(Tomado de InsightCrime) – En este último año, las organizaciones criminales demostraron que representan una amenaza creciente para la democracia en América Latina y el Caribe, pues ejercieron una nefasta influencia sobre varias elecciones y situaciones políticas en toda la región.
Algunos grupos criminales amenazaron directamente o asesinaron a candidatos y funcionarios electos, lo que privó a los ciudadanos de su derecho a un gobierno libremente elegido y representativo. En otros casos, las redes criminales utilizaron la corrupción para manipular u obstruir las elecciones, y para doblegar a los gobiernos a su antojo, independientemente de la voluntad popular.
El crimen organizado también incidió indirectamente en las dinámicas políticas. Algunos dirigentes aplicaron medidas de mano dura contra la criminalidad. Estas medidas generan réditos políticos, pero a menudo son contrarias a los derechos humanos. Otros vieron su reputación manchada por acusaciones de vínculos con actividades ilícitas.
En un año en el que se celebraron importantes elecciones en más de media docena de países de la región, el crimen organizado demostró la magnitud de la amenaza que supone para la democracia. Algunos de los primeros indicios sugieren que la situación podría entrar en una espiral destructiva.
Interferencia directa
El ejemplo más evidente de la injerencia criminal en la democracia durante 2024 ocurrió en Haití, donde las pandillas desbancaron al Estado como poder dominante. Los grupos criminales forzaron la renuncia del primer ministro, intimidaron a una misión internacional de apoyo a la seguridad y desafiaron el retorno a la democracia.
México también fue testigo de una campaña sin precedentes de violencia criminal politizada en el marco de las elecciones más importantes de la historia del país, celebradas en junio. Para mantener la influencia política que facilita sus actividades ilícitas, los criminales asesinaron, atacaron y amenazaron a decenas de políticos en todo el país durante la campaña electoral. Hombres armados llegaron incluso a detener un vehículo en el que se transportaba la eventual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum.
La violencia no cesó aún después de las elecciones. A los pocos días de la posesión de Sheinbaum en octubre, el alcalde de una importante ciudad del suroeste de México fue decapitado, lo que supuso un macabro recordatorio de cómo el crimen organizado puede anular los resultados electorales.
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Ecuador comenzó el año aún conmocionado por el asesinato de un candidato presidencial a finales de 2023, relacionado con las bandas. A lo largo de 2024, los funcionarios públicos se encontraron cada vez más en la mira de estos grupos, que atacaron a alcaldes, concejales, jueces, fiscales y otras figuras políticas consideradas como posibles obstáculos para sus actividades criminales.
En enero, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de “conflicto armado interno” para enfrentar a las bandas y ha centrado gran parte de su campaña para la reelección en febrero de 2025 en sus esfuerzos contra el crimen.
En Guatemala, la influencia criminal en la política no se manifestó a través de violencia directa. En cambio, las redes de corrupción utilizaron medios legales para intentar impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asumiera el cargo en enero. Aunque el plan fracasó, estas redes han persistido en sus ataques mediante el terror judicial.
Impactos indirectos
El crimen organizado también impactó los procesos democráticos en 2024 de maneras más sutiles, pero igualmente significativas.
La migración impulsada y alimentada por el crimen organizado alcanzó niveles récord. La violencia criminal sigue desplazando a personas en toda la región, lo que a su vez alimenta el tráfico de personas, la trata y otras economías criminales a lo largo de las rutas migratorias.
La migración, así como el tráfico de fentanilo y otras drogas desde México, fueron temas destacados en la campaña presidencial de Estados Unidos que llevó a Donald Trump a ser reelegido en noviembre. Como lo ha hecho a lo largo de su carrera política, Trump aprovechó temores exagerados sobre los grupos criminales latinoamericanos para respaldar su agenda antiinmigración y asegurar su victoria.
En Chile, el crimen, frecuentemente atribuido de manera infundada a los migrantes, se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. El gobierno ha respondido con la implementación de enfoques punitivos, lo que ha generado inquietudes sobre posibles violaciones a los derechos humanos y podría ser contraproducente en la lucha contra el incremento real de la criminalidad en el país.
Argentina ha tomado una dirección similar, especialmente desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo a finales de 2023. Sin embargo, los expertos dijeron a InSight Crime que desplegar más soldados en las calles y encarcelar a más personas hará poco para debilitar el poder de los líderes criminales más peligrosos del país, que operan desde las prisiones.
En Uruguay, la creciente preocupación por el crimen organizado se tradujo en un consenso político en torno a políticas represivas. Esta dinámica se evidenció en el periodo previo a las elecciones presidenciales de octubre, en las que los principales temas fueron la criminalidad y la violencia.
En El Salvador, las políticas de mano dura contra el crimen fueron la columna vertebral de la reelección del presidente Nayib Bukele en febrero. Su partido también obtuvo una mayoría absoluta en el congreso, impulsada por el éxito de su represión contra las pandillas. Aunque la administración de Bukele ha golpeado a organizaciones que antes eran poderosas, las medidas extremas han suscitado importantes preocupaciones en materia de derechos humanos.
Y como analizaremos en otra publicación de esta serie de fin de año, dos presidentes vieron manchada su reputación por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se enfrentó a una tormenta política en septiembre, después de que InSight Crime publicara un video que implicaba a la primera familia en negociaciones de sobornos. El expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también fue objeto de críticas a principios de año, cuando revelamos que las autoridades estadounidenses habían investigado si su campaña presidencial de 2006 había recibido dinero de narcotraficantes.
Amenaza a la democracia
A medida que el crimen organizado se infiltra cada vez más en la política de América Latina y el Caribe y arrastra a las economías de la región, varios estudios recientes muestran que el apoyo a la democracia se está erosionando.
Estas tendencias parecen combinarse en una espiral de retroalimentación negativa. La pérdida de confianza en las instituciones democráticas las debilita y crea espacio para que prospere el crimen organizado, lo que erosiona aún más la democracia.
Pero los ciudadanos reconocen la amenaza. En 2024, por segundo año consecutivo, los encuestados en toda la región señalaron al crimen organizado como el principal riesgo político que enfrenta América Latina y el Caribe.
Como hemos mostrado en nuestro podcast y en nuestra cobertura de soluciones, la región está llena de ejemplos de ciudadanos que se unen para luchar contra el crimen organizado. La confianza en la acción democrática sigue siendo fuerte, a pesar de las amenazas a las que se enfrenta este sistema de gobierno.
En el próximo año, que marca nuestro aniversario número 15, InSight Crime seguirá destacando historias que muestran cómo el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado fortalece también la democracia.
