Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El gobierno de la presidenta Xiomara Castro cumple tres años de gestión con una caída de 10 puntos en la aprobación de su gestión según el Latinobarómetro 2024, y con un peso que no se ha podido quitar: el pasado del régimen del expresidente Juan Orlando Hernández y el pasado del golpe de estado de 2009, último con una narrativa que se quiere volver a instalar. El gobierno de Libertad y Refundación, Libre, de izquierda, no ha podido sentar un sello propio que caracterice su propuesta de refundación.
El último informe del Latinobarómetro 2024 arroja los principales datos en torno al gobierno de Libertad y Refundación: aprobación del gobierno: 22 %, una caída de 10 puntos si se parte que en el 2023 la aprobación fue de 32 %. Otro dato del informe es que el nivel de confianza en el gobierno es de 15 %, mientras que la confianza en la figura de la presidenta es de 16 %.
Las cifras no son las mejores con las que inicia el cuarto año de mandato el gobierno de la izquierda hondureña, que, de acuerdo con el mismo informe, apenas un 14 % de los hondureños se ubica en la izquierda, mientras que un 43 % se decanta por la derecha, evidenciando al país como una nación altamente conservadora.
La asunción al poder del primer partido que se denomina de izquierda en Honduras llegó precedida de altas expectativas de cambio, de profundas reformas que permitieran la consolidación de la democracia y de propuestas a favor del combate en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, reivindicación de los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia, la salud, la educación, entre otros.
Libertad y Refundación llegó con una propuesta refundacional que sólo fue el arranque, pues a lo largo de tres años optó por gobernar con fantasmas del pasado: las huellas del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y su llamado “narco-gobierno” y luego “narco-dictadura”. Hernández, quien fue arrestado en el país previo a ser extraditado a Estados Unidos, impidió que la presidenta Castro arrancara su gobierno en los primeros tres meses, pues todo su discurso y acciones giraban alrededor de la figura de un caudillo que tiempo después sería sentenciado en una corte de Nueva York, Estados Unidos, por narcotráfico: 45 años de condena.
Esos primeros meses del primer año fueron turbulentos para la administración de la primera mujer presidenta en Honduras, que empezó a trazar una agenda gubernamental basada en las tres “P” (populismo, polarización y posverdad). El país heredado no fue el mejor, las arcas estaban en la lipidia, y su gabinete conformado por inexpertos activistas y radicales, centraron su gestión en la arenga, en los hechos pasados y sin un norte claro de la Honduras refundacional propuesta. Empezaron a levantar un castillo en ruinas, pero sin estrategia, sin planes coherentes y sin ambiciones por mostrar el salto al cambio y sueños prometidos.
Para sacudirse el fantasma del gobierno de Juan Orlando Hernández, empezaron a anunciar las primeras acciones populistas: subsidio a la energía, bonos a los combustibles, bonos tecnológicos, becas y bonos escolares, y otro tipo de medidas que aguantaran la presión por el empleo y la seguridad. Es el gobierno de los bonos y subsidios sostenidos con empréstitos y con la llamada “caja única”. Están, aseveran, recuperando “lo público”.
Libertad y Refundación asumió su primer año no sólo con el fantasma y narrativa del gobierno del expresidente Hernández, también con su primera crisis interna relacionada con la pugna de poder en torno a la conducción de la presidencia del Congreso Nacional, a tal punto, que la presidenta Castro tuvo que ser juramentada por una juez y no por el presidente del Congreso Nacional. Esa división a lo interno de Libre pasó una fuerte factura al gobierno de Castro y su gestión de manejar el poder.
Promesas y arranques inconclusos
La ciudadanía dio a Castro un término de gracia más allá de los 100 días de gobierno, y vio con simpatía uno de sus primeros arranques: eliminar la Ley de Secretos oficiales que obstaculizaba la lucha contra la corrupción, pero fue viendo con recelo como la promesa de instalar una Comisión Internacional de Combate y Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se alejaba en el tiempo, no vino en los 100 días prometidos, y no ha venido tampoco en los tres primeros años de gobierno de un período total de cuatro años para el cual fue electo.
Recelo que se agrandó cuando a fines de 2022, el Poder Ejecutivo emite un decreto para declarar con reserva y confidencial, información pública relacionada a gastos de transporte, alimentación, encuestas, monitoreos, contratos y compras directas relacionadas con el accionar de la presidencia de la República. La Ley de Secretos retornaba disfrazada de otro mecanismo y a lo largo de tres años se ha extendido a más de una veintena de instituciones públicas.
