Tegucigalpa – Las comisiones interventoras, que tuvieron un importante apogeo en la administración de Juan Orlando Hernández, han seguido el mismo camino en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro: depravar la función administrativa.
Las juntas interventoras son un recurso administrativo que dispone el Ejecutivo para situaciones de emergencia, la Ley General de la Administración Pública las contempla, pero a criterio del analista Raúl Pineda, tienen un periodo de eficiencia bastante corto.
Aunque estas intervenciones deberían ser temporales y reguladas, en Honduras se han convertido en una práctica recurrente y permanente.
A la fecha cinco comisiones interventoras han sido nombradas en los 20 meses de gestión de la administración de Castro. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Dirección General de Servicio Civil, hoy elevada a Administración Nacional del Servicio Civil (Ansec), fueron las primeras instituciones intervenidas.
El gobierno de Castro también recurrió a las interventoras para poner orden en el ingobernable sistema penitenciario nacional; en el Sistema Nacional de Emergencia y en la Dirección de la Niñez; y en la Familia (Dinaf), elevada a Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), en el último Consejo de Ministros.
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Instrumentos de limpieza
El analista dijo a Proceso Digital que, si bien los interventores pueden tomar medidas extraordinarias, básicamente la suspensión del titular de las dependencias intervenidas y la de los empleados, “lamentablemente en nuestro país se ha abusado de este tipo de recursos y se les ha dado más vigencia”.
Por ejemplo, en la OABI fueron nombrados por un año para revisar los procesos internos sobre las incautaciones y aseguramientos, así como las subasta y venta de bienes.
En Servicio Civil, el tiempo estipulado de seis meses, a los interventores se les encomendó el orden, luego que se registraron una serie de protestas y supuestos abusos.
Desde el pasado 9 de febrero la comisión integrada por Sergio Coello, Amable de Jesús Hernández y Leny Ordóñez, fue oficializada con la publicación en La Gaceta por un periodo de trabajo de seis meses prorrogables y con la tarea de presentar un informe final con recomendaciones para solventar la problemática.
Como menciona Pineda, el tiempo se extendió más allá del establecido y a finales de agosto se anunció que la Comisión interventora se extendió un mes más con la liquidación que da paso al órgano desconcentrado.
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En el 911 se nombró una interventora por una duración de un año, que comenzó su trabajo el 1 de marzo de 2023, y podrá ser prorrogable.
Igual tiempo se le dio de plazo a los militares pero en los 25 centros penitenciarios que hay en el país. En este caso, el control absoluto de las cárceles es efectivo desde el pasado 1 de julio del presente año.
En el caso del sistema penitenciario hondureño, el gobierno nombró dos juntas interventoras; la primera estaba dirigida por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, pero tras la matanza de 46 mujeres en el penal femenino fue destituida y en su reemplazo entraron los militares.
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Pineda señaló el hecho de que ninguna interventora ha hecho un informe pormenorizado de cuál ha sido el resultado de la intervención, es más, criticó “se han convertido en un instrumento para despedir personal y para favorecer amigos”.
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“En el fondo se ha depravado la función de la intervención que es una actividad administrativa excepcional y aquí se ha convertido en un recurso de aplicación ordinaria”, aseveró tras agregar que hasta este momento “no conocemos ninguna junta interventora que haya generado un efecto positivo y transformador en la institución intervenida”, consideró.
“Lamentablemente en Honduras no se ha querido ordenar la administración del Poder Ejecutivo, somos el país de Latinoamérica con más secretarías de Estado, creo que pasan de 40 y la administración sigue siendo compleja, engorrosa, lenta porque se han superpuesto atribuciones a diferentes dependencias”, criticó.
Pineda estimó que perfectamente podría tenerse un comisionado de derechos humanos, pero hay que hacer una secretaría de ese ramo y crear igualmente una fiscalía de derechos humanos, “esa repetición solo ha servido para darle trabajo a los amigos con sueldos que no son precisamente modestos”.
Aunque, Pineda hizo un apartado en el caso de la intervención realizada por la Policía Militar del Orden Público a las cárceles hondureñas, donde el tema de las reyertas ha tenido una notoria pausa.
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Debilitamiento estatal
Carlos Hernández, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), coincide con Pineda al señalar la designación de funcionarios basada en afiliaciones políticas en lugar de capacidades y habilidades.
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Hernández enfatizó que la falta de resultados en la gestión pública se debe a la presencia de individuos incompetentes y mediocres en cargos directivos.
Según él, cuando personas sin habilidades ni conocimientos adecuados asumen la dirección de una institución, es inevitable que no se logren los resultados esperados.
Limpieza de evidencias
En entrevista a Proceso Digital, Gabriela Blen, de Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), recordó que estas juntas interventoras solo se deberían implementar en situaciones en que la institución falla completamente, pero contrario a eso, dijo “el Estado estaría admitiendo que es incapaz, a través de sus instituciones de gestionar las mismas”.
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Blen también señaló la erogación de fondos que representan estas juntas, “no han venido a brindar soluciones y la historia lo ha demostrado, al contrario, han venido a entorpecer los procesos y las investigaciones”, manifestó.
“Las interventoras, poco o nada hacen, no tienen la capacidad de acción penal, no pueden llevar estos casos de manera penal”, dijo, al tiempo que indicó la importancia de adecentar el Ministerio Público para fortalecer la institucionalizad. VC
