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Estado de excepción afectaría integridad del proceso electoral

Tegucigalpa – A solo 15 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras se prepara para renovar su Presidencia, Congreso y autoridades municipales en un clima de incertidumbre. Lo que debería ser una fiesta democrática se tiñe de sombras: el Gobierno ha prorrogado por vigésima quinta vez el estado de excepción parcial, vigente desde diciembre de 2022, extendiéndolo hasta el 26 de diciembre, y que para muchos la medida puede afectar la integridad del proceso electoral.

Esta medida, inicialmente justificada para combatir la extorsión y el crimen organizado, suspende derechos constitucionales fundamentales en la mitad del territorio nacional y genera alertas sobre su impacto en el proceso electoral.

El estado de excepción, decretado el 6 de diciembre de 2022 bajo el artículo 187 de la Constitución, permite detenciones sin orden judicial, limita la libertad de circulación, reunión y asociación, e invade el domicilio sin mandato previo.

Uno de los principales desafíos en la actualidad de esta medida radica en la potencial afectación a la integridad del proceso electoral. Esta es la primera vez que Honduras afronta unas elecciones generales bajo un estado de excepción.

Inédito

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) calificó esta situación como un «precedente alarmante». Su presidente, Gustavo Solórzano, enfatizó: «En 44 años de vida democrática, jamás habíamos participado en un proceso electoral con suspensión de garantías».

“Aquí lo que debe preocuparnos a todos los hondureños es que, en 44 años de vida democrática, jamás habíamos participado en un proceso electoral con suspensión de garantías”, manifestó el agremiado.

El presidente de los abogados explicó que el estado de excepción restringe derechos fundamentales, entre ellos la libertad individual, la libertad de reunión, la libre circulación e incluso la libertad de pensamiento. “El tema de la libertad de carácter individual tiene que ver con que se puede detener a personas sin orden judicial, se prohíbe la libertad de reunión y se suspenden derechos constitucionales”, señaló.

Asimismo, Solórzano cuestionó la efectividad de la medida, recordando que fue implementada con el argumento de reducir la criminalidad y la tasa de homicidios, pero sin resultados contundentes. “Cuando uno lo ve a nivel de números, no se puede decir que ha sido una medida efectiva”, puntualizó.

Riesgo

La periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza, señaló hoy sábado que mantener el estado de excepción durante las elecciones representa un riesgo.

Acotó  que la prolongación de la medida es ilegal y preocupante, ya que se ha utilizado durante casi tres años para limitar protestas y libertad de expresión, en lugar de cumplir con los objetivos declarados de seguridad.

“Han volado a aprobarlo y publicarlo en La Gaceta; eso es sintomático de cosas turbias que nos esperan”, advirtió.

Cabe señalar que el Gobierno de Honduras extendió nuevamente el estado de excepción parcial, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, hasta las 6:00 p.m. del 26 de diciembre de 2025.

La medida, adoptada en Consejo de Ministros, ha recibido duras críticas de distintos sectores de la sociedad, entre ellos los defensores de derechos humanos.

Preocupación

De su parte, la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) expresó hoy sábado su profunda preocupación por la prolongada vigencia del estado de excepción en Honduras y advirtió los riesgos de mantener limitadas garantías fundamentales en un contexto electoral que exige apertura, transparencia y plena protección de los derechos ciudadanos.

LEER: RINDHCA muestra preocupación y advierte riesgos por estado de excepción en Honduras

A través de su Comité de Coordinación, la RINDHCA recordó, en un comunicado divulgado, en Tegucigalpa, por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (conadeh), que todo proceso electoral constituye un momento esencial para la renovación democrática, la legitimación del poder público y el fortalecimiento institucional.

Agregó que su realización en un entorno de libertad, transparencia y respeto a los derechos humanos, resulta indispensable para garantizar la participación ciudadana y la confianza en las instituciones estatales.

Asimismo, señaló que las elecciones representan una oportunidad para consolidar la gobernabilidad democrática y reafirmar el compromiso estatal con los estándares internacionales en materia de derechos políticos y libertades fundamentales.

En este contexto, la RINDHCA expresó su profunda preocupación por la prolongada vigencia del estado de excepción en Honduras, especialmente ante la celebración de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 30 de noviembre de 2025.

De acuerdo al PCM-37-2025 se suspenden los siguientes artículos:

ARTÍCULO 69.- La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.

ARTÍCULO 78.- Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.

ARTÍCULO 81.- Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.

ARTÍCULO 84.- Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley.

ARTÍCULO 93.- Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la Ley.

ARTÍCULO 99.- El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.

¿Democracia a medias?

Honduras acumula ya mil 26 días bajo este régimen excepcional, un récord que cuestiona su vocación democrática.

Diversos sectores de la sociedad urgen una revisión de su proporcionalidad, mientras instituciones como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) llamó a adoptar un enfoque de derechos humanos para restaurar la confianza ciudadana.

En un país donde la inseguridad persiste –con maras y pandillas como telón de fondo–, la pregunta persiste: ¿puede una nación votar con garantías suspendidas?

Las elecciones del 30 de noviembre serán un termómetro. No solo se elegirá un nuevo Gobierno, sino que se pondrá a prueba la resiliencia de las instituciones. Organizaciones como Transparencia Internacional lo advierten sin ambages: «La democracia no puede sostenerse sobre restricciones arbitrarias».

Honduras, en la encrucijada, aguarda que las urnas iluminen el camino hacia una seguridad sin sacrificar libertades. PD

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