Tegucigalpa- Lejos de la calma preelectoral, y un ambiente festivo para una fiesta cívica, el país se adentra en un ambiente de incertidumbre marcado por acusaciones cruzadas, pugnas institucionales y una justicia señalada de actuar con sesgo político.
-A 25 días de las elecciones: Honduras se sumerge en una tormenta política y judicial que amenaza la democracia.
A 25 días de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, Honduras vive uno de sus momentos más tensos y convulsos de los últimos años. Lejos de recobrar la paz y la tranquilidad que demanda un proceso electoral, el panorama nacional se torna cada día más incierto, entre acusaciones, contraacusaciones y decisiones judiciales que parecen avivar el fuego de la desconfianza ciudadana.
En medio de la incertidumbre, el pueblo se pregunta si realmente habrá elecciones y, de celebrarse, qué calidad democrática podrán tener en un ambiente donde la institucionalidad luce fracturada y la justicia parece haberse convertido en un arma política.
No hay tregua
En las últimas semanas, días e incluso horas, las sorpresas no han cesado. Muchos señalan que una justicia instrumentalizada apunta sus dardos contra opositores justo cuando el calendario electoral avanza sin tregua.
Uno de los casos más sonados es el de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien se ha convertido en blanco directo de su homólogo Marlon Ochoa y del Partido Libre. López fue acusada ante el Ministerio Público y expuesta públicamente por el propio fiscal general, quien divulgó audios cuestionados que la involucran junto al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano en un supuesto complot contra las elecciones. La consejera, en respuesta, interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, denunciando persecución política.
A esto se suma la controversia en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona, tras días de enfrentamiento interno por la negativa de su compañero Mario Morazán a integrar el pleno, decidieron sesionar con mayoría y tomar decisiones que se consideran clave para el desarrollo del proceso.
En una acción que ha encendido aún más las alarmas, el Ministerio Público solicitó un antejuicio contra ambos funcionarios, medida que muchos interpretan como un intento de deslegitimar al ente electoral en plena recta final hacia las urnas.
El ambiente judicial y político se agrava con el caso del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien también enfrenta investigaciones por parte del Ministerio Público. El portavoz de la institución, Yuri Mora, confirmó que el edil tiene varios delitos en su expediente.
Un Congreso Nacional inerte
Mientras tanto, el Congreso Nacional sigue paralizado y dividido: por un lado, una Comisión Permanente aferrada a su legitimidad; por otro, un pleno en autoconvocatoria que desafía la autoridad de la junta directiva. Entre ambos bandos, el trabajo legislativo continúa en punto muerto, reflejando una crisis institucional que parece no tener salida inmediata.
La oposición política ha cerrado filas contra lo que considera un abuso de poder, denunciando la manipulación de las instituciones del Estado. Juristas, analistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden en advertir sobre las ilegalidades que podrían estarse cometiendo bajo un esquema de institucionalidad cooptada por intereses partidarios.
Juicio o antejuicio justicia instrumentalizada
El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano Díaz, explicó que, dentro del marco del Estado de Derecho, es necesario distinguir entre antejuicio y juicio político. Recordó que, según el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, tanto los magistrados del TJE como los consejeros del CNE gozan de las mismas prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, indicó que el antejuicio no es el mecanismo aplicable, y que solo el juicio político es procedente en casos de denuncias graves por incumplimiento de la Constitución.
La gravedad de la situación ha llevado a organizaciones de la sociedad civil a presentar un llamamiento urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares para proteger la democracia, la independencia de los órganos electorales y los derechos políticos de los hondureños.
Diversos organismos de derechos humanos, colectivos ciudadanos e incluso sectores religiosos han pedido a la población mantenerse alerta ante lo que ya muchos califican como una crisis institucional con potencial de escalar.
Así, mientras el calendario avanza inexorablemente hacia el 30 de noviembre, Honduras enfrenta no solo una elección, sino una prueba crítica para su democracia y lastimosamente el país no encuentra la calma en medio de la gran incertidumbre que sigue frenando también el desarrollo económico del país. LB
