Tegucigalpa- Ante el clima de incertidumbre que envuelve al Consejo Nacional Electoral (CNE) a menos de cinco meses de las elecciones primarias, los analistas Kenneth Madrid y Luis León alertaron sobre los graves riesgos legales, institucionales y sociales que representa la parálisis provocada por la inasistencia del consejero suplente Marlon Ochoa y el anuncio de dos de sus consejeros suplentes que anuncian tampoco asistirán.
-Los analistas advierten que obstrucción en el CNE podría provocar una grave crisis política y electoral en Honduras.
Kenneth Madrid, abogado y analista político, fue enfático al recordar que la votación para aprobar las decisiones administrativas necesarias para poner en marcha el proceso electoral ya fue tomada por mayoría (2 a 1), por lo que no hay justificación legal para seguir retrasando el cronograma.
“Lo más importante ahora es echar a andar el proceso. Cualquier enmienda o acción administrativa puede ser ejecutada por la presidenta del CNE, quien tiene la potestad legal para hacerlo”, explicó Madrid.
Asimismo, advirtió que la ley electoral contempla sanciones en caso de ausencias injustificadas, tanto de consejeros propietarios como suplentes, lo cual abre la posibilidad de consecuencias penales, civiles o administrativas para quienes incumplan con sus funciones.
“La ausencia de los consejeros es política, no legal, y eso puede configurar un delito. El Ministerio Público incluso puede actuar de oficio, y el CNE está obligado a remitir los antecedentes cuando se evidencie que hay obstrucción al proceso”, subrayó.
Por su parte, el analista Luis León manifestó su preocupación por lo que considera el inicio de una nueva crisis política en el país, que podría escalar a niveles de violencia.
“Honduras ha vivido en crisis política durante años, pero esta se está agravando. Estamos ante un contexto en que un partido con control de varias instituciones del Estado podría estar buscando impedir una votación desfavorable, y eso es sumamente peligroso”, afirmó León, en referencia al oficialismo del Partido Libertad y Refundación (Libre).
León recalcó que el incumplimiento de los artículos 15 y 17 de la Ley Electoral por parte de los consejeros —que los obliga a atender convocatorias— no puede seguir quedando impune, y que el país podría enfrentar una desestabilización social si no se garantiza un proceso electoral confiable.
“Un proceso electoral debe ser un ejercicio democrático, no una guerra campal. Si los órganos contralores y de seguridad no asumen su papel con imparcialidad, podríamos llegar a una crisis post-electoral muy fuerte, con consecuencias en todos los sectores del país”, advirtió.
Ambos analistas coincidieron en que el cronograma electoral debe continuar con firmeza y apego a la ley, y que las instituciones están llamadas a actuar para garantizar que la democracia hondureña no se vea amenazada por intereses partidarios.LB
