Tegucigalpa – A medida que se acercan los comicios generales del 30 de noviembre, crece la presión sobre el espacio cívico y su rol en la democracia. Las campañas de descrédito se acentúan desde el oficialismo, la polarización política escala, pero en medio de ello, las organizaciones civiles, gremiales, religiosas y de prensa desafían el miedo y las conductas autoritarias recuperando los espacios públicos.
Uno de esos espacios es la calle. El partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre) hasta hace poco sostenía que las calles les pertenecían, que solo ellos podían hacer uso de estas y sus convocatorias. Fue tal que en junio de 2023 lograron abortar una movilización ciudadana convocada por una organización de sociedad civil para exigir la instalación en el país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que nunca llegó, pese a ser una de las principales promesas de campaña del gobierno de la presidenta Castro.
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El partido en el poder, a través de los llamados Colectivos de Libre, instaló la figura del miedo en dependencias públicas con tomas y protestas, enfrascó sus baterías hacia sectores que les resultaban incómodos y comenzó por medio del proyecto Poder Popular a organizar sus grupos de choque territorial en diversos puntos del país. La oposición política, en especial los partidos políticos, fragmentados y sin liderazgos fuertes no fueron capaces de disputar el espacio público de la calle.
Con la experiencia vivida tras el aborto de la movilización ciudadana contra la corrupción en junio de 2023, las organizaciones de sociedad civil se replegaron y centraron sus estrategias en la denuncia con informes, investigaciones y análisis de casos, como otras formas de incidencia y defensa del espacio cívico. Las manifestaciones que se han registrado han sido en el interior del país, en las zonas donde la defensa de los territorios frente al avance de la industria extractivista y la protección del ambiente es permanente.
Los defensores del medio ambiente, el territorio y los derechos humanos junto a las mujeres, son los grupos más vulnerables que han sido fuertemente golpeados con amenazas, intimidaciones y asesinatos. Sus protestas sectoriales han enfrentado la represión de los cuerpos del estado, en medio de un estado de excepción instalado hace tres años y medio que ya reporta al menos 10 personas desaparecidas bajo esa medida de acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras.
Fue en medio de esta estrategia de miedo y polarización que se asesinó al líder ecologista y promotor de la palabra y la fe católica, Juan López, cuyo crimen sigue impune, con algunas capturas como presuntos responsables materiales pero sin dar con los autores intelectuales que ordenaron apretar el gatillo contra su persona. Su crimen ocurrió el 14 de septiembre de 2024.
Los estados de excepción son uno de los mecanismos que caracteriza a los regímenes autoritarios o que avanzan hacia la deriva del autoritarismo como parte de sus estrategias de miedo hacia la ciudadanía para controlar las calles e impedir las protestas públicas, afirman los expertos en analizar las características de los autoritarismos y las autocracias.
Intimidaron, pero no pudieron
Creado para “controlar” el avance del delito de la extorsión en el país, que más bien se ha expandido en al menos 8 departamentos, el estado de excepción ha sido una de las estrategias de seguridad que busca instalar sutilmente la figura del miedo en la ciudadanía para no enfrentarse a la autoridad y confrontar las políticas que estima son erróneas para el país. Su vigencia que se anunció sería eventual, se ha prolongado a lo largo de los últimos tres años y medio de forma ilegal porque amerita ser ratificado en el Congreso Nacional, algo que no ha ocurrido.
No obstante, frente a la instalación de los miedos: a la autoridad, al sector de justicia, a otras personas, a la violencia contra la mujer, al estado de excepción y otros, el 16 de agosto la ciudadanía se volcó a las calles para arrebatar al gobierno y al partido en el poder un derecho que les estaba siendo conculcado: el derecho a la protesta y al uso de la calle como parte del espacio público.
Una caminata como parte de una jornada de oración por la paz y la democracia en Honduras convocada por las iglesias Católica y Evangélica, rompió el miedo a la calle. La caminata se realizó en las 18 cabeceras de igual número de departamentos del país mas 50 ciudades, y otras metrópolis en el extranjero. La convocatoria rompió las expectativas de sus organizadores que previo a la misma desafiaron la furia del poder en el gobierno.
