Tegucigalpa – Al menos 130 mujeres perdieron la vida de forma violenta entre el 6 de diciembre de 2022 y el 30 de abril del presente año, periodo en que Honduras ha estado bajo un estado de excepción decretado por el Gobierno, como medida para contener la ola delictiva que deja una mujer muerta cada 20 horas.
Una muestra de la impunidad con que operan los homicidas de mujeres ocurrió recién el 1 de mayo a escasos metros de las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia Kennedy de la capital hondureña. Karla Melissa Borjas Valenzuela (43) fue asesinada a balazos por sujetos desconocidos que le dieron persecución para quitarle la vida en la transitada vía, donde rápidamente llegaron los agentes de seguridad para acordonar la escena y agregar el suceso a los tantos que ocurren cotidianamente.
El estado de excepción que se ha prolongado cuatro veces -vigente hasta el 21 de mayo- no ha logrado detener el galopante crimen contra las féminas, incluso el denominado Plan Nacional de Solución Contra el Crimen, decretado el pasado 31 de marzo, tampoco ha permitido que las mujeres sigan perdiendo la vida en entornos de violencia.
Durante diciembre del 2022, el Observatorio de la Violencia (OV-UNAH), adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registró 23 muertes violentas de mujeres en diciembre, pero tres de estas, ocurrieron durante los primeros 5 días del mes, previo a la declaratoria del también conocido como toque de queda parcializado.
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En ese sentido, durante los restantes 25 días de diciembre, los primeros bajo el estado de excepción, la cifra de feminicidios y muertes violentas contra mujeres fue de 20.
El pasado lunes, la coordinadora del Movimiento Visitación Padilla, Merlin Eguigure, informó que, según los datos manejados por esta organización, un total de 110 mujeres han sido asesinadas durante los primeros cuatro meses del año. Con esta cifra, sumarían 130 las víctimas de feminicidios y homicidios contra el género femenino durante este periodo.
Estela de sangre
Una de las primeras muertes reportadas bajo el estado de excepción fue el de Yeni Hernández, quien murió junto a su esposo e hijo, durante una emboscada ocurrida en la colonia Felipe Zelaya del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.
Para esa fecha, 8 de diciembre, es decir, dos días después de la entrada en vigor de la suspensión de las garantías constitucionales, la Rivera Hernández era una de las 73 zonas sampedranas priorizadas bajo el estado de excepción.
La primera masacre de 2023 fue el escenario donde murieron tres mujeres afrohondureñas en Puerto Cortés; Cristy Fabiana Espinoza, Janaira Castillo y Ana Castillo. Esta ciudad fue sumada al estado de excepción en enero, durante la primera ampliación al PCM aprobado en Consejo de Ministros.
Para enero, el OV-UNAH registró 36 muertes en esta clasificación, mientras que, para febrero, registró una baja al cifrar en 22 muertes violentas o feminicidios.
Lo que dice el sondeo ERIC
En su boletín de Sondeo de Opinión Pública 2023 del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), publicado este martes, indaga sobre las muertes de mujeres en el país, el grupo que la población percibe como el más vulnerable.
Al consultar las razones de estos asesinatos que, a pesar de estar en un estado de excepción, siguen enlutando a las familias hondureñas, el 31.5 % cree que es por «vínculos con el crimen organizado, y el 25.3 % por el machismo y los celos, el 34.9 % señala directamente la responsabilidad en las víctimas.
La opinión del 14.6 % es que estos homicidios ocurren por culpa de ellas mismas y el 10.3 % afirma que el asesinato de mujeres es por andar en la calle.
El espacio público por un lado implica un peligro para las mujeres, y por otro lado refuerza el pensamiento patriarcal de que lo público es un espacio no apto para las mujeres.
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La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, destaca que más allá de las cifras, la saña con la que estas féminas han sido privadas de su vida es alarmante.
“El tema de los feminicidios requieren medidas radicales que lleven a tomar acciones concretas en los tribunales de justicia”, ha señalado por su parte Eguigure, que apunta a los altos índices de impunidad como un factor determinante para que los casos de violencia contra la mujer se incrementen.
Comparativo
Los registros del Observatorio de la Violencia indican que un año antes, durante el mismo periodo, es decir entre diciembre de 2021 y abril de 2022, el número de muertes violentas contra mujeres fue de 131.
Para diciembre, se reportaron 24 muertes clasificadas por el observatorio como feminicidios o muertes violentas contra mujeres, una cifra similar se registró en enero, mientras que para febrero esa cifra fue de 25 víctimas. En marzo y abril, el OV-UNAH reporta 29 muertes, respectivamente, es decir que 131 mujeres fueron víctimas de violencia o feminicidio en el mismo periodo, sin un estado de excepción.
Los tipos de violencia contra la mujer percibidos como más prevalentes por el OV-UNAH son: descalificación, humillación y ofensas (59 %); violencia corporal (58 %); ciberacoso (58 %); acoso callejero (57 %), acoso sexual (56 %) y violencia física disciplinaria contra las niñas (56 %).
Cuatro extensiones
El estado de excepción fue decretado bajo el Plan Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos durante un mes por el gobierno de Xiomara Castro y como mecanismo para contrarrestar diversos delitos, a través del PCM 29-2022, en 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula, el pasado 6 de diciembre de 2022.
Desde esa fecha, ha sido extendido durante cuatro ocasiones, el más reciente tiene vigencia hasta el 21 de mayo próximo.
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La primera vez tuvo una duración de un mes y era vigente para el Distrito Central y San Pedro Sula. Las siguientes ocasiones se ampliaron por un periodo más extenso, de 45 días también que además fue extendiendo hasta llegar a los 123 municipios del país en la actualidad.
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La medida le da la potestad a la Policía Nacional de detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes contemplados en el decreto.
Aunque no han dado un informe como tal, las autoridades del orden aseguran que esta medida ha permitido reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el último año; “la contracción más significativa en casi dos décadas”, destacó un comunicado de la Policía Nacional, liberado en ocasión de la cuarta extensión al PCM que dio vida a esta medida.
Además, el inspector general Wilmer Torres expresó a través de un foro matutino que la Policía Nacional espera que el estado de excepción se mantenga vigente, al menos, por el resto de 2023.
El rechazo a la medida que restringe varias libertades de los hondureños se ha escuchado en voz de varios sectores del país, como el expresado por diputados de varias bancadas en la más reciente ratificación que realizó el Congreso Nacional.
La exigencia de los parlamentarios fue una presentación de los resultados prometidos por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad. VC
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