Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de sus dependencias inició este jueves una inspección técnica en el hospital móvil de Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.
La acción es ejecutada por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Equipo Biomédico.
Lo anterior, en seguimiento a las diligencias que se siguen en el denominado caso “Hospitales Móviles” y en razón que se tuvo conocimiento que los contenedores hospitalarios instalados en el occidente del país comenzaron a funcionar el 26 de junio pasado, casi siete meses después de su llegada a la ciudad de Santa Rosa el 31 de diciembre, dijo a Proceso Digital el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo.
Detalló que los fiscales, personal biomédico y agentes de los Departamentos de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y Patrimonial y de Procesamiento de Escena del Crimen de la ATIC, han verificado hasta el momento que se están utilizando las áreas de triaje y emergencia para pacientes ambulatorios con COVID-19 y que en las sala de Cuidados Intensivos (UCI), de hombres y mujeres hay una excesiva carga de pacientes que dificulta el acceso y atención en esos espacios.
Además, se constata que los ventiladores mecánicos presentan fallas y que las áreas de laboratorio, farmacia, lavandería y cocina están sirviendo de bodegas.
Igualmente, dijo que no funciona la morgue y la planta desechos sólidos.
Recordó que fueron siete unidades de atención médica para pacientes con COVID-19 que compró en los primeros meses de la pandemia el Estado a través de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), a un costo de más de 47 millones de dólares.
Por el caso “Hospitales Móviles”, el Ministerio Público acusó a Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, altos exdirectivos de INVEST-H, acusados por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude y quienes guardan prisión por este mega fraude.
En esta causa se imputó orden de captura internacional a Axel Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de cooperador necesario, el MP logró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenará el aseguramiento de 101 millones 777 mil 602 lempiras que equivalen a más de cuatro millones de dólares de las cuentas de la empresa Elmed Medical Systems propiedad del guatemalteco.
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