Tegucigalpa – Tegucigalpa – A menos de una semana del plazo legal, para la declaratoria oficial de las elecciones generales, Honduras se encuentra a la espera de la declaratoria definitiva en todos los niveles por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de garantizar la finalización del proceso electoral y dar paso a la transición de gobierno.
-Tras la declaratoria presidencial, el caos continúa: alcaldías y diputaciones aún sin definirse
Ya el 24 de diciembre el CNE dio el primer paso al declarar a nivel presidencial como ganador al nacionalista Nasry Asfura y futuro presidente de Honduras sobre sus contendientes el liberal Salvador Nasralla, la de Libre, Rixi Moncada, del Pinu, Nelson Ávila y el democristiano, Mario Rivera.
La incertidumbre se ha trasladado ahora a los niveles municipal y legislativo, donde aún no se reanuda el conteo de actas con inconsistencias, como manda la ley y que forman parte de la declaratoria general de parte del CNE.
El proceso electoral hondureño continúa atrapado entre retrasos y decisiones inconclusas que mantienen en vilo a la ciudadanía, pese a que el pueblo ya cumplió con su deber cívico y acudió de forma masiva y pacífica a las urnas el pasado 30 de noviembre.
El reloj avanza inexorablemente hacia el 30 de diciembre, fecha límite para emitir la declaratoria completa en los tres niveles electivos —presidencial, municipal y de diputados—, pero el proceso sigue empantanado por trabas administrativas, fallas técnicas, confrontaciones entre partidos y denuncias de boicot que han retrasado el trabajo de las juntas de verificación especial.
Tegucigalpa, el epicentro del conflicto
La mayor tensión se concentra en la capital, donde la disputa por la Alcaldía del Distrito Central sigue abierta. De un total de 2,441 actas, ya se han transmitido 2,433 (99.67 %), pero 492 actas con inconsistencias continúan pendientes de escrutinio especial.
El alcalde capitalino y candidato a la reelección por Libre, Jorge Aldana, cumple ya 18 días en una carpa instalada a las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), exigiendo el conteo “voto por voto” de todas las actas observadas. Aldana advierte que dejar actas fuera del proceso por falta de tiempo “pone en riesgo la transparencia y debilita la confianza ciudadana”.
Del otro lado, el aspirante del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, también se proclama ganador, asegurando que la ventaja es mínima —alrededor de 600 votos—, lo que vuelve aún más delicada cualquier decisión apresurada o incompleta.
Miles de actas en disputa a nivel de diputados
La preocupación crece al conocerse la magnitud del problema a nivel legislativo. Según el miembro del consejo consultivo del Partido Liberal ante el CNE, Víctor Alejandro Martínez, sólo en el nivel de diputados existen alrededor de 5,000 actas con inconsistencias a nivel nacional:
1,451 en Francisco Morazán, 1,376 en Cortés, 457 en Choluteca, 184 en Valle, 499 en El Paraíso, 271 en La Paz y 491 en Comayagua, entre otros departamentos.
Ante la falta de tiempo, se ha planteado elevar al pleno del CNE una propuesta para que el conteo de actas municipales y legislativas se realice bajo el mismo esquema aplicado al nivel presidencial, lo que implicaría que no todas las actas sean contabilizadas, una salida que genera alarma y profundiza la desconfianza.
La ley es clara: declaratoria el 30 de diciembre
El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, fue categórico: la declaratoria debe emitirse obligatoriamente el 30 de diciembre. Explicó que, aunque lo ideal es que todo esté resuelto antes, la ley permite que los asuntos pendientes y las impugnaciones se ventilen posteriormente ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el cual puede ordenar correcciones incluso antes de la toma de posesión.
“Los pendientes pasan al TJE. Si un fallo favorece a quien fue perjudicado, el organismo electoral está obligado a hacer las correcciones. Para eso se creó el tribunal”, subrayó.
Un sistema que vuelve a fallar
Mientras tanto, los escrutadores trabajan a medias en un ambiente marcado por ataques verbales, confrontaciones que ya han llegado a lo físico y presiones políticas, lo que expertos consideran parte de una estrategia para retrasar la declaratoria y prolongar la crisis.
La situación vuelve a desnudar las debilidades estructurales del sistema electoral hondureño, que elección tras elección repite los mismos vicios: improvisación, falta de planificación, conflictos partidarios y un marco legal que urge ser reformado.
Hoy, más que nunca, el país reclama celeridad, transparencia y respeto a la voluntad popular. La ciudadanía ya habló en las urnas; ahora les toca a las instituciones cumplir la ley, emitir la declaratoria en tiempo y forma, y trasladar cualquier disputa pendiente a las instancias correspondientes. Prolongar la incertidumbre sólo erosiona la democracia y profundiza la desconfianza en un sistema que parece no aprender de sus propios errores, coinciden los expertos en tema electoral. LB
