Tegucigalpa – “Para nosotros, que el Estado de Honduras reconozca la destitución ilegal y arbitraria y los actos posteriores de que fuimos víctimas, es el principal acto que hemos recibidos”, dijo Rosalinda Cruz Sequeira, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia destituida el 12 de diciembre de 2012, junto a José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Francisco García Gaekel, en el acto de reconocimiento público de responsabilidad internacional realizado este jueves.
– Honduras pagará 217.3 millones a magistrados, 53.3 millones a los exmagistrados, por su destitución arbitraria en 2012.
– Presidenta Ráquel Obando exhorta a funcionarios judiciales a preservar independencia judicial, mientras que presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo asegura que se compromete a fortalecer esta independencia judicial
Aunque esta sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CorteIDH) no es una reparación total, mencionó la exmagistrada, “es una reparación parcial, pero al menos frente al pueblo hondureño se sabe y se ha visto que la destitución nuestra causó graves daños al Estados de Honduras”.
Millonaria indemnización
La sentencia de la CIDH en ese caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras obliga al Estado de Honduras a resarcir los daños a los cuatro ex funcionarios judiciales, que según lo detallado hoy por el procurador de la república, Manuel Díaz-Galeas asciende a dos millones 090 mil dólares para los exmagistrados, es decir 53.3 millones de lempiras, al cambio actual.
Además, Díaz Galeas anunció que le corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) emprender una repetición de juicio a fin de que los responsables de la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional rindan cuentas antes los tribunales, “estamos obligados y es lo que corresponde”.
“Este reconocimiento público es uno más que se da en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, hemos llevado actos de reconocimiento en el caso de Vicky Hernández, en caso de los misquitos, el caso Pedro Magdiel y el caso de Emilio Deres”, enumeró.
Decisiones arbitrarias
Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez destacó que este reconocimiento de responsabilidad corresponde a una política de gobierno de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y garantizar la plena satisfacción de las víctimas en su reparación, además de garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir.
“Es importante en materia de derechos humanos que existan este tipo de precedentes para que los hechos no se repitan. Este precedente implica que la CSJ y otros poderes del Estado no pueden tomar ese tipo de decisiones arbitrarias sin justificar debidamente la sustitución y destitución de este tipo de casos”, afirmó.
La presidenta del poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando afirmó que la sentencia, emitida en 2023 y cuyo reconocimiento público fue realizado este jueves por el Estado de Honduras, es un recordatorio de la necesidad de un compromiso que garanticen la independencia judicial en el país.
Enmedio de cuestionamientos por remociones de jueces, Ráquel Obando señaló que el poder Judicial bajo su mando se rige por el debido respeto, a la imparcialidad y a la independencia.
“En mi calidad de presidenta de la CSJ exhorto a todos los funcionarios judiciales a fomentar y preservar la independencia judicial”, dijo al enfatizar que la importancia de la independencia de poderes.
En tanto, el titular del poder Legislativo, Luis Redondo manifestó que dado que la justicia tardía no es justicia, “esta resolución no devuelve el tiempo perdido, no revierte las graves consecuencias que llevó aquel acto arbitrario estableciendo el narcoestado”.
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Aunque recientemente, Redondo cuestionó la justicia hondureña, declaró que “este Congreso Nacional que me honro en presidir no permitirá que hechos como estos se repitan, nos comprometemos a fortalecer la independencia judicial”. VC
