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Exfuncionarios compraron a la OABI el ganado incautado a “Los Amador” en Olancho

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Tegucigalpa – “Piñata”, “Hacienda pública”, “Despilfarro”, son algunos de los calificativos utilizados para referirse a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), luego de conocerse el entramado de corrupción que operó en esa institución dependiente del Poder Ejecutivo.

“La OABI se ha manejado como una hacienda particular, por parte de exfuncionarios de gobierno”, tachó la directora del CNA, Gabriela Castellanos.

– Otra de las críticas que se hace es que el actual director de OABI, guardó prisión hace 21 años por un desfalco millonario a ONGs.

En la última década cuantiosas e incalculables han sido los bienes muebles e inmuebles incautados a grupos criminales, estructuras del narcotráfico y personajes acusados por corrupción pública. La mayoría de estas fortunas no han tenido una administración correcta desde que en 2013 pasó de la Fiscalía a la égida del Poder Ejecutivo.

Por años, abogados privados, actores políticos y otras instituciones del país denunciaron las presuntas irregularidades que se gestaban desde la OABI con la gestión de uno u otro director que tenía un paso fugaz por esa oficial del Estado.

Las denuncias de irregularidades no son nada nuevo e incluso varios exdirectores han sido acusados ante la Fiscalía. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha ejecutado secuestro de documentación en reiteradas oportunidades en oficinas de la OABI.

Serias denuncias contra la OABI tras últimas administraciones.

Una fuente del Ministerio Público consultada por Proceso Digital negó el extremo que no haya documentación de las operaciones de los últimos tres años. “Lo que más creo es que hicieron piñata con los carros y menajes, eso lo controlaba la dirección de OABI a sus anchas”, apostilló.

Calificó que la OABI no administró correctamente los bienes incautados porque los funcionarios encargados de eso no eran administradores, sino abogados. “No existió un protocolo de asignación de bienes y si lo hubo el Poder Ejecutivo lo manejó a sus anchas”, reflexionó.

Igualmente, la fuente -que prefirió el anonimato- reveló que el cuantioso ganado que se aseguró a Los Amador en Olancho, fue vendido “quien sabe a qué precios” a exfuncionarios del pasado gobierno.

También salió a relucir que el actual director de OABI, Jorge Gonzales, guardó prisión hace 21 años por el desfalco millonario a varias ONGs. El propio funcionario no ha negado los hechos y se limitó a decir que todo se aclaró a favor.

Tres demandas contra la OABI

En las últimas horas, el titular de OABI denunció que esa oficina enfrenta tres demandas por bienes reclamados que no aparecen por ningún lado.

“Tenemos por los momentos de lo que conocemos tres requerimientos por parte de la Suprema Corte en cuanto nos giró comunicación para que hiciéramos una devolución o diéramos el estado de bienes que están siendo solicitados en devolución”, expresó.

Entre los bienes reclamados figuran productos financieros y vehículos, pero los mismos se están rastreando porque al parecer los vehículos fueron subastados, pero no se sabe si está el dinero, dijo González.

Leer: Exfuncionario se llevó vehículos de la OABI a su casa, denuncia director

Añadió que en el caso de un vehículo que es reclamado se conoció que, aunque la Dirección Legal, dictaminó que no se vendiera, la venta se concretó.

Ahora el Estado debe responder por esos bienes que son reclamados por sus dueños que en su momento fueron imputados, pero que ahora tienen el derecho a que los mismos se les devuelvan, agregó.

Miles de bienes muebles e inmuebles administra la OABI.

El director reiteró que siguen las investigaciones a lo interno de la OABI, y el Ministerio Público da seguimiento a las denuncias existentes.

De momento la nueva administración aún no tiene un informe concluyente del estado en que se encuentran los más de 3 mil bienes asegurados de diferentes tipos, pero se están realizando los inventarios, enfatizó.

Recientemente, el Ministerio Público acusó al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco René Flores Bonilla, a quien se le supone responsable de cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

La acusación se desarrolló en el marco de la Operación Némesis III.

Exministro niega señalamientos

Ante las revelaciones del director de la OABI, Jorge Alberto González, quien reveló que el exviceministro de Seguridad y exembajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, obtuvo 59 bienes de OABI, este respondió que los señalamientos son falsos.

En su cuenta de Twitter el exfuncionario hondureño negó de forma contundente las acusaciones.

Además, Suazo prometió que defenderá su honor y su nombre con los recursos legales pertinentes.

“El nuevo director de la OABI ha dicho que obtuve irregularmente 59 bienes; todo eso es 100 % falso y como exservidor público rendiré cuentas… de la misma forma defenderé mi honor y dignidad con los recursos legales disponibles”, escribió Suazo.

En las acusaciones que se le imputan al exembajador, el actual director de OABI, dijo que desde que asumió la dirección de esa oficina han ido rastreando el manejo que se le ha dado a los bienes asegurados o incautados y que han encontrado hechos que tienen que ver con la pérdida física y digital de información.

Las subastas han sido herramientas usadas por la OABI para la venta de bienes incautados.

En ese sentido reveló “hemos encontrado 21 expedientes que tienen que ver con una orden del anterior presidente de la República, Juan Orlando Hernández, donde ordenaba una venta directa de bienes a diferentes personas”, precisó Gonzales.

En esa misma línea el funcionario de OABI dijo que han encontrado en un informe que el exviceministro de Seguridad, Luis Suazo, había adquirido en renta una vivienda que antes fue ocupada para fines institucionales que él rentó 59 bienes los que continúa bajo su responsabilidad 40 de ellos porque apenas regresó 19.

Ante toda esta panorámica, voces legislativas se pronuncian a favor de hacer reformas a la Ley de OABI, así como una interpelación del actual director para que ofrezca un informe detallado sobre las condiciones que encontró esa oficina dependiente del Poder Ejecutivo.

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Reformar la Ley de la OABI

El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, dijo este martes que debido a irregularidades existe la necesidad de realizar profundas reformas a la Ley de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

«Hay que crear una reforma a la Ley de la OABI, donde haya mayores y seguros controles, sobre todo de la oficina encargada de cuidar los bienes muebles e inmuebles decomisados», comentó  el congresista.

Desde el CN se pretende cambiar la ley de la OABI.

El también presidente de la Comisión de Seguridad y Previsión Ciudadana del Congreso Nacional,  aseguró que el Estado es el garante y custodia de esos bienes; puede ser sometido incluso a demandas millonarias; por lo tanto tienen que haber investigaciones exhaustivas de los contralores del Estado por tanta irregularidad que ha existido en la OABI».

De igual manera, Sarmiento comentó que el nuevo director de la OABI, Jorge González, deberá realizar un análisis de la situación de corrupción a lo interno.

«Los nuevos directores de la OABI tienen una enorme responsabilidad», añadió.

(LEER) Han existido abusos en aseguramientos y uso de bienes incautados por OABI, según abogado

Investigar a la OABI

Sobre el mismo tema, el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Congreso Nacional, Carlos Umaña, adelantó que esta semana presentará una moción exhortativa para que se investigue a la OABI.

«Esperaremos a que si el presidente del Congreso Nacional, Luis  Redondo, nombra una Comisión Especial Multipartidaria o se asigne a la Comisión de Ética y Transparencia para que realice investigación sobre lo que ocurre en la OABI», expresó.

Bienes desaparecieron

El congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), destacó que muchas personas ya han sido  judicializadas y sentenciadas, pero no aparecen los bienes incautados.

«En ese sentido, es necesario que se realice una investigación profunda, por lo que el Congreso Nacional debe involucrarse para que haya una mayor transparencia”, finalizó Umaña. PD

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