El gabinete económico del gobierno a tientas tomaba acciones y a regañadientes logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a empréstitos, mientras lograba—fuera de ley—la adhesión a Banco de Fomento Andino, cuya ratificación nunca entró por el Congreso Nacional. Se rompen las relaciones con Taiwán y se abren con la China Continental, mientras asoma las hostilidades hacia el gobierno de Estados Unidos. Se agudiza el problema del empleo con el cierre de maquilas y un estancamiento en la inversión. La gente clama en las calles empleo, seguridad, lucha contra la corrupción, tres cosas a las cuales Castro no ha podido dar respuestas contundentes, por ahora.
El año de arranque de 2022 siguió siendo el año de arranque del 2023 y del 2024. Sectores vulnerables como las mujeres, los defensores del ambiente y del territorio, la comunidad LGTBIQ, empiezan a ver como son desplazadas de la agenda de prioridad en la reivindicación de derechos prometidos. Las mujeres siguen enfrentando la epidemia de los femicidios, más de 230 asesinadas solo en el 2024; 22 en los primeros días de enero de 2025, mientras es asesinado el líder ecologista Juan López, quien gozaba de medidas cautelares y se convierte en la primera muerte emblemática que sacude la administración de Libre, partido político al cual pertenecía el líder ambientalista.
En medio de dos fantasmas
El gobierno de la presidenta Castro busca en materia de seguridad dar respuestas con un estado de excepción parcial, emulando al del presidente Bukele en El Salvador, pero con magros resultados y múltiples denuncias y testimonios de abuso a los derechos humanos. Se reportan las primeras ejecuciones extrajudiciales, las primeras desapariciones forzadas y una masacre en el penal de mujeres con 43 víctimas, en donde se han identificado los autores materiales, pero no quien ordenó matar a las reclusas.
En el 2024, el gobierno de la presidenta Castro empezó a intensificar sus acciones populistas asistiendo a la inauguración de canchas de fútbol, centros recreativos, aulas escolares y apostar por la construcción de ocho hospitales, todo ello en año preelectoral. La polarización sigue siendo una constante en su gobierno y en agosto anuncia que suspende el tratado de extradición con Estados Unidos, al trascender un video en donde el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, aparece negociando sobornos con la mafia del narcotráfico en Honduras para la campaña presidencial de Libre en 2013.
Luego se conocen las condiciones de la ONU para instalar la CICIH, al filtrarse un documento que indica qué debe hacer Honduras para que venga la misión internacional, misma que cada vez se pone lejana y ha entrado a la fase de la arenga popular de las campañas políticas, al quedar evidenciado el gobierno que poco o nada ha hecho para que se instale la misión anticorrupción.
A esa polarización se suma la narrativa del fantasma del golpe de estado de 2009 que nuevamente es instalado con las acciones del Ministerio Público al entablar procesos contra tres generales en retiro por la muerte de uno de los mártires de la resistencia, Isis Obed Murillo.
Las reminiscencias del golpe de estado de 2009 se colocan en paralelo al régimen de la narco dictadura de JOH, en la gestión de la presidenta Castro, atrapando y arrastrando su administración al pasado, de cara a unas elecciones primarias e internas en marzo y unas generales en noviembre en donde Libertad y Refundación apuesta a retener el poder.
Libertad y Refundación apuesta así a su cuarto y último año de gobierno a un proyecto político centrado en el pasado, en la confrontación abierta con el sector privado, los medios de comunicación, la oposición política y en contra de la sociedad civil que cuestiona o señala sus abusos de poder. El proyecto político de la continuidad no aparece por ningún lado, el proyecto político de la continuidad parece ser el mismo en el que Libre ha estado atrapado: el pasado.
Los precandidatos de Libre para la presidencia, diputaciones o alcaldías no hablan del país que quieren construir, hablan del país que quedó en el 2009, de una revolución en ciernes, de la lucha de clases entre ricos y pobres; de las 10 familias que se supone no pagan impuestos, del caudillo constructor de victorias, de la traición y de la justicia revolucionaria, por citar algunos de los pasajes.
La estrategia de la posverdad se ha instalado de la mano de la desinformación en donde todo apunta a “legitimar” lo ilegítimo y “normalizar” lo inestable. Según los analistas, la lógica del poder sigue en derredor del nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias y la inefectividad. Libertad y Refundación parece apostar a votar por el pasado, muy lejos del futuro y la tierra prometida que concibió y vendió la izquierda para poder llegar por primera vez al poder. La narrativa del 2009 y la herencia autoritaria de JOH sigue engullendo al régimen de la presidenta Castro. PD
