El Consejo Nacional Electoral ya certificó los límites de gasto de campaña para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025. Para el nivel de diputados, la fórmula establecida multiplica la carga electoral del departamento por el valor del voto, que este año es de 86 lempiras con 50 centavos, y divide el resultado entre el número de diputaciones que ese departamento aporta al Congreso Nacional. La intención es generar un reparto equitativo del gasto por candidatura. Pero al aplicar la fórmula en la realidad, el resultado revela una contradicción que merece cuestionarse.
Tomemos como ejemplo el departamento de Cortés, donde se eligen 20 diputados y la carga electoral asciende a un millón 109 mil 201 personas. Según la fórmula, cada candidatura a diputación tiene un límite de gasto de 4 millones 797 mil 294 lempiras con 33 centavos. En cambio, el departamento de Intibucá, que solo elige 3 diputados y tiene una carga electoral de 163 mil 403 votantes, permite un gasto de 4 millones 711 mil 453 lempiras con 17 centavos por candidato. Es decir, un aspirante en Cortés, donde se concentra una de las campañas más complejas y costosas del país, puede gastar casi lo mismo que uno en Intibucá, un territorio de escala mucho menor, con menos población y con condiciones operativas completamente distintas.
¿Tiene lógica esta igualdad aritmética? San Pedro Sula, ciudad principal de Cortés, exige campañas con fuerte inversión mediática, producción audiovisual, logística, transporte, redes sociales, publicidad y personal técnico. Son campañas intensas, urbanas, de alta competencia y exigencia económica. Intibucá, aunque valioso políticamente, representa otro contexto: comunidades dispersas, medios limitados, cercanía con los votantes y menor presión mediática. Sin embargo, la ley permite que ambos candidatos gasten prácticamente lo mismo. Lo que la fórmula plantea como equidad, en la práctica se convierte en una inequidad silenciosa.
Esta contradicción no es nueva. Si se revisan los montos aprobados para el nivel presidencial, se evidencia una lógica parecida. En 2017, con una carga electoral de poco más de seis millones de personas, el límite fue de 469 millones de lempiras. En 2021, con un padrón algo menor, el techo subió a 505 millones. Y para las elecciones de 2025, con una carga electoral de 5,879,639 personas, se aprobó un techo de 508,588,773 lempiras con 50 centavos. A simple vista, se trata de un cálculo matemático sin reflexión contextual.
El problema de fondo no es la fórmula en sí, sino la ausencia de corrección por realidad territorial. Tratar igual a dos departamentos que enfrentan costos de campaña tan distintos es ignorar las condiciones reales en las que se disputa el poder.
La equidad en el gasto de campaña no debería significar un número idéntico, sino una proporcionalidad razonada que permita a cada candidatura competir en condiciones justas según los retos que su entorno plantea. Corregir esta fórmula no significa favorecer a unos sobre otros; significa reconocer que los recursos deben adaptarse a los contextos. Porque si los gastos son iguales, pero las campañas no lo son, entonces estamos premiando la apariencia de equidad y no su sustancia.
Y en medio de esta reflexión que hago, surge una pregunta inevitable: ¿de qué sirve establecer techos de gasto si no existe plena certeza de cómo se financian realmente las campañas? ¿Qué tan trazables y verificables son los fondos que se reportan? ¿Están todas las candidaturas sometidas al mismo nivel de escrutinio o hay márgenes que permiten que algunos recursos entren sin dejar rastro? ¿Tiene la institucionalidad suficiente capacidad para garantizar que cada lempira invertido provenga de fuentes legales y bancarizadas? Más allá del monto permitido, el verdadero desafío está en garantizar que el dinero que circula en una campaña sea transparente, tenga origen legítimo y esté sujeto a controles efectivos. Porque si no sabemos con certeza de dónde viene lo que se gasta, poco sentido tiene discutir cuánto se permite gastar.
