Tegucigalpa – Mientras el presupuesto de Defensa y Seguridad para 2016 tendrá un incremento de tres mil 800 millones de lempiras, las asignaciones presupuestarias para las instituciones que atienden la problemática de las mujeres continúan siendo “microscópicas” y los femicidios y la violencia contra las mujeres siguen en aumento en el país, denunciaron organizaciones de sociedad civil.
En conferencia de prensa, el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), expusieron su preocupación por lo que denominaron “el sostenido proceso de militarización del presupuesto público” y la tendencia y crecimiento de este rubro dentro del Presupuesto Nacional para el 2016.
Las organizaciones de mujeres han desarrollado un proceso de incidencia fuerte ante el Congreso Nacional, en demanda de un mayor presupuesto etiquetado de género dentro del Presupuesto Nacional del país. Sin embargo, aún no se tiene certeza de la aprobación de las principales demandas relacionadas con la investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios y el empoderamiento económico para hacer frente a la pobreza y el subempleo de las mujeres, particularmente en la zona sur de Honduras.
Según un estudio y análisis, realizado por el CESPAD, el presupuesto del año 2016 experimenta el incremento sustancial en los últimos tiempos, y eleva de nueve mil 379 millones en el 2015, a 13 mil 196 millones de lempiras para 2016, el presupuesto de Defensa y Seguridad.
El incremento exacto es de tres mil 817 millones, una cantidad que en términos porcentuales representa un 40 %. Las organizaciones de mujeres cuestionan la falta de consulta a la población para justificarse ese incremento a los rubros de Defensa y Seguridad. Por otro lado, la pregunta, sobre si ese apoyo ayuda a reducir los índices de violencia en el país, queda también en el aire.
Datos y asignaciones preocupantes
El CESPAD analizó la tendencia que ha tenido el presupuesto Nacional y en ese sentido, resaltan datos importantes. Dentro del poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), entidad encargada de velar por los derechos de las mujeres, sufrió una reducción presupuestaria a partir del 2014. En el 2013 ese instituto contaba con 29 millones 21,760 lempiras, sin embargo, para el año 2016, su presupuesto será únicamente de 22 millones 519 mil 584 lempiras. Ese dato representa un 0.012% del total del Presupuesto General de la República.
En el poder Judicial, la Unidad de Género de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), cuenta con un presupuesto que equivale al 0.12 % del total del presupuesto asignado a ese ente estatal. Mientras, a los Juzgados Especializados de Violencia Doméstica apenas se les asigna un 1 % del total del prepuesto de la CSJ. Por otro lado, dentro de Ministerio Público, la Fiscalía Especial de la Mujer solo cuenta con el 1.8% del total del presupuesto establecido a esa entidad.
Para las organizaciones de mujeres, las muertes violentas de mujeres y los femicidios, implican un “grave problema nacional” en el país, especialmente porque sólo en lo que va del año se registran 480 asesinatos de mujeres, que se suman a las estadísticas de cuatro mil 018, ocurridos entre 2005 al 2014.
Las exigencias de las organizaciones de mujeres
La demanda concreta de las mujeres organizadas es la inclusión de fondos en el Presupuesto General de 2016, para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas y Femicidios, adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el Ministerio Público. Se piden, en principio, 30 millones de lempiras con los que se daría inicio a la operación de esta Unidad.
Otro de los puntos de exigencia es la inclusión de las reformas hechas por las organizaciones de mujeres, a las disposiciones presupuestarias del Presupuesto General, concretamente al artículo 10. En ese apartado se establece, entre otros aspectos, la realización de audiencias públicas para asegurar la perspectiva de género en la implementación del presupuesto nacional.
Asimismo, asegurar el 5 % de las transferencias municipales destinadas a mujeres, que al menos se asigne un 2 % de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) a proyectos relacionados con la seguridad de la mujeres, y destinar al menos 150 millones de lempiras para el funcionamiento del Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER) que recién aprobó el Congreso Nacional, por la demanda de las organizaciones de mujeres campesinas.
