Tegucigalpa – El cuestionado estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, y que ha sido prorrogado en 18 ocasiones, también estará vigente en los comicios primarios del próximo 9 de marzo.
– El Conadeh señaló que, desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2025, registró más de 700 quejas o denuncias interpuestas contra agentes del orden debido a sus intervenciones en el marco del estado de excepción.
De las 18 extensiones al estado de excepción, más de media docena de las prórrogas no se han ratificado en el Congreso Nacional como lo ordena la norma jurídica, al no lograr el oficialismo los consensos para que la norma sea aprobada.
Hace unas horas se informó que la normativa se extendía hasta el próximo 5 de abril de 2025. Desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2025, el Conadeh registró más de 700 quejas o denuncias interpuestas contra agentes del orden debido a sus intervenciones en el marco del estado de excepción.
Actualmente el estado de excepción se implementa en 226 (76 %) municipios de los 18 departamentos del país.
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Estadísticas avalan el estado de excepción
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ironizó que en Honduras existe mucho debate con el estado de excepción parcial y muchos se atreven a recomendar que se apliquen las medidas del presidente Nayib Bukele en El Salvador para bajar los índices de violencia. “En el vecino país hay un estado de excepción también y allá se aplica con toda una reforma del sistema jurídico, y los resultados son que es el país con menos incidencias de violencia homicida en el mundo gracias a las medidas adoptadas”.
Sánchez explicó que la medida del estado de excepción parcial faculta a la Policía en Honduras a tres cosas: 1. Realización de allanamientos de morada sin previa orden judicial; 2. Ejecución de allanamiento de morada fuera de la franja horaria que otorga la ley que es de las 6.00 de la mañana a 6.00 de la tarde; y 3. La aprehensión de personas que hayan cometido un ilícito penal.
Reforzó que en los tres casos –la ley manda– que debe existir un expediente investigativo previo fundamentado para realizar las acciones policiales. Luego el Ministerio Público está obligado a actuar para convalidar o no lo ejecutado por las fuerzas del orden.
Aseveró que los que se encargan de generar un debate a diario sobre la subida de los hechos criminales en el país, tienen intereses políticos.
El funcionario mencionó que Honduras registró sus peores indicadores de homicidios de 2010 a 2013, que lo convirtieron en el país más violento del planeta, sin embargo paradójicamente el secretario y vicesecretario de Seguridad de ese entonces luego participaron en elecciones y uno de ellos fue el más votado en el Congreso y el otro salió electo para dirigir una ciudad importante.
Sobre las razones para sostener la vigencia del estado de excepción, arguyó que el crimen se nutre de cuatro factores: (1) crimen organizado, (2) crimen común, (3) problemas de convivencia, (4) patrones culturales enquistados en la sociedad, todo lo anterior dispara las estadísticas de violencia que en los últimos tres años han venido a la baja.
El ministro de Seguridad defendió la legalidad del estado de excepción, pese a que no sea ratificado en el Congreso Nacional. “Cómo funciona un estado de excepción, la Policía Nacional le hace la solicitud a la Secretaría de Seguridad, nosotros la pasamos al Poder Ejecutivo y ellos lo someten a Consejo de Ministros y allí se aprueba. Luego, el gobierno lo remite al soberano Congreso Nacional, es decir lo que le corresponde al Poder Ejecutivo ya se hizo, y por lo tanto la medida está en vigencia”, describió.
Aseguró que cuando el estado de excepción se agende para su discusión en la Cámara Legislativa la medida será ratificada, “a nosotros nos corresponde aplicarlo porque está en vigencia, en el caso que se apruebe o no ya la ley ordena qué es lo que corresponde”.
“Todos quieren que seamos como El Salvador, pero hay que entender que allá hay un estado de excepción de hace varios años. Ellos hicieron una reforma jurídica y es lo que están aplicando, encerrando a los pandilleros, mientras aquí se nos quiere quitar la única herramienta que le ha dado el Estado a la Policía Nacional”, refirió.
