorgados a la Uferco que fue considerado inconstitucional.
La Cámara Legislativa aprobó recientemente una nueva Ley de la Junta Nominadora que tendrá a su criterio la evaluación y selección de al menos 45 postulantes para elegir la nueva corte de justicia. De esos 45 nominados, el Congreso Nacional escogerá 15 y aunque las expectativas sobre la nueva ley fueron altamente esperanzadoras, el Congreso, con el voto de la bancada del partido en el poder, Libre, y de los liberales, más otro de partidos pequeños, terminó aprobando una normativa que ha dejado más sinsabores que logros.
Muchos requisitos orientados a despartidizar la justicia fueron eliminados, la presión se centrará en la Junta Nominadora que hará evaluación y selección, pero con las manos atadas, sin mayor capacidad de autonomía e independencia, sostienen los analistas, al señalar que dependerá de la veeduría ciudadana y la presión social lograr que el Congreso Nacional de una Corte de Justicia más creíble, y no un poder judicial que represente más de lo mismo.
La suerte del Estado de Derecho que requiere y anhela Honduras dependerá de la cara de la nueva corte de justicia, insisten los expertos juristas, tras resaltar uno de los datos del IDH-Honduras 2022 al señalar que el Estado de derecho se ha debilitado sistemáticamente en los últimos 20 años, con crisis recurrentes de gobernabilidad que han afectado a la población, dañado la capacidad estatal de respuesta a las demandas sociales crecientes y desacelerado los avances en el desarrollo humano.
Sin un Estado de derecho pleno, eficiente y transparente, los grandes problemas estructurales del país difícilmente se podrán superar, conduciendo a un ciclo constante de crisis de ingobernabilidad, en un escenario complejo, difícil y volátil. Por eso, el Estado de derecho ha de convertirse en el fundamento principal de las grandes transformaciones de país, sentencia el Informe de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD de las Naciones Unidas en Honduras. (PD)
