Tegucigalpa – La Policía Militar de Orden Público (PMOP), recién estrenada en sus nuevas funciones de manejo de las cárceles en el país, acumula las primeras denuncias de abuso contra los reclusos y ahora contra sus propios subalternos, donde el protagonista de los hechos ha sido su comandante, el coronel José Muñoz, un militar recio de mirada fría y desafiante, a quien no gustan la «chiquilladas», y atribuye al estrés sus últimos exabruptos.
Unos audios filtrados en los cuales se escucha al coronel Muñoz reprender, intimidar y amenazar de forma inusual a uno de sus subalternos cuando llegaban al penal de Comayagua, a aplacar un intento de reyerta, llevaron al militar a aceptar que era su voz, que cometió una imprudencia y que se equivocó en sus expresiones.
“Fue una imprudencia mía, mis disculpas a la presidenta (Xiomara Castro) que me puso aquí, me equivoqué al verter esas palabras…no quiero justificar, pero es fuerte el estrés (que vivimos) con esto”, dijo Muñoz en declaraciones a medios locales de prensa.
El antecedente, según detalló, es que cuando llegaron con unos 70 efectivos de la PMOP a la cárcel de Comayagua, él instruyó a sus subordinados a que colocaran sus fusiles en las espaldas, que solo iban a llevar al frente los toletes, para evitar provocaciones o incidentes, “pues nos recibieron con más de mil piedras”, dijo.
El subalterno a quien reprendió y amenazó, no fue identificado por el militar “porque es intrascendente para mí”, afirmó, tras retomar el diálogo con la prensa e indicar que ese policía militar se le rebeló por la orden dada. Eso no se puede permitir, “esa respuesta no se le da a un comandante, no se le da a un coronel”.
Fue cuando Muñoz le preguntó de dónde era, que averiguaran quién era su familia, toda su parentela, qué hacían y dónde estaban, por aquello de si eran “mareros”, dejó entrever. El alto jerarca militar reveló que el policía militar fue dado de baja deshonrosa y que “agradeciera” porque por su rebeldía lo que le esperaba era la cárcel, pero él ponderó que el militar tenía seis años de servicio con las Fuerzas Armadas y por eso no lo mandó a la cárcel.
Audio que involucra al jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
De la oración al estrés y el exabrupto
Esos audios que filtró—según Muñoz otro efectivo de la PMOP—pusieron en la cuerda floja ante la opinión pública al comandante de la policía militar que se había estrenado mediáticamente con el control de las cárceles, hincado en oración, invocando protección divina para que lo alejaran de la tentación del dinero mal habido, y jurando a pie juntillas el respeto por los derechos humanos.
El coronel en sus excusas y explicaciones ha dejado entrever poco manejo de la doctrina humanitaria y aunque ha pedido perdón público por sus excesos, vuelve al lenguaje duro inicial y en el caso de las cárceles asegura que tener el control de los 25 centros penitenciarios, en dos semana, es “algo perfecto para nosotros”.
Pero un informe de familiares de los reclusos y organismos humanitarios denuncia presuntos abusos de la policía militar desde que asumieron el control de las cárceles mediante torturas, toques eléctricos y extracción de uñas a los privados de libertad, un hecho que las autoridades de la PMOP y el mismo Muñoz han negado.
De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), en el primer semestre de este año, se registran un poco más de 193 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por la Policía Nacional y la PMOP en el marco del estado de excepción parcial de control a la delincuencia decretado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Las cárceles se encuentran dentro de esas denuncias de presuntos abusos.
En el caso del policía militar que fue intimidado y amenazado, el Conadeh ha pedido medidas cautelares y protección para él y su familia, ante la gravedad de las expresiones vertidas por el comandante de la PMOP, en tanto el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev) ha dicho que muchas de las denuncias de violaciones humanitarias en las cárceles son ciertas y ameritan ser investigadas a fondo, porque los privados de libertad—al margen de sus delitos—tienen derechos humanos que el Estado debe garantizar en cumplimiento de las convenciones y tratados internacionales.
La remilitarización de la seguridad
Las autoridades de la policía militar aseguran que tienen las puertas abiertas para las organizaciones de derechos humanos, y que, dentro de un mes, pueden invitarlas a entrar a los reclusorios pues se encuentran en una fase de transición y control total de las cárceles para evitar ponerles en riesgo. Han denunciado que solo en la cárcel de Támara, se movían un promedio semanal de 10 millones de lempiras producto de transacciones derivadas del crimen organizado, en especial tráfico de drogas.
El comandante de la PMOP, el coronel Muñoz ha reiterado que en los reclusorios del país no hay “angelitos”, que no será fácil desmontar sus estructuras y calificó lo ocurrido en el presidio de Comayagua como una “chiquillada de vagos” que no permitirá que vuelva a suceder, afirmó.
La PMOP dentro del estado de excepción parcial que por más de seis meses ha decretado el gobierno, tiene también el control de zonas territoriales en donde trasiega la droga del narcotráfico, como parte del poder que se le ha dado a los militares y de la remilitarización de la seguridad que impulsa la administración de la presidenta Castro.
La seguridad sigue siendo uno de los talones de Aquiles del actual gobierno, donde destacan las masacres o muertes múltiples, al registrarse más de 25 en el primer semestre con al menos 140 muertos, aparte de la epidemia de femicidios que sigue imparable en el país y la barbarie ocurrida en la cárcel femenina de Támara donde murieron calcinadas y ametralladas 46 privadas de libertad sin que se sepan las motivaciones de fondo, ni los responsables más allá de las autoras materiales.
La matanza en la cárcel femenina de Támara fue la que dio pie para que la presidenta Castro retrocediera en su estrategia de desmilitarización de la seguridad y optara por entregar nuevamente el control de las cárceles a los militares, mismos que asignaron esta responsabilidad a la PMOP y su comandante el coronel Muñoz.
Los analistas dicen que la respuesta del gobierno ha sido una mano dura y remilitarización de la seguridad, como parte de una tendencia de los gobiernos de la región con políticas contra el terrorismo y la militarización que no son más que un retroceso en la democratización hacia cual debe avanzar la región.
Así lo plantea la socióloga y experta en temas de seguridad, Mirna Flores, en un análisis sobre la seguridad hecho para el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) al indicar, en el caso de las cárceles del país, que las condiciones en que se encuentran las mujeres y hombres privados de libertad no cumplen con los estándares internacionales ni con las normas vigentes para la protección de los derechos y la dignidad de las personas.
En ese sentido, Flores advierte sobre una tendencia del gobierno a fortalecer la militarización y el endurecimiento de las políticas penales y de seguridad pública, que va contra la reforma del sistema penitenciario.
De momento, la Policía Militar de Orden Público, pese las denuncias de abuso y violaciones humanitarias, sigue siendo el brazo fuerte en el cual descansa el poder ejecutivo para contener la violencia y el crimen organizado en las zonas calientes, más allá del estrés y las “chiquilladas” a las que se refiere su comandante, el coronel Muñoz, pues seguirán bajo la lupa pública. (PD).