Recordó que en el Congreso Nacional también existe una ley que regula la venta de chip de teléfonos móviles y que la Secretaría de Seguridad ha solicitado se incorporen medidas biométricas, sin embargo no ha pasado en el pleno de la Cámara. “Dijeron, nos quieren escuchar, pero les recuerdo que la Ley de Escuchas es vigente desde 2012, asimismo planteamos otras reformas que no se han aprobado”.
Estado de excepción en elecciones es «temerario»
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó como «temerario» que el gobierno mantenga un estado de excepción en un periodo electoral, advirtiendo que esto podría ahuyentar a los observadores nacionales e internacionales y afectar el proceso democrático.
«Yo quiero exhortar a las organizaciones de derechos humanos a que se pronuncien, porque eso no puede ser posible, eso va a interferir con la fiesta electoral. Ojalá puedan recapacitar y ojalá unos dos días antes de las elecciones se suspenda ese estado de excepción y que el CNE también se pronuncie», declaró Hernández.
Seguidamente, el director de ASJ alertó que la medida atenta contra garantías constitucionales y es contradictoria en un país que se autodefine como democrático. Vivimos en un país donde a diario se habla de democracia, pero se está violentando la normativa constitucional. Además, el Ejecutivo está implementando acciones bajo un estado de excepción sin que este haya sido ratificado por el Congreso Nacional, sostuvo.
En cuanto a la criminalidad, el director de ASJ destacó que, pese a los discursos oficiales, la extorsión sigue siendo un problema grave en Honduras y se ha expandido a nivel nacional. Antes solo se daba en la periferia, pero hoy ocurre en todo el país. Hay muchas ciudades donde antes no había extorsión y ahora la padecen. Por eso se necesitan acciones coordinadas y que no se ataque a quienes difieren de la medida», indicó.
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CSJ declara inadmisibilidad de recurso
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no ha lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la medida del estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre de 2022.
Así lo informó el jueves el director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien comentó que la Sala Constitucional declaró inadmisible uno de los dos recursos interpuestos en contra de esta medida.
“El artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo establece que los actos de carácter general o disposiciones que se dicten a nivel de la administración pública deberán impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativo una vez que haya entrado en vigencia”, explicó Duarte.
Agregó que este recurso no tiene un rango o fuerza de ley, y que la jurisdicción le corresponde a lo contencioso-administrativo. Cabe recordar que este recurso fue interpuesto por los abogados Fernando González y Leonel Núñez.
Conadeh pide verificar legalidad de la medida
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a verificar la legalidad del PCM-010-2025 y al Congreso Nacional a cumplir su mandato de aprobar, modificar o improbar los decretos de suspensión de garantías.
A través de un comunicado, el Conadeh señaló que, desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2025, registró más de 700 quejas o denuncias interpuestas contra agentes del orden debido a sus intervenciones en el marco del estado de excepción.
De acuerdo con el marco fáctico de las quejas, los principales reclamos derivan debido a los múltiples allanamientos de morada, daños a la propiedad privada, tortura, malos tratos, pérdida de objetos personales, uso desproporcionado de la fuerza, infracciones a la integridad personal e implantación de medios probatorios, entre otros.
Si bien, el estado de excepción ha sido prorrogado para combatir la violencia y criminalidad, es menester señalar que esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sido enfática sobre los efectos negativos que puede causar la prorrogación de esta medida.
Pese a que varios diputados del Congreso Nacional manifestaron no aprobar los próximos decretos de prórroga, preocupa al Conadeh la omisión por parte de este poder del Estado en realizar el control constitucional y legal efectivo de los decretos ejecutivos PCM.
Igualmente, el Conadeh recuerda que el próximo 9 de marzo de 2025 se celebrarán las próximas elecciones primarias, lo que supone el Estado debe centrar sus esfuerzos en no solo colocar a disposición los mecanismos y herramientas necesarias para la celebración de los comicios, sino también, en no adoptar decisiones que puedan suponer un entorpecimiento o limitación a los derechos políticos de las y los ciudadanos. Si bien, el decreto de suspensión de garantía está encaminado a combatir el crimen, no es menos cierto que el mismo ha sido un instrumento utilizado por algunos agentes del orden para actuar al margen de la ley considerando los requerimientos fiscales girados por la Fiscalía General. PD
