Tegucigalpa.– Honduras no dispone de los recursos necesarios para atender una eventual deportación masiva de migrantes tras vencer el lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ha venido beneficiando a cerca de 60.000 hondureños en Estados Unidos, indicó una fuente oficial en Tegucigalpa.
«Hay preocupación, en primer lugar por cómo se les va a atender al momento de recibirlos. Evidentemente, el Estado no cuenta ni con la logística ni con el presupuesto ni con la institucionalidad para poderlo abordar», dijo a EFE la titular del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre.
Agregó que la situación es difícil incluso con los migrantes que van de paso, que están haciendo la ruta migratoria, y que «hay ausencia de institucionalidad para atenderlos con un trato de calidad y calidez».
«Es preocupante y nosotros haremos las recomendaciones pertinentes, como siempre lo hacemos como institución nacional de derechos humanos para ver de qué manera se puede abordar la deportación, el regreso masivo de compatriotas con un enfoque de derechos humanos», subrayó Izaguirre.
Señaló además que el Conadeh ha recibido muchas denuncias sobre atropellos contra migrantes en Estados Unidos y que, de hecho, con algunas organizaciones de sociedad civil o cooperación internacional, «tratamos de atenderlos dentro lo que el mandato nos permite y dentro de lo que se puede hacer».
Los migrantes hondureños en peligro de ser deportados llegaron a Estados Unidos después del paso devastador del huracán Mitch, a finales de 1998, y en 1999 fueron favorecidos con el TPS, sin que hasta ahora hayan podido conseguir su residencia en ese país.
Según testimonios de algunos adultos mayores beneficiados por el TPS, que sufren de enfermedades como cáncer, si llegaran a ser deportados a Honduras, vendrían «directamente a morir» porque el país no les garantiza un buen servicio de salud y los tratamientos que reciben en Estados Unidos «son caros».
El domingo, el canciller hondureño, Javier Bu, dijo al Canal 3, de la Corporación Televicentro en Tegucigalpa, que el Gobierno de Honduras lo que ha hecho es «apoyar a la comunidad tepesiana» y que todos los meses ha venido platicando con la Comunidad TPS en Estados Unidos, a través de diferentes formas, sobre la demanda que interpusieron contra la Administración de Donald Trump.
«Con ellos mantenemos contacto y mucho apoyo, se les brinda ayuda a nivel nacional en Estados Unidos a través de nuestros 19 consulados», añadió.
Pero según otros migrantes hondureños aglutinados en la Fundación 15 de Septiembre, el Gobierno que preside Xiomara Castro no ha sabido manejar el tema de los nacionales en Estados Unidos con el Gobierno de ese país.
Aseguran además que el régimen de Castro ha emprendido acciones que afectan a los migrantes, como amenazar a Estados Unidos con suspender un tratado de extradición que data del siglo pasado y revisar un acuerdo sobre la presencia de militares estadounidenses en la Base de Palmerola, en el centro de Honduras, además de expresar públicamente su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de narcotraficante.
Bu expresó que «lastimosamente» hoy se termina la vigencia de las licencias del Estatus y los permisos de trabajo de nuestros tepesianos, pero la lucha de ellos no termina ahí. Ellos siguen adelante esperando la audiencia del 18 de noviembre para ver qué va a fallar la juez en el juicio toral de la decisión del presidente Trump», sobre el fin del TPS.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. considera que «ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS» a favor de migrantes de Honduras y Nicaragua, los dos países centroamericanos más afectados por el huracán Mitch.
Además, el DHS asegura que en los dos países «ha habido mejoras notables» que «permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos», un argumento que ha respaldado la presidenta de Honduras, aunque los migrantes afirman que «al contrario, las condiciones empeoraron».
Según fuentes oficiales en Tegucigalpa, en Estados Unidos viven más de 1,5 millones de migrantes hondureños, que solo en 2024 enviaron alrededor de 10.000 millones de dólares en remesas familiares, monto que en opinión de algunos analistas, equivale al 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano. EFE/ir
