Tegucigalpa – Los alcaldes siguen en el centro de la atención en Honduras, tras el presunto involucramiento de varios de ellos en crimen organizado. En tanto, expertos prevén que informes relacionados con los juicios que se les siguen a hondureños acusados en tribunales estadounidenses, por narcotráfico y lavado de dinero, desencadenarán en el involucramiento y captura de otros alcaldes o ex jefes de gobiernos locales entre otros altos funcionarios públicos.
Desde hace, por lo menos, cuatro gobiernos hasta la fecha, en Honduras ha sido notoria y progresiva la deformación de la figura del alcalde municipal.
Tradicionalmente el alcalde se encarnaba en un ciudadano ejemplar, con sapiencia nata, líder, comprometido con su pueblo y respetado por todos.
Poco a poco, esa concepción ha ido quedando de lado y cada vez son menos los ciudadanos honorables que aceptan servir a sus ciudades y comunidades desde el cargo de alcaldes.
Actualmente, una importante cantidad de municipios son regidos por figuras poco tradicionales, ligadas a florecientes y repentinos negocios, potentados, dadores y asistencialistas; su solvencia económica les vuelve generadores de una prosperidad que deslumbra a los empobrecidos habitantes que ven en los “Robín Hood” locales, a verdaderos proveedores de los que dependen.
Muchos dirigen municipios tradicionalmente olvidados de la mano del Estado.
La incidencia del narcotráfico en Honduras, un país que desde 2006 se volvió estratégico y abundante en el transporte de cocaína y otras drogas que vienen del sur del continente hacia los Estados Unidos, fomentó el involucramiento de funcionarios públicos, incluidos jueces, policías, diputados y alcaldes. Miembros de sectores sociales privados también se han visto involucrados.
Pero las capturas y juicios contra alcaldes ligados a corrupción y otras formas de crimen organizado no han parado en los últimos años. La acciones han ido a la par del desmantelamiento de carteles del narcotráfico y la extradición de 10 barones de la droga mientras que otros tantos enfrentan juicios en los Estados Unidos al haberse entregado voluntariamente.
Del lado del poder local se han visto involucrados en acciones por corrupción exalcaldes de San Pedro Sula como Rodolfo Padilla Sunseri y Óscar Kilgore.
En tanto los alcaldes de Yoro, Jocón y Sulaco en el departamento de Yoro, Talanga en Francisco Morazán; Juticalpa en Olancho, Choloma en Cortés, y hace escasas semanas el edil de San Fernando en el occidental Ocotepeque, entre otros, enfrentan procesos por delitos que tienen que ver con diversas formas de criminalidad organizada, algunos de ellos guardan prisión mientras que otros permanecen prófugos de la justicia.
Entre los alcaldes acusados hay algunos señalados como jefes de bandas de sicarios; otros por lavado de activos, posesión ilegal de armas, tráfico de drogas y asociación ilícita entre otros crímenes.
En la mira
Las indagaciones actuales mantienen a por los menos 15 jefes edilicios en la mira de las agencias de investigación, han revelado fuentes ligados al sector fiscal.
Las capturas o juicios en estos casos podrían estar a la vuelta de la esquina han informado jefes de unidades estatales que desentrañan las operaciones de los jefes locales al margen de la ley.
En la última década, el involucramiento de alcaldes en actividades de crimen organizado ha sido visible en Honduras, reconoció el asesor presidencial Marvin Ponce en entrevista ofrecida a Proceso Digital.
Para este funcionario y miembro del izquierdista partido Unificación Democrática (UD), la falta de estrategias para controlar y transparentar el manejo y el origen de dineros en las campañas políticas es un factor vital que ha incidido en los niveles altos de impunidad con que operan los delincuentes en instancias de poder local.
Igualmente, dijo que otra vertiente que trasgrede la integridad, es el manejo que los alcaldes y otros funcionarios hacen de los recursos públicos, ya sean de origen nacional o que provienen de cooperantes internacionales.
Para Marvin Ponce, la falta de controles deriva en que recursos públicos se queden en cúpulas de poder y muchas veces sean malversados, sin llegar a su destino final a favor de la población.
Para el caso citó lo que ocurre en el Partido Anti Corrupción (PAC), el que no ha podido rendir cuentas sobre el manejo de sus fondos.
Destacó que una falla institucional se deriva del propio Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano al que, de acuerdo a la Ley, le corresponde vigilar el manejo de los fondos de las campañas políticas, no cuenta con mecanismos científicos para hacerlo.
“No existe institucionalidad para tener un control real relacionado al origen y manejo de los dineros en las campañas y eso es indispensable” arguyó Marvin Ponce.
Insistió en la vulnerabilidad del Estado frente a operadores de la política que quieren llegar al poder y en esa búsqueda, “son capaces de todo”, sostuvo.
La exigencia de rigor moral
En torno al tema, Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), es del criterio que los partidos políticos deben depurar la lista de candidatos a cargos de elección popular de cara a los procesos internos y primarios.
Rivera dice que queda claro que en el proceso electoral anterior, por ejemplo, son muchos los elegidos que no llenan el perfil de idoneidad para ser diputados o alcaldes, lo que hace reflexionar sobre la necesidad de que los institutos políticos sean más rigurosos al momento de seleccionar a las figuras que optarán para cargos de elección popular.
Está claro que si un alcalde o diputado tienen nexos con el crimen organizado tendrá un desempeño negativo, expresó el dirigente social.
Permeados
El fiscal general del estado, Óscar Chinchilla, ha sostenido que un sector significativo de organismos del Estado ha sido permeado por el crimen organizado.
Dijo que las investigaciones se mantienen en lo relativo a alcaldes pero también a otros sectores del poder público entre ellos el sector justicia, seguridad, legislativo, entre otros.
Las economías negras
Tras la desarticulación de dos carteles de la droga en el occidente y atlántico del país, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, admitió hace unos meses que una buena parte de la economía de este país ha estado impulsada por el dinero sucio del crimen organizado, un hecho para el que dijo, «ya no hay lugar».
El gobernante dijo que se trata de un efecto disperso del narcotráfico y del crimen organizado, en el que entre otros actores también participan algunos empresarios por acción u omisión.
La economía de Honduras experimenta, en este momento, un efecto relacionado con este accionar que provoca volver más lento el crecimiento dijo el presidente.
El vacío que deja la desarticulación de las llamadas economías sucias, es lo que provoca que algunos pobladores y grupos comunales protesten en las calles y participen en manifestaciones en defensa de alcaldes que están tras las rejas a la espera de ser juzgados.
Este respaldo, en parte, obedece a que estos “líderes” de una nueva oleada política en sus andanzas ofrecieron y llenaron vacíos institucionales abandonados por el Estado, pero que a ellos les permitió en cierta medida crear un falso espejismo de “legitimidad” local.