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Desde el oficialismo se inició una campaña de desprestigio y estigmatización contra la iglesia y sus principales líderes; las presiones llegaron a gestionar reuniones con emisarios para tratar de impedir su realización, mientras en algunos de los principales puentes capitalinos aparecieron colgadas pancartas con los rostros de los líderes de la iglesia Católica y Evangélica con leyendas en donde se les acusaba de “traficantes de la fe”.
En tanto, funcionarios públicos, diputados del oficialismo, la candidata presidencial de Libre, el coordinador del partido, los medios gubernamentales y la propia presidenta Castro no desperdiciaban espacios públicos en medios e inauguraciones de obras para atacar a las iglesias, condenar la caminata y llamarlos “lobos rapaces” de “sepulcros blanqueados”.
Recuperaron las calles, denunciaron al General
La caminata de las iglesias, la primera de su índole desde el retorno a la democracia en más de cuatro décadas concitó el interés y apoyo ciudadano que envió un potente mensaje a la nación y a los liderazgos políticos por una Honduras en paz, en democracia y un llamado al voto de forma pacífica y transparente. El gobierno de Libertad y Refundación hizo lo que nadie había logrado en décadas: unir a las iglesias y corroborar lo que indican los sondeos al respecto, al ubicarlas como las organizaciones de mayor credibilidad y confianza entre los hondureños.
La masiva convocatoria de las iglesias que intentó ser minimizada por el oficialismo, quitó a Libertad y Refundación junto a su gobierno, la autoría de ser los dueños de la calle, y, los mensajes de miedo e intimidación que precedieron a la caminata, no pudieron calar entre la ciudadanía cristiana y laica que se volcó a demandar por la democracia, la paz y las elecciones libres y transparentes en Honduras.
Otra demostración de que el espacio público y las calles no son del oficialismo la dio el gremio de las enfermeras y enfermeros que por más de tres semanas mantuvieron paralizado el sistema de salud con sus asambleas informativas y sus jornadas de protesta que tuvieron como escenario las calles.
Este gremio no dudó en llevar sus protestas a las tomas de carreteras en diversos puntos del país, rompiendo el miedo y haciendo prevalecer el legítimo reclamo a la protesta y a la manifestación pública que les concede la Constitución como parte de los derechos que conforman el espacio cívico. Las calles volvían a ser públicas, de los ciudadanos y no del oficialismo, el partido en el poder y sus colectivos.
Pero la defensa por el espacio cívico que constituye la libertad de expresión, de asociación y reunión en forma pacífica, acceso a la información y participación ciudadana en la vida pública, la ha encabezado también la prensa y los medios de comunicación. La prensa ha salido al frente ante campañas de estigmatización y descrédito gestadas desde el poder en el oficialismo que ha tenido en las fuerzas armadas de Honduras su principal punta de lanza.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, en declaraciones públicas y desde los medios públicos que tiene esa institución castrense, ha atacado a los periodistas, les ha denominado “sicarios de la información”, de estar coludidos con el crimen organizado y de querer dañar a la institución por sus incómodas preguntas por lo sucedido en los comicios primarios del 9 de marzo donde fallaron en su responsabilidad de la custodia de las maletas electorales como una de las funciones que les otorga la Constitución.
Hoy el general Hernández enfrenta tres denuncias ante el Ministerio Público entabladas por periodistas en acompañamiento con organizaciones de prensa por amenazas a la libertad de expresión, agresión, intimidación y poner en riesgo su integridad física. Es la primera vez que se denuncia directamente a un alto jerarca militar en los últimos tiempos. El general junto a varios funcionarios gubernamentales encabeza la estrategia de amenazas a la prensa y la libertad de expresión, además de a otros actores que conforman el espacio cívico. No obstante, estas dinámicas que vive el país en pleno proceso electoral, bajo un estado de excepción y alta polarización y violencia política, no ha podido apagar la batalla por la defensa de la democracia y el espacio cívico.
Los miedos que caracterizan a los hondureños por diversos motivos a lo largo de estas cuatro décadas no han logrado, por ahora, quitar el derecho a la calle y a otros espacios públicos que tienen los hondureños, entre ellos el de ir a votar, a elegir autoridades y a demandar que se haga en paz, con transparencia y en condiciones de igualdad. La defensa por la democracia se encuentra en la franja de avanzar hacia el fortalecimiento de la democracia o hacia una deriva autoritaria de consecuencias insospechadas. El desafío se centra en vencer los miedos. (PD).
