Las Fuerzas Armadas de Honduras son, sin lugar a dudas, una de las instituciones más antiguas y emblemáticas del país. Desde su origen formal en 1825, han sido llamadas a cumplir una misión clara: defender la soberanía, garantizar la paz y proteger el orden democrático. Esta noble tarea no nació ayer, ni depende de quienes hoy, circunstancialmente, dirigen la institución. Pertenece al legado histórico de todos los hombres y mujeres que han vestido el uniforme con honor, disciplina y compromiso con la patria.
Hoy, con el reciente pronunciamiento de la Junta de Comandantes en marzo de 2025, vuelve a surgir un tema que ya había sacudido la confianza ciudadana en el pasado. La resolución institucional no solo condena las críticas político-partidarias dirigidas a ciertas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que al hacerlo, proyecta a la institución militar como actor dentro de una disputa política que debería ser ajena a su rol constitucional.
La historia nos enseña que el involucramiento político de las Fuerzas Armadas siempre trae consigo un costo. Así ocurrió en 2009, cuando su participación directa en el golpe de Estado no solo marcó un quiebre institucional, sino que también dejó una herida profunda en la confianza ciudadana.
Hoy, la sombra de esos hechos vuelve a aparecer cuando se percibe que la institución puede estar actuando bajo intereses coyunturales, lejos de su papel neutral.
Pero es necesario hacer una distinción justa y clara. Las Fuerzas Armadas no son solo sus comandantes de turno. La verdadera fortaleza de la institución radica en cada oficial, cada coronel, cada brigada, cada soldado de base que, con lealtad y entrega, sirve al país desde sus filas.
La cadena de mando existe para garantizar la disciplina, pero la conciencia constitucional es lo que da honor y legitimidad a cada decisión que se toma.
El juramento que cada miembro de las Fuerzas Armadas realiza no es hacia un partido político, ni hacia un gobierno temporal. Es hacia la Constitución de la República y al pueblo hondureño. Es hacia la defensa de la soberanía, del orden democrático y de la paz. Ninguna coyuntura política puede ni debe desviar esa misión.
Es importante también reflexionar sobre cómo,en la última década, la politización de la seguridad y la militarización del debate público han contaminado el rol noble de la institución. Recordemos cómo en la campaña electoral de 2013, la presencia de la Policía Militar y la seguridad pública fueron utilizadas como banderas electorales. Hoy, la reciente resolución del alto mando corre el riesgo de repetir el mismo patrón, comprometiendo la confianza y el respeto que la ciudadanía debe depositar en sus Fuerzas Armadas.
Este llamado es una invitación, no una crítica vacía. Una invitación a los hombres y mujeres que conforman las bases, mandos intermedios, oficiales activos y en retiro, a recordar que la institución es más grande que cualquier circunstancia o liderazgo pasajero.
La reputación y legitimidad de las Fuerzas Armadas dependen de que sean vistas como garantes de la paz, no como actores de la política.
Honduras necesita instituciones fuertes, sí, pero sobre todo independientes y respetadas. La Fuerza Armada tiene la oportunidad histórica de reafirmar su compromiso con la Constitución, alejarse de la coyuntura política y volver a ser ese baluarte firme y neutral al que todos podemos mirar con orgullo y confianza.
Porque la verdadera grandeza de una institución no radica en sus símbolos ni en sus mandos circunstanciales, sino en la integridad y vocación de quienes la sirven. Como bien enseñaba Séneca: «El hombre noble es aquel que se gobierna a sí mismo, no por temor, sino por principios.» Y si el honor de un solo hombre es su virtud, el honor de toda una institución son sus principios encarnados por sus miembros.
Las Fuerzas Armadas hondureñas han escrito su historia con disciplina y valor. Hoy, tienen la oportunidad de seguir escribiéndola, pero, siempre desde la fidelidad a la Constitución y al pueblo, que es y debe ser siempre su único superior.
