San Salvador – Unas 25 familias en el occidente salvadoreño huyeron de sus hogares por amenazas de muerte supuestamente hechas por pandillas, un éxodo que se suma al de otras 40 familias a mediados de esta semana, dijo a Efe una fuente policial.
El informante, que pidió no ser identificado, aseguró que las familias del cantó El Castaño se «están yendo por amenazas de grupos terroristas», no obstante, no confirmó el número de los desplazados.
La prensa local asegura que son 25 las familias desplazadas por las amenazas que surgieron después del asesinato de un sexagenario en el lugar.
Son «cinco los terroristas que están amedrentando a toda un comunidad» pero «vamos a colocar policías acá para evitar el éxodo masivo», dijo un oficial de la Policía a la prensa, según imágenes difundidas por la televisión y en las que se ocultó su identidad por seguridad.
Según informaron ayer medios locales, otras 40 familias de la zona rural de Panchimalco, al sur de la capital, abandonaron sus viviendas por amenazas de muerte hechas por miembros de la Mara Salvatrucha.
La policía informó que brindó seguridad a algunas de estas personas durante su desplazamiento, y aseguró que las familias ya podían regresar a sus casas después de que los cuerpos de seguridad protegieran la zona.
De acuerdo con el director del cuerpo de Seguridad, Howard Cotto, la generalidad es que las personas que huyen por amenazas de pandillas tienen algún vínculo con estructuras rivales.
«Hemos encontrado que mucha de la gente que sale (de sus hogares) tiene una amenaza real de grupos de pandillas, pero cuando se hace un análisis más profundo un miembro de su familia o la familia en su conjunto tienen relación con un grupo criminal de este tipo», aseguró hoy Cotto en una entrevista televisada.
Aseguró que hay casos en los que las familias huyen, pese a que las amenazas no son directas, por «el temor a lo que pueda suceder».
«Es un fenómeno bastante complejo al cual procuramos darle una atención integral, a fin de que la gente regrese y en muchos casos tenemos éxito», concluyó.
A mediados de noviembre de 2015, Cotto reveló que un total de 6 familias de la localidad Santa Cruz Michapa (noroeste) abandonaron sus viviendas por amenazas de pandillas.
Diferentes organizaciones sociales criticaron al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén por no reconocer ni atender a las víctimas del desplazamiento forzado.
Un estudio publicado a inicios de agosto por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), da cuenta de que esta institución recibió, entre 2014 y el primer trimestre de 2016, un total 236 casos que acumulan 427 víctimas.
En el 86,6 % de las ocasiones los desplazamientos fueron propiciados por las «amenazas, homicidio de un familiar o reclutamiento forzoso» de las «maras».
El Gobierno salvadoreño libra una «guerra» contra estas estructuras, que son acusadas de mantener los índices de homicidios que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.
Entre enero y agosto de 2016, El Salvador acumuló 3.837 asesinatos, con lo que este año se sitúa como el segundo año más violento desde 2006, solo superado por 2015.
El número de personas que han tenido que huir de sus hogares en El Salvador, Guatemala y Honduras se multiplicó por cinco entre 2012 y 2015, hasta las 109.800 personas, alertó en junio pasado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). EFE
