Tegucigalpa – La lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras van de la mano, pero de un tiempo a acá, ese fenómeno comienza a tomar forma, a evidenciar sus diversas manifestaciones y dar rostro a sus protagonistas. Uno de esos actores que ha estado en el centro de esa vorágine es la Policía Nacional de Honduras, que, en medio de su proceso de depuración interna, sigue viendo como algunos de sus altos mandos han sido llevados ante la justicia.
Como todo proceso, la depuración policial debe ser permanente, los diagnósticos de los expertos internacionales antes de iniciar con esta profilaxis eran claros: esto va a durar al menos 15 años, no será de la noche a la mañana, ya que la impunidad y la corrupción, a la par de la criminalidad organizada, han erosionado la noble institución.
Hace cinco años quién iba a pensar que en la Policía Nacional un subcomisionado en retiro, un comisionado de policía y un comisionado general, serían señalados por presuntos ilícitos y llevados ante los tribunales de justicia, a tal grado que uno de ellos prefirió darse a la fuga desde hace más de un año, sin dejar pistas para que lo encuentren. O que otros oficiales intermedios estuvieran siendo juzgados en los tribunales de Nueva York por sus nexos con el narcotráfico y de los testimonios derivados de las cortes de justicia de esa nación del norte se puede dimensionar el nivel de penetración y poder que la criminalidad organizada llegó a tener en las estructuras policiales. Algunos de los oficiales señalados, incluso se jactaban en los medios de prensa de ser los primeros en sus promociones, mostraban los certificados de buena conducta y las estrellas que portaban, perfilándose como relevos “de futuro” de las cúpulas policiales.
El caso Sauceda
Hoy muchos de ellos negocian reducción de penas en los tribunales estadounidenses, mientras aquí, el Ministerio Público se aprestaba a generar también sus golpes tras pesquisas de años hechas a oficiales, activos, y en retiro, de la policía bajo la figura del lavado de activos. Todas esas acciones, directa e indirectamente han sido parte del proceso de depuración iniciado, aunque, el factor sorpresa, sacuda también a los depuradores.
El último caso ha sido el del comisionado general de policía, Leonel Sauceda, recién ascendido a uno de los grados más altos dentro de la estructura policial. El ascenso en la carrera de Sauceda parecía no tener tropiezos, pero una investigación de una unidad fiscal especial del Ministerio Público cambió su historia de éxito.
Leonel Sauceda.De trato amable, Sauceda había logrado granjearse enormes simpatías en diversos estratos sociales. Según el Ministerio Público, él no ha podido justificar cerca de 13 millones de lempiras. La Fiscalía le acusa de presunto lavado de activos, figura que es extensiva a su esposa.
La acusación ha sido entablada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración (UF-ADPOL), luego de una larga investigación de más de tres años y en el camino se ha ido descubriendo que Sauceda a lo largo de su carrera ha tenido denuncias por defraudación fiscal, abuso de autoridad y presunta extorsión, según trascendió en los tribunales.
Los informes han evidenciado que el proceso de profilaxis sigue inconcluso y obligan a replantear las estrategias y mejorar los filtros para evitar que los logros obtenidos hasta ahora se desmoronen sino se toman los correctivos del caso.
Los bienes muebles e inmuebles del comisionado general Sauceda han sido asegurados y pasados a poder de la OABI, el proceso deberá seguir su curso en la justicia, pero este golpe ha sacudido nuevamente a la Policía Nacional. Cuando salieron los reportes del New York Times que implicaba a altos miembros de la cúpula, en retiro, y otros oficiales activos en crímenes y otros ilícitos de corrupción y criminalidad organizada, también la institución sufrió un daño potente.
Los otros uniformados señalados
El Ministerio Público ha indicado que el trabajo de la UF-ADPOL en el caso del comisionado Sauceda es parte de un legajo de denuncias que interpuso en su momento la comisión depuradora para que investigara a la Policía Nacional.
Un tribunal de justicia, tras la audiencia de los imputados, determinó que Sauceda y su esposa deberán seguir en prisión preventiva, ya que el delito por el que se les acusa no es fiable y forma parte de un catálogo de delitos que no podrán gozar de libertad con medidas cautelares, aprobado por el Congreso Nacional hace muchos años.
Si el caso de Leonel Sauceda—por su investidura—ha sacudido a la policía nacional y a la depuradora misma, que se ha declarado sorprendida, otros hechos de lucha contra la impunidad han golpeado también a la institución. Uno de ellos es el del comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, investigado por presuntos delitos de narcotráfico, pero también por haber conformado o ser parte de una red de presunta corrupción que se dedicaba a cobrar sobornos por el traslado de ganado cuando estuvo al frente de la jefatura departamental de la policía en Choluteca en los años de 2012 al 2015.
Lorgio Oquelí.Oquelí Tinoco fue acusado por los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita, al momento de ser requerido por el Ministerio Público se desempeñaba en un cargo administrativo dentro de la institución policial relacionado con derechos humanos. Oquelí Tinoco ha sido acusado junto a otros policías, activos y depurados, entre ellos un subcomisionado que se encuentra en prisión preventiva en un batallón.
Los bienes de Oquelí Tinoco han sido también asegurados y la acusación en su contra se ha extendido también a su esposa y otra pareja sentimental. De la red que conformaba el comisionado Oquelí Tinoco, algunos de sus miembros han sido capturados, otros se mantienen prófugos. La policía asegura que lo buscan, que se iba a presentar con sus abogados, pero nada de eso ha sucedido, nadie sabe dónde está el comisionado.
El Ministerio Público logró la condena a otro de los otrora hombres fuertes de la Policía Nacional, el subcomisionado en retiro, Jorge Barralaga, sentenciado por delito de lavado de activos al no poder justificar una millonaria fortuna, así como movimientos de capitales por casi dos mil millones de lempiras.
Jorge Barralaga.Barralaga ha sido acusado junto a su familia, y uno de sus hijos se encuentra prófugo. Le han sido asegurados 235 bienes muebles e inmuebles, y la condena ha sido la primera que se da en contra de un ex hombre fuerte de la Policía Nacional hondureña. En el juicio contra el subcomisionado en retiro salió a relucir su relación con redes criminales ligadas al clan de los Pinto, los Valle Valle y al ex alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “chande” Ardón, último que rinde cuentas de sus andanzas en el narcotráfico en un tribunal de justicia en Nueva York.
En una relación de hechos vinculados a la depuración, ésta ha generado dinámicas propias en cuanto a su modelo de reestructuración policial con más de seis mil efectivos fuera, un proceso de tecnificación y de reforma en materia de formación y educación policial, pero de otro, como efecto colateral directo, el Ministerio Público ha venido poniendo el acento en la otra forma de depurar: la acusación penal donde los uniformados de la policía están enfrentando la justicia por sus bienes patrimoniales no justificados. Se prevén futuros procesos contra al menos 20 altos oficiales de las estructuras de mando por delitos de supuesto lavado de activos. La Fiscalía, trabaja así en desmontar las estructuras de impunidad dentro de la Policía Nacional.
